Fueron suspendidos 500 tras las medidas de fuerza de los trabajadores en los establecimientos de Santa Fe y Bahía Blanca.

Las plantas de Cargill de la localidad de Villa Gobernador Gálvez, en el sur de Santa Fe, y de Bahía Blanca, en el sur bonaerense, amanecieron hoy con las puertas cerradas.

La multinacional suspendió a 500 trabajadores debido a un conflicto que mantiene con los trabajadores por 44 despidos efectuados a comienzos de año.

Desde la empresa emitieron un comunicado en el que aseguran que “la prioridad es la seguridad del personal, de las operaciones y de las comunidades en las que estamos presentes, y en virtud de los paros no programados que se suceden de forma frecuente e intermitente en distintas áreas de trabajo, que nos impiden operar en condiciones seguras, es que nos vemos obligados a tomar ésta decisión”.

Este viernes, cuando los empleados intentaron ingresar a trabajar, se lo impidieron treinta uniformados que descendieron de una combi de Gendarmería Nacional.

“Nos encontramos de manera violenta y sorpresiva con los gendarmes y una nota que daba aviso de que estamos todos suspendidos hasta el diez de abril, debido a las medidas sorpresivas que estábamos haciendo”, dijo a Télam el delegado gremial de aceiteros de Rosario, Marco Pozzi.

El gremialista detalló que los apoderados de la empresa consideran que no es seguro operar de esa manera porque puede ocurrir una tragedia, “y por ende nos suspenden hasta el diez de abril”.

No obstante, Pozzi subrayó que “jamás se rompió un equipo en una medida de fuerza, no dejamos de ver que éste es nuestro trabajo y no nos sirve romper los aparatos”.

Además, el sindicalista precisó que al momento de detener la producción, se encontraban cuarenta camiones en la planta aguardando para realizar sus cargas, pero fueron trasladados a sus respectivos puertos por personal de seguridad.

En la misma línea, los apoderados advierten que se encuentran “haciendo las denuncias y presentaciones pertinentes ante las autoridades laborales y organismos de control”.

En ese marco, los trabajadores se reunieron en asamblea para notificar las suspensiones en la totalidad de la planta, y resolvieron asesorarse legalmente para realizar las denuncias correspondientes, ya que entienden que las medidas de la empresa “rozan lo ilegal”.

El conflicto en Cargill se originó a principios de año cuando 33 operarios fueron despedidos, y desde entonces se iniciaron medidas de fuerza exigiendo la reincorporación de los empleados con un acampe en las puertas de la planta, que ahora se encuentra totalmente paralizada.