El republicano Donald Trump se convirtió en el primer expresidente de Estados Unidos formalmente acusado de un delito en la historia de ese país, acusado de pagarle a la actriz porno Stormy Daniels para que no hablara dutante la campaña electoral de 2016 que lo llevó a la Casa Blanca sobre la relación extramatrimonial que mantuvieron.
Trump, de 76 años, fue investigado en el estado de Nueva York por un pago de 130.000 dólares. El fiscal Bragg, un demócrata elegido para este cargo por votación popular, formó el gran jurado en enero luego de una investigación sobre el pago a Daniels hace más de siete años, realizado semanas antes de las elecciones de 2016, que ganó Trump. Las autoridades de Nueva York notificaron ya al abogado del líder republicano que el expresidente fue acusado.
Se espera que el fiscal de distrito, Alvin Bragg, a quien el exmandatario cuestionó severamente, negocie la aceptación del cargo con Trump y si este accede, será fichado como manda el protocolo, esto es, será fotografiado y sus huellas dactilares tomadas.
Los fiscales le habían ofrecido a Trump la oportunidad de testificar ante el Gran Jurado, que generalmente se extiende a los posibles acusados cuando una acusación es inminente. Sin embargo, Trump se negó, rechazó los cargos y atribuyó todo el proceso a una caza de brujas.
El exmandatario vinculó directamente la causa con sus pretensiones de volver a la Casa Blanca el año próximo.
“Los demócratas han mentido, engañado y robado en su obsesión por tratar de ‘atrapar a Trump’, pero ahora han hecho lo impensable: acusar a una persona completamente inocente en un acto de evidente interferencia electoral”, manifestó el magnate en su primera reacción pública sobre el fallo del tribunal neoyorkino.
Por su parte, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, un probable rival de Trump en la interna republicana de 2024, afirmó que su estado, donde está ubicada la residencia del magnate, Mar-a-Lago, no ayudará en caso de una solicitud de extradición para el expresidente por parte del estado de Nueva York.
“El uso como arma del sistema jurídico para promover una agenda política pone patas arriba el Estado de Derecho. Es antiestadounidense”, escribió DeSantis en sus redes sociales.