Túnez, Argelia, Egipto, cada uno en su dimensión y proporción, dependen mayoritariamente del negocio de los hidrocarburos. Las revueltas y guerras en la zona alteraron el escenario geopolítico. Y no se puede prever un desenlace.

Por Gustavo Fiuma 

La preferencia por los contratos a largo plazo, otro de los ejes de la política de exportación de gas de Argelia, puede necesitar adaptarse a las nuevas condiciones del mercado de gas, que se encuentra cada vez más desacoplado del mercado del petróleo y afectado por el auge del gas no convencional en Estados Unidos y, tal vez en el futuro, en algunos países de la UE, como Polonia. Pero además, el desarrollo del mercado del GNL ha permitido a nuevos productores irrumpir en los mercados europeos de gas, aumentando la competencia y amenazando la cuota de mercado de Argelia. Todos estos vectores apuntan a una política de inflexibilidad en los precios pero de flexibilidad en las cantidades sin alterar la estrategia basada en los contratos a largo plazo. La actual situación político-social del país refuerza esta tendencia.

Respecto a las políticas de exportación, la llegada del nuevo gobierno egipcio puede alterar las preferencias tradicionales del país y reducir el porcentaje de reservas asignado, aunque a corto plazo ese riesgo parece afectar sobre todo a los precios estipulados con Israel y, en menor medida, Jordania. En el largo plazo, la oposición popular a aumentar la exportación de gas también puede afectar a la construcción de nuevas infraestructuras de exportación.

En el caso argelino, los ambiciosos objetivos de exportación de gas parecen más inalcanzables en presencia de presiones sociales en contra del descenso de los subsidios internos y de políticas de extracción más agresivas. Si estos países no consiguen mejorar la situación presupuestaria puede darse un estancamiento de sus niveles de producción y exportación, con el consiguiente perjuicio a largo plazo para su propio desarrollo económico y el abastecimiento de los importadores europeos.

Segundo vector de cambio: Subsidios y demanda doméstica. La ausencia de políticas de demanda se traduce en que el nivel de subsidio que recibe el consumo energético en varios países norafricanos es elevado, ya sea de manera directa o implícita mediante precios muy por debajo del costo de oportunidad. El ejemplo más claro lo constituye la subvención que reciben los combustibles fósiles: en Egipto, oscila entre el 75% al gasoil y el 12% a la nafta; en Argelia, entre el 75% al gasoil y el 40% a la nafta; en Libia, entre el 85% al gasoil y el 75% a la nafta; en Marruecos y Túnez el gasoil tiene una baja imposición, pero la nafta sí tiene un nivel impositivo relativamente elevado (71% en Túnez y 130% en Marruecos).

La electricidad y el gas registran precios artificialmente bajos en Egipto y Argelia, y el conjunto del sector está muy subvencionado, tanto en lo que respecta al consumo de los hogares como a determinadas industrias intensivas en energía. En Egipto, los subsidios al consumo de energía alcanzan el 9% del PBI, y en Argelia y Libia se sitúan en torno al 4% del PBI. Este nivel de subvención desincentivó la eficiencia y generó un fuerte aumento de la demanda interna, además de tener un costo presupuestario importante que se añade al de las subvenciones a los alimentos.

En el actual contexto de demandas sociales por parte de la población, la reducción de los subsidios, que Egipto planeaba llevar a cabo a finales de 2011 (doblando el precio del gas a los consumidores industriales), no parece factible y, por tanto, las políticas de demanda carecen de margen para moderar el crecimiento de la demanda interna.

El gobierno argelino ha proporcionado otro buen ejemplo de esto al anunciar en enero, con el inicio de las revueltas, que mantendría el subsidio de 7.000 millones de dólares al gas empleado para la generación eléctrica. El presupuesto del nuevo gobierno egipcio contempla un aumento del 30% en los subsidios a los combustibles respecto al del año anterior, hasta alcanzar los 16.600 millones de dólares, equivalente a la quinta parte del gasto público. Atender a las necesidades domésticas sin contar con margen de actuación sobre los subsidios al consumo reduce a corto plazo el espacio de la política energética egipcia. Pero sí habría margen para medidas de política energética que permitan una focalización (\”targeting\”) de los subsidios para que verdaderamente alivien la pobreza energética de los segmentos de la población más desfavorecidos del país.

