Acción y reacción. El principio físico se cumple en la política argentina con tanta frecuencia como en la naturaleza. Hugo Moyano, por ejemplo, advirtió que la inflación es un problema “que no se puede negar”. Se trata de la reacción del líder de la CGT a una nueva medida judicial en la causa de los medicamentos que involucra a la obra social del sindicato de Camioneros que maneja su esposa, Liliana Zulet. Sucede que se encontraron más troqueles “truchos” en otro de los 300 expedientes que analiza la Justicia federal. Y el círculo se cierra, lentamente, aunque él diga, con gusto dudoso, que está más cerca un embarazo de Lilita Carrió que él de la cárcel.
Cada vez que Moyano se ve acosado por algún problema judicial, recuerda lo que la mayor parte del tiempo olvida: que la suba de precios es importante. Y que ataca más a los que menos tienen, sean asalariados o no.
El escándalo desatado por la eyección de Sergio Schoklender de la fundación de Madres de Plaza de Mayo disparó inusitadas reacciones. La más llamativa fue la del ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, quien, apenas supo que había un magistrado federal investigando las maniobras de Schoklender con el programa “Sueños compartidos”, que su cartera debía controlar, le envió un carrito de supermercado lleno de papeles al juez Norberto Oyarbide anticipándose a un eventual deseo del juez de citarlo a declarar. ¿Alguien se imagina una reacción semejante en otros tiempos? Los ministerios podrían construir empalizadas con las montañas de pedidos de informes provenientes del Legislativo que nunca contestaron. Y muchos jueces federales, por no decir la Corte Suprema, esperan inútilmente que funcionarios del Ejecutivo acudan a declarar cuando los rozan acusaciones de corrupción.
Lo mismo puede decirse de Abel Fatala, el subsecretario de Obras Públicas de la Nación, quien era el encargado directo de ejercer algún tipo de auditoría sobre la marcha de la construcción de viviendas por parte de la fundación de Madres que conducía, dispendiosamente, Schoklender. En alguna foto oficial puede verse al funcionario en una mesa junto a Hebe de Bonafini y Sergio Schoklender, aplaudiendo la intervención de una colega con un cartel de Cristina 2011 de fondo.
Hebe no ha sido ajena al principio físico que comentamos al principio. Frente a la difusión inicial de un posible desfalco frente a sus narices, la titular de Madres sólo comentó: “No voy a hablar de puteríos”. Sin embargo, el escándalo creció –fogoneado por la oposición mediática, como era obvio que sucedería– y a Hebe le sugirieron que saliera a aclarar: lo hizo primero con Víctor Hugo Morales en televisión y luego con Télam, dos espacios “amigos”, y ahí sí se decidió a atravesar el espacio con un rayo dialéctico de los suyos: “Los Schoklender son unos estafadores y unos traidores”.
El jefe de Gabinete y algún colaborador directo de la presidente Cristina Kirchner recibieron hoy a la luchadora social en la Casa de Gobierno. No hubo declaraciones después de la cita, que no estaba en agenda. No obstante, supimos que le pidieron que se recluyera y no diera más entrevistas periodísticas. Desde el Gobierno apuntan a dejar que el tema se enfríe, pero las revelaciones cada vez más escandalosas del accionar de los Schoklender se publican con cuentagotas, día a día. Y difícilmente los medios dejen un tema como este en los próximos días. La vida rumbosa de Sergio, sus devaneos empresarios, son la cara de la moneda que Hebe jamás quiso ver. Hasta aquí llega la “culpa” de la presidente de Madres.
El daño a la imagen de las organizaciones defensoras de los derechos humanos ya está hecho, por más que Madres no puedan asimilarse a las demás entidades por su lanzamiento a la arena política bajo la conducción de Hebe, quien con Herodes entró a un jardín de infantes. El brutal golpe recibido debería obligarla a meditar, pero está claro que ella es una de las principales víctimas de sí misma.
Distinto es el panorama que acecha a quienes debieron controlar, desde el Estado, el programa de construcción de viviendas de Madres. Fatala y su colega Luis Bontenpo, subsecretario de Desarrollo Urbano y Vivienda, hicieron esfuerzos encomiables por explicar los procedimientos que se utilizaban para que los fondos llegaran a los proveedores de servicios e insumos de los planes habitacionales que llevaba adelante la fundación de Madres. El “punto débil” serían las jurisdicciones, es decir, las provincias, cuyas tesorerías recibían el dinero del Estado nacional y debían controlar los certificados de obra para ordenar los pagos. O sea, ni la Administración central ni la ONG defensora de los derechos humanos serían responsables del “desmadre” administrativo.
Aquí sería oportuno aclarar que la presión que podía ejercer Schoklender sobre los responsables provinciales explica muchos pagos, ahora investigados como irregulares, por el simple hecho de que ninguna provincia puede obstaculizar la construcción de viviendas si el dinero les llega desde la Casa Rosada. El costo político, si se denunciara, sería tremendo. Y la dependencia financiera, además, suele ser muy grande.
Fatala y Bontenpo serán citados por Oyarbide, quien le advirtió a sus colaboradores que esta investigación contiene algunos perfiles que obligan, moralmente hablando, a darle un interés prioritario. Que fondos públicos destinados a sectores vulnerables de la sociedad hayan terminado en la compra de yates y autos lujos, o en la mesa de back jack de un casino, parece haber sensibilizado especialmente al controvertido juez federal.
Otros que deberán dar explicaciones, además de los Schoklender, naturalmente, son sus colaboradores directos en la fundación y en el programa de edificación. En los próximos días comenzarán a circular por los pasillos de Tribunales. Para los hermanos que ya purgaron 14 años de cárcel por el asesinato de sus padres, el destino no será otro que la cárcel, salvo que logren escapar por una frontera seca a algún país vecino. La actividad delictiva ha sido tan burda que contesta la afirmación –generalizada en algunos círculos– de que Sergio, al menos, era una mente brillante.
La situación judicial actual o futura de Moyano, De Vido, Fatala y otros funcionarios, aunque sus reacciones sean distintas, recococe un hilo conductor. La certeza de que a Cristina no se le pasa por la cabeza perder un solo punto de su caudal política en la defensa de nadie que no pueda probar su inocencia. Algunos parecen haber tomado nota.
* Julio Villalonga, director de Gaceta Mercantil.com