La Policía de Brasil detuvo al menos a 1.200 manifestantes bolsonaristas al desmantelar este lunes el campamento instalado por adherentes del expresidente Jair Bolsonaro frente al cuartel general del Ejército, tras una orden emitida por el ministro del Supremo Tribunal Federal de Brasil (STF), Alexandre de Moraes, luego del asalto a la sede de los tres poderes del Estado ocurrido ayer en Brasilia, la capital del país.
El ministro del STF prohibió además, y hasta finales de enero, la entrada de camiones o micros con manifestantes en el Distrito Federal de Brasil y liberar todas las rutas, los edificios públicos estatales y federales en todo el territorio del país.
De Moraes es el mismo juez que ya había apartado de su cargo al gobernador bolsonarista del Distrito Federal de Brasilia, Ibaneis Rocha, por 90 días, tras el asalto de miles de ultraderechistas a las sedes de los tres poderes con el fin de generar una conmoción social e intentar derrocar al flamante presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, quien sucedió a Bolsonaro el pasado 1° de enero.
El pasado domingo, miles de bolsonaristas que se niegan a aceptar la derrota de su líder en las últimas elecciones presidenciales invadieron las sedes del Congreso Nacional, la Presidencia y la corte suprema, reclamando una intervención militar para derrocar al Gobierno electo que asumió sus funciones el 1 de enero.
De Moraes, que atendió un pedido de aliados de Lula, indicó que “la escalada violenta” contra la sede de los tres poderes del Estado “solo podía ocurrir con la anuencia, y hasta la participación efectiva”, de las autoridades competentes para la seguridad pública y de inteligencia.
Desde EEUU, Bolsonaro condenó los violentos disturbios en Brasilia y negó ser responsable.
“Las manifestaciones pacíficas, dentro de la ley, son parte de la democracia. Sin embargo, las depredaciones e invasiones de edificios públicos como las ocurridas hoy, así como las practicadas por la izquierda en 2013 y 2017, escapan a la regla”, escribió el exmandatario en su cuenta de Twitter.
Los destrozos en Brasilia
En el Palacio de Planalto, sede del gobierno federal, los daños incluyen patrimonio cultural difícilmente recuperable como diversas obras de arte y esculturas. Además, destrozaron mobiliario, ordenadores y ventanas.
Entre los espacios destrozados está la habitación que corresponde a la primera dama, Rosângela Lula da Silva., pero el despacho presidencial quedó intacto debido al refuerzo de la seguridad de las cerraduras y las puertas.
En el STF fue atacada la llamada Sala de los Bustos, que contaba con las esculturas de personalidades importantes del país, entre ellos los abolicionistas Rui Barbosa y Joaquim Nabuco. Asimismo, fue retirado el escudo de armas de la República y robada una réplica de la edición original de la Constitución.
Durante los actos vandálicos se pintó un grafiti en la escultura “Justicia” de Alfredo Ceschiatti y se robaron las sillas que los once ministros del STF utilizaban en los juicios.
Entre los objetos de valor histórico afectados se encuentra también una alfombra que, según información del STF, perteneció a la infanta Isabel, hija del emperador Pedro II de Brasil.