La Cámara Federal porteña confirmó la validez de la pericia ordenada por el juez Bonadío en la causa por estafas con medicamentos. 

La Cámara Federal porteña acaba de confirmar la validez de una pericia en manos del juez federal Claudio Bonadío, donde se concluye la falsedad de troqueles de medicamentos oncológicos que habría usado la obra social de los camioneros (OSCHOCA) para gestionar el reembolso ante el Estado de tratamientos de alta complejidad supuestamente brindados a los afiliados.

La validez de la pericia fue confirmada hoy por la Cámara Federal, que rechazó un planteo del abogado de Hugo Moyano, el ex juez Daniel Llermanos, para impugnar este resultado y tornarlo inviable judicialmente.

Los reintegros fueron tramitados ante la Administración de Programas Especiales (APE) del ministerio de Salud de la Nación. La pericia se realizó sobre troqueles del medicamento oncológico “Erbitux 5 mg-ml por 20”, que resultaron ser falsos.

La pericia fue realizada en base a los lineamientos dados en una declaración testimonial por una experta en distribución de medicamentos, Maria Butti.

“Los agravios introducidos por el apelante contra ese testimonio no poseen entidad para afectar directamente la validez procesal de la orden de materializar el peritaje”, sostuvo la sala II de la Cámara.
Al rechazar el recurso, el tribunal aclaró que las partes involucradas en el sumario “conservan amplias potestades para discutir el resultado del peritaje o incluso pedir su reproducción”.

Los camaristas Horacio Cattani, Martín Irurzun y Eduardo Farah recordaron que “la negativa del juez a que la defensa asista a una declaración testimonial no genera un gravamen irreparable a la parte”, ya que el exponente puede volver a ser citado.

Los camaristas agregaron que “la pertinencia de la prueba y su calificación como necesaria a los fines de la investigación incumbe solo al juez de la causa” y consideraron que la nulidad planteada “aparece como una forma indirecta de convertir en recurrible una disposición que, por previsión legal, no lo es”.

En la causa se investiga si la obra social de los camioneros cobró reintegros indebidos de la Administración de Prestaciones Especiales (APE) del Ministerio de Salud por la provisión de medicamentos de alto costo para el tratamiento de enfermedades oncológicos o HIV.