Las reacciones dentro de Juntos por el Cambio por el anuncio del presidente Alberto Fernández de acatar el fallo de la Corte Suprema en favor de la Ciudad sobre los fondos coparticipables fueron disímiles, como lo es la situación interna del principal bloque opositor.

Mientras la titular del PRO, Patricia Bullrich, consideró un triunfo la marcha atrás del Gobierno para acatar la orden de la Corte, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, rechazó la validez de que el Ejecutivo accediera a traspasar el dinero con bonos a 90 días.

La Casa Rosada aduce que el pago no estaba presupuestado oficialmente y que no tiene plata para pagar. Según Alberto Fernández, “los únicos recursos disponibles del ejercicio 2022″ para transferir ” y los transfiera a una cuenta del Banco Nación a nombre del GCBA. Se utilizarán “son bonos TX31” que “ya fueron aceptados por la Corte para atender la deuda del Estado Nacional con la Provincia de Santa Fe”.

“Siendo así, no habría lesión al derecho concedido a la CABA, a menos que el tribunal crea que existen ciudades de primera y provincias de segunda”, advirtió ante la posibilidad de que sean rechazados por las autoridades porteñas.

Ante la Corte Suprema, la Procuración de la Ciudad reclamó que “se arbitren los medios necesarios” para el cumplimiento del fallo que ordena que se eleve de 1,4% a 2,95% del total de la masa coparticipable los fondos para la Capital Federal.

La Corte había dicho que las transferencias debían hacerse “de forma diaria y automática por el Banco de la Nación Argentina”.

“El Presidente hace todo a medias. Pagar con un bono a 90 días es seguir perjudicando a la gente. Gobiernen con seriedad”, se quejó a través de Twitter el ministro de Gobierno porteño, Jorge Macri.

Según Jorge Macri, solo “en épocas oscuras de la Argentina” se vio “un Poder Ejecutivo Nacional que dice que no va a seguir el camino institucional, que va a vulnerar la Constitución y desobedecer un fallo del Poder Judicial”.

Por su parte, Patricia Bullrich fue más efusiva: “¡Ganamos! El Gobierno no pudo romper el Estado de derecho de la Argentina. Suspendemos la denuncia por sedición mientras se mantengan dentro del Estado constitucional”, escribió.