Los fiscales generales de los estados de Misuri y Luisiana, Eric Schmitt y Jeff Landry, respectivamente, afirman que el gobierno de Estados Unidos y las empresas de redes sociales se coordinan para censurar y limitar la libertad de expresión.
Un comunicado indica que ambas fiscalías presentaron el pasado mes de mayo una “demanda histórica”, con el fin de exponer cómo presuntamente altos funcionarios de la Administración Biden se confabulan con las redes sociales para censurar la libre expresión en dichas plataformas en relación con una serie de temas, incluido el covid-19.
Dos meses después ganaron el caso y un tribunal exigió al Ejecutivo que entregara los mensajes cursados entre los funcionarios denunciados y las compañías de ese sector.
“Ya hemos recibido una serie de documentos que prueban claramente que el gobierno federal tiene una relación incestuosa con las empresas de redes sociales y se coordina claramente con ellas para censurar la libertad de expresión”, aseveró el fiscal de Misuri.
Asimismo, dijo que todavía no han terminado con su investigación porque el Departamento de Justicia “se esconde” detrás del privilegio ejecutivo y se ha negado a entregar cierta información, motivo por el que este miércoles solicitaron a la corte que obligue al mencionado departamento a suministrarla.
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“Meta, por ejemplo, ha revelado que al menos 32 funcionarios federales, incluidos altos funcionarios de la FDA [Administración de Alimentos y Medicamentos], la Comisión de Asistencia Electoral de EE.UU. y la Casa Blanca, se han comunicado con Meta en relación con la moderación de contenidos en sus plataformas”, continuó, detallando que YouTube y Twitter actuaron de forma parecida.
En este sentido, señaló que según la documentación proporcionada hasta ahora, esta operación de censura “es extremadamente amplia” ya que también implica a funcionarios del FBI y de los departamento de Estado y del Tesoro, entre otras agencias oficiales, “y llega a los niveles más altos del gobierno de EEUU”.
“Se desconoce el alcance total de la colusión de los funcionarios federales con las empresas de redes sociales sobre la censura, hasta que el Departamento de Justicia proporcione más mensajes requeridos por Misuri y Luisiana”, concluye el comunicado.