Este es uno de los grandes retos de la política energética que afronta la región en los próximos años, especialmente en los países productores de hidrocarburos, pero también en algunos países consumidores, si bien en menor medida. En el caso de Egipto, los subsidios y bajos precios de la energía se suelen justificar socialmente, pero en realidad encubren intereses industriales y de las elites gobernantes. La \”vieja guardia\” del régimen se ha opuesto tradicionalmente a las reformas del sistema de precios al considerar que ello significaría una pérdida del poder del Estado para redistribuir rentas. Por otro lado, los empresarios afines al régimen de Mubarak han capturado las rentas de los subsidios para enriquecerse gracias a los bajos precios domésticos de la energía en sectores como el acero y la cerámica; este componente de economía política se aplica también al ejército, que tiene intereses importantes en la industria siderúrgica.

En Argelia la situación económica es más holgada. Los altos precios del crudo (y por tanto del gas en virtud de la indexación de los contratos) se han traducido en unas reservas de divisas superiores a los 160.000 millones de dólares a finales de 2010. Dada la baja capacidad de absorción de los ingresos por exportaciones de hidrocarburos de su economía, el país ha adoptado una política extremadamente prudente, colocando buena parte de esas divisas en activos muy seguros pero de rendimiento reducido, básicamente deuda estadounidense. En el nuevo contexto regional Argelia ha preferido dedicar parte de sus excedentes a calmar el malestar social con subas salariales y de los subsidios básicos.

La nueva situación política del Norte de África apunta a que la falta de determinación política para abordar la reducción de subsidios (o aumento de precios) energéticos al consumo doméstico puede intensificarse en el corto plazo. Al igual que ocurre con las políticas de extracción y exportación, la prioridad política ha pasado a ser la estabilidad, que implica la sostenibilidad de la reforma política en Egipto y la supervivencia del régimen en Argelia. Por tanto, en el corto plazo la evolución del consumo doméstico de gas en ambos países no podrá ser gestionada con políticas de demanda, básicamente mediante la necesaria reducción de subsidios al consumo de gas y electricidad.

Tercer vector de cambio: Libia tras el conflicto. Libia ha sido el primer gran exportador de crudo en que las revueltas de la región se han traducido en una interrupción duradera del suministro de hidrocarburos. Su relevancia en los mercados, especialmente europeos, es muy superior a su mera importancia volumétrica, como muestra que ante la pérdida del 1% de la producción mundial por la paralización de la producción libia, los mercados reaccionaran con un aumento de los precios cercano al 30%. La crisis desatada en Libia muestra no sólo que los regímenes petroleros no son inmunes a la ola de cambio que recorre la región, sino que en este tipo de países, a diferencia de lo que ocurre en economías más diversificadas y por tanto con estructuras de poder económico más difusas, puede degenerar en una violenta lucha por captar las rentas de los hidrocarburos.

Desde una perspectiva geoeconómica, la importancia del crudo libio (y argelino) reside básicamente en tres elementos: primero, en su cercanía a los mercados europeos, que reduce los costos y facilita la logística en relación a fuentes alternativas (el transporte desde el Golfo supone de 10 a 12 días más de navegación y atravesar el canal de Suez), si bien estos efectos tienden a diluirse en el largo plazo; segundo, los crudos libios (como los argelinos) son de alta calidad, ligeros y dulces (con bajo contenido en sulfuro), fáciles de procesar en refinerías sencillas, incapaces de refinar crudos pesados y amargos, y en ocasiones utilizados en mezcla para rebajar la densidad de crudos más pesados; por tanto, su pérdida es más difícil de gestionar que la de los crudos pesados, tanto por estas características como por el hecho de que el grueso de la capacidad ociosa mundial es de crudo pesado (en concreto, saudí).

