La decisión de los abogados de Marcela y Felipe Noble Herrera de permitir la extracción de muestras de sangre de los hijos adoptivos de la principal accionista del Grupo Clarín desató una oleada de versiones acerca de los motivos.
Según un comunicado del multimedios, la nueva postura está destinada a “terminar con la persecución” política del Gobierno y de algunos organismos defensores de los derechos humanos.
Sin embargo, fuentes vinculadas con la investigación revelaron a gacetamercantil.com que son otras las razones del cambio de estrategia judicial de los letrados de los Noble Herrera.
Las fuentes advirtieron que el único motivo por el cual los asesores jurídicos de los jovenes podrían haber tomado la decisión de aceptar que se confronte el resultado de los análisis con la totalidad de los 2.500 registros existentes en el Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG), es que dispongan de dos certezas: Felipe sería hijo de una familia humilde pero no de desaparecidos; y si Marcela fuera hija de desaparecidos, lo sería de una familia de la cual no habría sobrevivientes que hubieran dejado su registro en el BNDG.
En este escenario, la causa por la filiación quedaría en la nada rápidamente, tal como reclaman ahora los abogados de los hijos adoptivos de la viuda de Noble.
De hecho, lo que quedaría en pie sería la investigación de las irregularidades de la adopción de Marcela y Felipe, por las cuales se justificaría el procesamiento de Ernestina Herrera, quien, por la edad y los problemas de salud que padece, en el peor de los casos debería purgar una condena en su domicilio.
Por otra parte, los abogados de los Noble Herrera sabían que la Corte fallaría a favor de la sentencia del Tribunal de Casación Penal, que obligaba a realizar la extracción compulsiva con algunos límites sobre el universo con el cual se podían comparar los ADN.
De concretarse ese fallo del Supremo Tribunal, se hubiera tratado de una derrota judicial para el Grupo Clarín que, en medio de la campaña electoral, habría sido intensivamente explotada por el Gobierno.
Apurando el paso, la juez Sandra Arroyo Salgado y la fiscal Rita Molina podrían conseguir que la extracción se realice en las próximas semanas, por lo cual el resultado -si no hay chicanas de alguna de las partes de por medio- podría conocerse en octubre próximo.