Horas antes de que Fernando Sabag Montiel gatillara dos veces su pistola Bersa 32 sobre la cabeza de la vicepresidenta Cristina Kirchner, el pasado jueves 1°, la custodia del expresidente Mauricio Macri radicó una denuncia ante la jueza federal de turno, María Eugenia Capuchetti, por una serie de amenazas de muerte en su contra.
La información fue revelada hoy por el diario La Nación, que cita a fuentes cercanas al exmandatario, y la entidad de los mensajes, algunos de ellos a través de redes sociales, fue suficiente para que los encargados de la seguridad se presentaran en los tribunales.
El equipo de seguridad de Macri puso en conocimiento de la Justicia la amenaza de un usuario de Twitter que fue publicada a finales de agosto. “¿Cuánto me pagan por ir a matar a Macri y a la mierda que lo rodea?”, escribió @Luisanfer2442. La cuenta ya fue cancelada.
La dirección General de Seguridad Presidencial y Protección del Estado de la Superintendencia de Seguridad y Custodia detectó la amenaza y decidió realizar una presentación ante la División de Delitos Constitucionales de la Policía Federal, la que se hizo a las 16 de aquel día, varias horas antes de que Sabag Montiel intentara atacar a CFK cuando llegaba a su casa en el barrio de Recoleta.
Al tomar conocimiento de la amenaza contra Macri, desde el juzgado de Capuchetti procedieron al inicio de actuaciones sumariales, se ordenó la elaboración de un “informe de la cuenta amenazante”, y se dispuso el análisis y disposición de nuevas medidas.
La cuenta @Luisanfer2442 pertenecía al usuario identificado como Luis Fernández, que indicaba como lugar de residencia la ciudad de Las Heras, en Santa Cruz, con fecha de nacimiento el 10 de septiembre de 1972.
En el perfil de Twitter de Fernández se podía leer: “Las islas Malvinas son argentinas. Jamás entregar un centímetro de nuestro suelo. Por Malvinas, siempre”, y al momento de lanzar la amenaza, registraba 48 seguidores y seguía a 358 cuentas.
En la red social circulan capturas de imágenes de antiguos tuits del mismo usuario en los que habría lanzado amenazas también contra el fiscal Diego Luciani, que pidió 12 años de prisión contra la titular del Senado en la causa Vialidad.
Tras el ataque a Cristina Kirchner, el Gobierno comenzó a rever el sistema de custodia que alcanza al Presidente, ministros, y expresidentes, a cargo del ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, y de la Federal.
A fines de 2020, el gobierno mantuvo un conflicto con Macri respecto de su seguridad cuando desde el entorno del exmandatario denunciaron la reducción de personal y de recursos. De hecho, fue la exministra de Seguridad Patricia Bullrich quien salió a cuestionar a la gestión de Alberto Fernández por ese hecho.
Entonces Bullrich expuso “llamativos desmanejos” en la custodia del exmandatario luego de que le retuvieran la camioneta Toyota SW4 blindada que usaba para trasladarse.
Además, la presidenta de Pro denunció que hubo una sanción para los efectivos que no respaldaron esa decisión.
Desde el Gobierno se minimizó el hecho y se limitaron a responder que solo se había cambiado un vehículo.