La situación de Libia plantea una doble problemática. En primer lugar, el impacto sobre el equilibrio de fuerzas en conflicto en función de si los rebeldes son capaces de obtener ingresos a partir de los campos y terminales de exportación de crudo que controlan, y de si las partes disponen de combustible para mantener el esfuerzo bélico y abastecer a sus poblaciones de servicios básicos como gas, electricidad y agua. En segundo término, qué escenarios pueden manejarse de cara a la finalización del conflicto, sea cual sea su duración y resultado final; es decir, cómo preparar la etapa posterior al conflicto.

Respecto al problema del petróleo rebelde y ante la negativa inicial de la comunidad internacional a facilitar financiación al Consejo Nacional de la Transición (CNT), éste ha pretendido exportar el crudo que Agoco produce en los campos del Este del país, especialmente en el campo de Sarir, el mayor de Libia, y el de Mesla, unidos por un oleoducto a la terminal de Tobruk, desde donde se exporta. La producción de Agoco, una empresa subsidiaria con sede en Benghazi de la compañía nacional libia de petróleo, se hundió tras la salida de las compañías extranjeras del país, los ataques de las fuerzas de Muamar Gadafi a los campos bajo su control y la saturación de su capacidad de almacenamiento ante la imposibilidad de exportar.

Además de estos problemas, los rebeldes han debido superar varios obstáculos legales, puesto que el petróleo libio está sometido a embargo y pertenece a la compañía nacional, que podría denunciar los contratos concluidos con Agoco y, en caso de mantenerse Gadafi en el poder, tomar represalias contra las compañías que compren el crudo rebelde. El embargo también plantea dificultades para los pagos contractuales corrientes de las compañías internacionales a la compañía nacional libia, que se está resolviendo mediante depósitos en custodia.

Respecto al uso de los fondos del régimen libio bloqueados en bancos extranjeros, los rebeldes solicitaron que se les entregase al menos una parte de los mismos o que se les permitiese utilizarlos como aval para acceder a la financiación exterior. A principios de mayo, los aliados decidieron crear un fondo bajo supervisión del comité de sanciones de Naciones Unidas dotado con los dineros congelados al régimen libio para canalizar recursos financieros a los rebeldes. Por el momento, el Fondo Transitorio de Financiación se nutrirá de aportaciones voluntarias de países como Qatar, Kuwait, Francia, Italia y Turquía.

Desde una perspectiva estratégica, la gran cuestión es qué escenarios se abren en Libia de cara al futuro. Además del impacto inmediato que los hidrocarburos tienen sobre la correlación de fuerzas sobre el terreno, a largo plazo queda por ver la evolución de cuestiones tan relevantes como cuál será el resultado final del conflicto, quién se hará con el control de los recursos libios, en qué medida esos recursos podrán alcanzar los niveles de producción previos y ser exportados, y qué papel jugarán las compañías internacionales en su explotación. La evolución de todos estos aspectos es imposible de predecir, pero al menos pueden identificarse tentativamente algunos indicios que permitan acotar el grado de incertidumbre.

Respecto al resultado final del conflicto, todas las opciones permanecen abiertas: la partición, el derrocamiento del régimen o incluso una victoria de las fuerzas pro-Gadafi. El Grupo de Contacto ha mostrado su determinación en terminar con el régimen gadafista y muchos observadores han apuntado que la cuestión no está en el \”si\”, sino en el \”cuándo\”. En el escenario de victoria rebelde, no obstante, como en cualquier otro, el \”cuándo\” es importante, pero puede serlo más el \”cómo\”. Si la actual situación se prolonga en el tiempo, la producción libia seguirá fuera del mercado tanto por el impacto del propio conflicto sobre la capacidad de producción y exportación del país como por la distorsión de sus relaciones exteriores: el embargo al régimen de Gadafi le impide exportar; las dificultades legales afrontadas por el petróleo rebelde obstaculizan su salida al mercado. Si la situación se prolonga en el tiempo, el escenario de partición se hará más plausible.

Aunque es imposible aventurar la eventual demarcación entre zonas \”rebeldes\” y del \”régimen\”, la distribución de los recursos de hidrocarburos actual parece más beneficiosa para los rebeldes, que controlan buena parte de la cuenca de Sirte, donde se encuentran los principales campos del país que representaban cerca de las dos terceras partes de la producción libia, si bien la situación parece bastante cambiante y dichos campos han sido atacados repetidamente por las fuerzas de Gadafi y han cesado su producción. No obstante, éste mantiene el control de los campos del sudoeste y los campos offshore del oeste del país, donde operan varias compañías internacionales.

