Por Santiago Montiveros (Enviado especial de Memo)
Este domingo, más de 15 millones de chilenos estarán habilitados para participar del Plebiscito de Salida en alguno de los 2.914 locales de votación distribuidos desde Arica hasta Punta Arenas, donde votará el presidente Gabriel Boric, antes de regresar a Santiago para cerrar el día en La Moneda.
Será la culminación de un proceso de reforma de la Constitución exigido por el 78% de los chilenos en octubre de 2020, pero que ahora podría ser rechazado.
Justamente, para empezar a profundizar en la consulta que se desarrollará este domingo hay que señalar que ese caudal de apoyos se explica en que no era obligatorio votar, y sólo lo hizo la mitad de la población. En cambio, hoy el sufragio es obligatorio.
Asimismo, muchos de aquellos que querían una nueva Constitución que reemplazara a la sancionada por Augusto Pinochet en 1980, se fueron desencantando a medida que los 154 convencionales constituyentes fueron redactando la nueva Carta Magna.
Así, las encuestas que circulan entre los periodistas chilenos y a las que accedió este diario anticipan que un 60% se inclinaría por el rechazo a la trabajada reforma.
De todas maneras, los partidarios del “Apruebo” ven una posibilidad de revertir los sondeos previos al Plebiscito de Salida de este domingo y apuntan a contrarrestar ese resultado con un incremento sustancial de votantes: si bien es obligatorio el sufragio, no todos concurrirán a las urnas y los partidarios de la nueva Constitución confían en que, mientras más gente vote, mayores serán las posibilidades de triunfo.
Los puntos más polémicos
De acuerdo con el texto constitucional que se votará, el poder del Presidente podría verse sensiblemente afectado. Si bien se redujeron los requisitos para tener quorum y esto permitirá a un jefe de Estado impulsar reformas sin amplios consensos, la diversidad de partidos en Chile hace más probable que esto no ocurra y que, al revés, las oposiciones compliquen fácilmente la gestión del Gobierno de turno.
También se crean entidades con autonomía “política, territorial y financiera” que complicarían el control efectivo del territorio y el despliegue de políticas públicas en todo el país. A esto hay que sumarle los cambios de la plurinacionalidad y la exigencia de “consentimiento indígena para todas las materias que afecten los derechos contenidos en la Constitución”.
La representatividad indígena es otro de los puntos en conflicto: según la nueva norma que se votará, habrá que garantizarle en el Congreso una determinada cantidad de bancas proporcional al porcentaje de habitantes de esas comunidades.
A esto hay que añadir que se establecen escaños reservados en “los órganos colegiados de representación a nivel nacional, regional y comunal, cuando corresponda y en proporción a su población dentro del territorio electoral respectivo”, lo que es visto como una “sobrerrepresentación“, como pasa con algunas provincias argentinas que tienen un mínimo de cinco diputados nacionales cuando apenas superan los 100.000 habitantes.
Asimismo, el texto constitucional crea un Consejo de la Justicia similar al Consejo de la Magistratura de Argentina, pero con amplísimas atribuciones. Además, su integración y la forma de elegir a sus integrantes han sido también uno de los aspectos más discutidos del texto.
Según algunos medios locales, los “riesgos” de este Consejo de la Justicia son casi los mismos que se repiten al hablar de su similar trasandino: “Riesgo de captura política, corporativismo y, en fin, de afectación de la independencia judicial“. Esto “ha sido reiteradamente planteado por los más diversos especialistas. Solucionar sus problemas no pasaría por aumentar el número de uno o más de sus integrantes, sean o no jueces, sino que sería su propia estructura y amplísimas atribuciones lo que genera mayor controversia”, advirtió un diario capitalino.
La lista de puntos controvertidos incluidos en la reforma constitucional es larga y, si hay que priorizar algunos, se pueden mencionar los Sistemas de Justicia de Indígenas, que “coexisten en un plano de igualdad con el Sistema Nacional de Justicia”, cuyos alcances e impacto son impredecibles según sus críticos. O el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, que en Chile pretenden garantizarlo vía Constitución.
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El día después
Ante cualquier escenario -victoria del “Apruebo” o del “Rechazo”- es prácticamente un hecho que Boric renovará parte de su gabinete, que tiene una veintena de ministros. El punto de discusión es el momento: si se rechaza el nuevo texto constitucional esto se aceleraría, aunque se esperaría que pase el 11 de septiembre, día en el que se recuerda el último golpe de Estado.
Ahora bien, si gana el “Apruebo” los impulsores de las reformas se comprometieron a rever algunos puntos controvertidos a la hora de implementar la nueva Carta Magna. Al menos así lo plantearon para ampliar la base de votantes. Es decir que, “a priori”, no se aplicaría tal cual quedó redactada.
Y en caso de que se imponga el “Rechazo”, hay consenso entre distintos partidos para empezar un nuevo proceso de reforma amparados también en la reducción de quorum en el Parlamento: para declarar la necesidad de reforma e insistir con la actual ya no serían necesarios dos tercios sino cuatro séptimos.