Sólo un necio o alguien que estuviera aquejado por una ceguera aguda podría no percibir, en toda su dimensión, cuál es la estrategia del kirchnerismo para lo que resta del año en curso y para el siguiente. Más allá de que, por una elemental razón de sobrevivencia, el oficialismo nunca haría público su plan de acción, la consigna es llegar a como dé lugar a los comicios presidenciales de agosto y octubre de 2023. La clave del asunto reside en el significado de “a como dé lugar”. Sucede que tanto Cristina Fernández como Sergio Massa son conscientes de que el resultado de las urnas les será desfavorable y que, por tanto, su futuro político, después de la derrota que sufrirán, dependerá de que puedan asegurarse dos cosas: por un lado, evitar la devaluación que no pocos dan por descontada, cuyos efectos sociales, si acaso no pudiesen sortearla, serían devastadores; por el otro, dejarle soterrada a la administración que los sucederá una bomba de tiempo de dimensiones colosales.

En el intento —de resultado incierto, de más está decirlo— la nomenclatura K se halla dispuesta a llevar el nivel de enfrentamiento que afecta a la clase política y a buena parte de la sociedad argentina, hasta límites desconocidos. Parece claro, a esta altura del partido, que el ensanchamiento de la grieta no le preocupa. Por el contrario, forma parte de su libreto. De lo
contrario, sería poco menos que imposible encontrar una explicación, medianamente racional,
para explicar los pasos que han dado la vicepresidente y sus principales acólitos en las últimas
semanas. En términos de redoblar la apuesta e ‘ir por todo’, el kirchnerismo dio sobradas muestras, durante décadas, de que no le tiembla el pulso. Tampoco parecen interesarle demasiado las
consecuencias que pueda acarrear tamaña desmesura.

La decisión del bloque mayoritario de la cámara alta del Congreso Nacional —que responde en cuerpo y alma a la viuda de Kirchner— de desconocer un fallo de la Corte Suprema de Justicia, y plantear así un conflicto de poderes, no le pasó desapercibida a unos pocos —interesados en la cosa pública— pero no le movió un pelo a la gran mayoría del país. Dos semanas después de aquel avance —que lleva el propósito inconfesado de asumir el control del Consejo de la Magistratura— la vicepresidente volvió a la carga e instruyó a la titular de la Cámara de Diputados para que hiciese volar por los aires el consenso mínimo que permite que ese cuerpo funcione. En el campo económico la noticia tuvo la misma importancia que el hallazgo de una carta, escrita hace cien años y metida dentro de una botella, que el mar devolvió a una ignota playa bonaerense.

El afán que mueve al oficialismo —aunque parezca contradictorio con el clima de tranquilidad que en teoría deberían anhelar los mercados en estos momentos— es el de multiplicar los conflictos en todos los frentes. Tanto mejor si consiguen ganar posiciones en cualquiera de las batallas en las que se encuentran empeñados. Pero aun si fuesen derrotados —que es lo más probable— de todas maneras habrían logrado cuanto se han propuesto, al menos en parte. Esto merece una aclaración. Para lo cual conviene ir por partes.

Si bien se mira, la ofensiva ensayada a expensas del máximo tribunal de la República, del Consejo de la Magistratura, de los jueces que —en distintas instancias— tienen el manejo de las causas por corrupción abiertas contra Cristina Fernández, y de los principales medios de difusión de la capital federal, no tendrá un final feliz para el kirchnerismo. A los ministros de la Corte no está en capacidad de removerlos como en su oportunidad hizo el santacruceño, fundador de la dinastía que lleva su apellido, durante su presidencia. Sumar una mayoría que orillase los dos tercios en el citado Consejo —lo cual le permitiría nombrar y remover magistrados a su antojo— es una ilusión que ni el más optimista de sus seguidores alimentaria. En cuanto a los jueces que conforman el Tribunal Oral Federal que viene de expedirse en la causa Vialidad, el fallo recién conocido nos exime de mayores comentarios. Y respecto de los diarios, radios y canales abiertos y de cable a los que la vicepresidente ha acusado de perseguirla, seguirán informando sin que las tronitonantes amenazas gubernamentales les hagan mella.

Pero entonces, si sabe que perderá, ¿cuál es el rédito que espera conseguir? La suya es una jugada en extremo riesgosa que apuesta a que las turbulencias institucionales no afecten de manera terminal a la prestidigitación económica llevada a cabo por Sergio Massa. La movida contra las instituciones republicanas no tiene otro fin que ensanchar la grieta e intentar —de tal forma— desprestigiar a ‘los tribunales del lawfare’, para decirlo en términos caros al kirchnerismo. En paralelo, la magia del titular de la cartera de Hacienda reside en hacer ilusionismo al por mayor y así llegar a octubre. De su ancha galera de mago acaba de sacar un nuevo conejo. Se trata del acuerdo firmado con los Estados Unidos que, si bien ha sido vendido como una suerte de panacea que le reportara al fisco una millonada de dólares, dependerá de qué tanto los argentinos que tengan depósitos en el país del norte y no los hayan declarado en el blanqueo anterior, se asusten y decidan ingresar en el que se abrirá en enero. Massa vende la noticia como si hubiera descubierto la pólvora y el proceso fuese lineal y fácil. Nada de eso es cierto. El mecanismo puede funcionar no en razón de los datos que pueda aportarle Norteamérica al gobierno argentino, sino en virtud del miedo a ser descubiertos de quienes en su momento creyeron que tener sus dólares en Miami, Delaware o Chicago era seguro.

Si el plan kirchnerista prosperase, le dejaría un mecanismo de relojería a punto de estallar a quien se sentase en el sillón de Rivadavia, en medio de una situación institucional caótica. En otras latitudes, imaginar siquiera una apuesta de semejante naturaleza sería impensable. Sin embargo, en estas playas la lógica de las cosas es muy particular. De hecho, hasta el momento, el acoso a la Justicia y a los medios, unidos al quiebre de la confianza parlamentaria y a la desfachatez demostrada por el oficialismo en el tema de los planes sociales truchos, el homenaje a Ginés González García —con 330.000 muertos por la pandemia— y la negativa a dar a conocer los pormenores de los pagos efectuados a Sputnik, AstraZeneca y otras empresas del rubro, demuestran que la disociación entre la economía y la política resulta posible.

Hasta aquí el plan no escrito del kirchnerismo. Si en la política o en la vida sólo moviesen en un tablero las blancas o las negras, las cosas lucirían más claras para el Frente de Todos. Pero sucede que la oposición —a pesar de la falta de reflejos y la flojera que ha demostrado Juntos por el Cambio a la hora de actuar— no está dibujada ni es de madera. Por ahora se rasgan las vestiduras y acusan al kirchnerismo de querer llevarse puestas las instituciones de la República. No hay más que escucharlos hablar a los principales referentes de los tres partidos que se agrupan bajo el mismo techo, para darse cuenta de que, o bien no tienen idea de lo que heredarán —cosa que parece improbable, porque hasta el más tonto de los mortales se daría cuenta de ello—, o bien no se animan a patear el tablero, o bien consideran que aún no ha llegado el momento de anunciar que el próximo gobierno no tolerará este grado de endeudamiento en pesos. Si osase dar ese paso en marzo o abril, es probable que el gobierno, ante la reacción que produciría en los mercados el anuncio opositor, se viese obligado a devaluar o a sufrir una corrida que lo dejaría desecho. Nada es seguro. Todo se halla sujeto a los imponderables que pueden cruzarse en nuestro camino y a la deriva que lleve la economía y la política en los meses por venir