En el marco de una profunda reestructuración de las fuerzas de seguridad que trabajan en la residencia presidencial, que implicó la salida de cuarenta militares, este sábado el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva anunció la destitución del comandante del Ejército, Júlio César de Arruda.

Por el momento, y a casi dos semanas del intento de golpe de Estado bolsonarista, se trata de la autoridad con más alto rango en ser desplazada y se anuncia un día antes del arribo del presidente brasileño a la Argentina para participar de la VII Cumbre de la CELAC.

Arruda había asumido el cargo interinamente en diciembre, días antes del fin del gobierno de Jair Bolsonaro, y fue confirmado por la administración de Lula que asumió el 1° de enero.

Será reemplazado por el comandante militar del sureste, general Tomás Miguel Ribeiro Paiva, quien en un acto militar en Sao Paulo el último miércoles sostuvo que los miembros de FFAA “continuarán garantizando la democracia” y que el presidencial “es el régimen del pueblo, de alternancia de poder. Es el voto. Y cuando votamos, tenemos que respetar el resultado de las urnas”.

El 8 de enero, una semana después de la asunción de Lula, miles de personas ingresaron violentamente y saquearon los edificios del Congreso, el Palacio de Planalto (Poder Ejecutivo) y el Supremo Tribunal de Justicia en Brasilia.

Además de expresar su rechazo ante los resultados de la elección, que Lula ganó por muy estrecho margen, los manifestantes demandaron la intervención de las fuerzas armadas para derrocar al gobierno constitucional.

“Quien hizo esto será encontrado y castigado. La democracia garantiza el derecho a la libre expresión, pero también exige que las personas respeten las instituciones. No hay precedente en la historia del país de lo que hicieron hoy. Por eso deben ser castigados”, sostuvo Lula Da Silva.

Luego de los acontecimientos, se registraron 1.459 detenidos, entre los que se encontraban 45 candidatos bolsonaristas a cargos públicos en la última década, y la Corte Suprema decretó la prisión preventiva por tiempo indefinido a 140 de ellos.

Como parte de la reestructuración de las fuerzas armadas y de seguridad, el mandatario brasileño cesó esta semana a los 27 superintendentes regionales de la Policía Federal de Carreteras y a 18 de la Policía Federal.

Además, este miércoles la Justicia Federal ordenó bloquear el patrimonio de 52 personas y siete empresas sospechosas de financiar el intento de golpe de Estado, incluido los colectivos que llevaron a los manifestantes hasta los edificios gubernamentales.

En un video publicado en redes sociales, Bolsonaro se refirió a los acontecimientos de hace dos semanas: “Lamento lo que pasó el día 8, algo increíble, pero en mi gobierno la gente aprendió lo que es la política, conoció los poderes, empezó a valorar la libertad”, aseguró.

Su exministro de Justicia de su administración, Anderson Torres, fue detenido el sábado pasado en el aeropuerto internacional de Brasilia porque, al ocupar ahora el cargo de secretario de Seguridad del gobierno del Distrito Federal, era el máximo responsable de garantizar la integridad de los edificios públicos que fueron tomados.