En caso de partición este-oeste, el CNT podría mantener los campos de petróleo de la cuenca de Sirte, las terminales orientales del país y los oleoductos que transportan el crudo de los primeros a las segundas. Gadafi podría conservar los campos de Murzuk y Al-Hamra, en el sudoeste, el oleoducto que transporta su crudo hacia la terminal de Zawia, la propia terminal y los campos offshore situados frente a Trípoli. Eso dejaría el grueso de las reservas y la producción libia, y la mayor parte de sus infraestructuras de exportación en manos del CNT.

En consecuencia, bajo el escenario de partición es de esperar que las fuerzas de Gadafi se esforzasen por recuperar terreno en el Golfo de Sirte y continuar los ataques a los campos orientales en manos de los rebeldes.

Parece evidente que incluso si el conflicto terminase de forma rápida la producción libia no llegaría a los mercados hasta varios meses más tarde, en el mejor de los casos.

En función de las condiciones en que se encuentren las instalaciones, los niveles de producción previos podrían no recuperarse en años, como ocurrió con los campos iraníes tras la guerra con Irak, cuyo pico nunca se ha vuelto a alcanzar debido a los daños sufridos por los pozos, no por sabotajes o ataques, sino por una clausura inadecuada y la falta de mantenimiento y equipos.

En caso de partición o de victoria de las tropas leales a Gadafi, el escenario más probable sería el de sanciones al régimen kaddafista, esta vez sí de naturaleza semejante a las impuestas al Irak de Sadam Hussein tras su invasión de Kuwait. Ello implicaría un impacto mucho mayor sobre la producción de los campos bajo su control que el experimentado en la \”década perdida\” tras el embargo parcial aplicado a raíz del atentado de Lockerbie de 1988; y, probablemente, la práctica desaparición de la producción de esos campos para el mercado internacional, justo cuando empezaban a recuperarse de los efectos de dicho embargo. El impacto sobre las compañías internacionales sería por tanto independiente del estado de sus relaciones con el régimen de Gadafi: probablemente sus operaciones se verían paralizadas por un embargo de la comunidad internacional tanto en el caso de partición del país como en el de recuperación de los campos rebeldes por parte de las fuerzas leales a Gadafi.

Una cuestión diferente es el eventual comportamiento del CNT de cara al sector de hidrocarburos, bien en los campos bajo su control en caso de partición, bien en el conjunto del país si finalmente expulsase a Gadafi del poder. El escenario más favorable, y desde luego el preferido por los países occidentales de la coalición internacional que apoya a los rebeldes, sería que éstos consolidasen sus relaciones con los primeros y promulgaran una nueva legislación que incentivase las inversiones internacionales en el sector de los hidrocarburos. Además de un \”pago por servicios prestados\”, el CNT tendría así la posibilidad de reavivar la economía libia, satisfacer las demandas sociales de las bases rebeldes y ofrecer incentivos económicos a los sectores que pudiesen mantener cierta afinidad con el viejo régimen. Pero todo esto requiere de la pre-condición de proveer por parte del CNT y la comunidad internacional la seguridad necesaria para que las compañías internacionales puedan operar los campos y reiniciar la producción, algo que en la actualidad parece complicado de alcanzar en el corto plazo.

Ese escenario ideal incluiría el acceso al poder de nuevas elites, la aplicación de un nuevo marco regulatorio para el sector, la mejora del débil marco institucional del mismo en sus aspectos de gestión y administración, y una revisión de los contratos de gas y petróleo con las compañías internacionales, especialmente en sus aspectos fiscales, para fomentar la movilización de nuevos recursos de hidrocarburos. La medida en que el CNT será capaz de afrontar estos retos energéticos, al tiempo que acomete las reformas políticas, sociales e institucionales en un país asolado por cuarenta años de deconstrucción institucional sistemática está por ver, aunque algunos analistas se muestren moderadamente optimistas.