El Procurador General de la Nación, Esteban Righi, advirtió al organismo que controla a los jueces que las causas por crímenes de la dictadura están paralizadas en esa provincia. Este jueves habría una declaración formal del Consejo contra la Justicia cuyana por su inacción en los procesos por delitos de lesa humanidad, algo sin antecedentes.

La causa penal contra camaristas mendocinos por haber supuestamente apañado o hecho la vista gorda hacia delitos de lesa humanidad que se cometían en esa provincia en la última dictadura, cuando ejercían cargos judiciales, va camino a convertirse en tema de escándalo nacional. Por lo pronto, hubo un planteo formal de la Procuración General de la Nación que unificó las posturas de oficialistas y opositores en el Consejo de la Magistratura.

El Procurador General de la Nación Esteban Righi, jefe de todos los fiscales del país, acaba de enviar una dura nota al Consejo de la Magistratura para advertir que en esa provincia las causas por crímenes de la dictadura están más que paralizadas.

La misiva se enmarca en la decisión tomada por miembros de la Cámara Federal de la provincia cuyana de apartar al juez de primera instancia a cargo de una dura pesquisa contra los camaristas Luis Miret -ya suspendido y en camino al jury- y Otilio Romano.

Además, ayer en el plenario habitual del organismo que supervisa la conducta de los jueces el tema fue motivo de debate oral en medio de un profundo disgusto porque se consideró totalmente infundada la decisión de apartar al magistrado Walter Bento.

Righi aportó hoy su granito de arena al advertir que Roque Romano -uno de quienes emitió un fallo contrario a la aplicación de la Ley de Medios luego revocado- tiene decenas de denuncias por su rol antes y después del golpe de Estado de 1976.

“La situación descripta se torna más preocupante aún si se tiene en cuenta que se ha alertado sobre la seguridad de los magistrados encargados de las investigaciones penales, el fiscal Omar Palermo y el juez Walter Bento, frente a amenazas contra sus vidas atribuidas a Otilio Roque Romano”, sostuvo.

“En el caso del camarista Otilio Roque Romano, ha evitado presentarse ante la justicia aduciendo problemas de salud, por lo que fue suspendida su declaración indagatoria. El Cuerpo Médico Forense tiene en sus manos determinar si su salud realmente le impide brindar la declaración.

“Por otro lado, Romano tampoco compareció todavía ante el Consejo de la Magistratura, mediante la interposición de amparos que cuestionan la autoridad del mismo; esos amparos fueron resueltos favorablemente por Carlos Parellada, designado por la Cámara Federal de Mendoza”, sostuvo Righi.

Además “buena parte de las causas por violaciones a los derechos humanos en trámite en la jurisdicción de Cuyo se encuentran paralizadas en virtud de las recusaciones que pesan sobre los camaristas mendocinos, algunos denunciados por entorpecer y retrasar arbitrariamente el trámite de estas causas y otros por su participación directa en los delitos que involucran”, concluyó.

El caso Mendoza unió ayer en el Consejo de la Magistratura a oficialistas y opositores, sin distinción.

“En general, la justicia de Mendoza se ríe de nosotros”, advirtió con su habitual énfasis la consejera y diputada K Diana Conti, y logró la aprobación del radical mendocino Ernesto Sanz, preocupado porque el fallo que apartó a Bento dejó al Consejo “desdibujado” y a las puertas de un “conflicto institucional”.

El jueves próximo, se analizará y seguramente firmará una resolución institucional sobre el tema. Y más allá de eso el secretario de Justicia nacional y enviado del Ejecutivo al cuerpo, Héctor Masquelet, anticipó que la cartera se presentará ante la Corte Suprema de Justicia por el tema y consideró un “disparate” haber apartado a Bento.