La Justicia de Perú aprobó la solicitud de prisión preventiva en contra del destituido presidente Pedro Castillo en una causa por el delito de rebelión y por un lapso de 18 meses.
De esta manera avaló el pedido del Ministerio Público al considerar que Castillo tiene varias investigaciones abiertas y por la gravedad de los presuntos delitos que, a juicio del magistrado, aumentarían el peligro de fuga.
Durante la audiencia, la defensa del destituido presidente dijo que apelaría el fallo mientras el Ejecutico que conduce Dina Boluarte decretó el estado de sitio en todo el país por los enfrentamientos entre manifestantes que reclaman la restitución en el cargo de Castillo y las fuerzas de seguridad, lo que ya dejó un saldo de 18 muertos.
En el caso del exprimer ministro, Aníbal Torres, la Justicia ordenó que no se ausente del lugar en que reside sin la autorización judicial.
El destituido primer mandatario intentó revertir la detención preliminar de una semana antes de que culminara el miércoles, pero el martes la Corte Suprema rechazó el recurso de apelación presentado por su defensa.
En esa audiencia, Castillo negó los cargos que se le imputan. “Nunca cometí ningún delito de conspiración ni rebelión”, aseguró, y expresó: “Estoy injusta y arbitrariamente detenido, no estoy por ladrón, por violador ni corrupto ni matón”.
Delito de rebelión. Castillo fue detenido la semana pasada tras ser destituido por el Congreso, luego de su intento fallido de disolver el Parlamento y el establecimiento de un gobierno de excepción. Desde entonces es investigado por el delito de rebelión.
El juez César San Martín, quien preside la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, que negó el recurso de apelación para revertir la detención preliminar, explicó que, si bien no se llegó a un alzamiento en armas —según la perspectiva típica del delito de rebelión—, es “imperante” que Castillo anuncia sus intenciones de cerrar el Congreso, así como intervenir las instituciones del sistema de Justicia.
Además, dijo que “al instaurar un gobierno de emergencia excepcional quería alterar el ordenamiento constitucional y la paz pública”.