Gastón Castillo fue séptimo hijo varón de un desaparecido y su padrino fue el dictador Jorge Videla. Su madre hizo la gestión con la esperanza de recuperar a su marido. El hijo intimó a la Iglesia católica para que modifique su acta de baustismo.
Gastón Castillo y con el patrocinio del abogado Hernán Jaureguiber, la Iglesia Católica argentina fue intimada formalmente el último 28 de septiembre a realizar todo lo jurídicamente necesario para eliminar al ex dictador Jorge Rafael Videla de su rol de padrino de bautismo. Gaceta Mercantil accedió a la intimación.
Castillo fue bautizado el 10 de Diciembre de 1977 con el padrinazgo del entonces presidente Videla, por ser el séptimo hijo varón del matrimonio de Roberto Castillo y Josefa García. Pero el consentimiento para ese baustismo lo dio sólo la madre, ya que el padre había sido desaparecido por la dictadura el 12 de enero de ese mismo año. Actualmente se juzga su desaparición ante la Cámara Federal de La Plata, causa en la cual resultan imputados numerosos represores que incluirían al ex dictador Videla.
Los restos de Roberto Castillo, indica la intimación que recibió la Iglesia Católica, fueron indentiticados el 3 de agosto de 2009 por el Cuerpo de Antopología Forense. Estaba enterrado como n/n en el cementerio de la localidad bonaerense de Avellaneda y tenía “signos evidentes de haber sido asesinado en el año de la desaparición”, aproximadamente en febrero de 1977, según el informe forense.
“Aquella solicitud permitida por la legislación positiva argentina, estuvo inspirada en la cándida idea de mi familia que siendo el presidente de la Nación el padrino del hijo del desaparecido, sería un elemento mas a favor en la búsqueda ante los estrados institucionales y poder solicitar con mayor fortuna el auxilio de las autoridades católicas.
“El tiempo puso de manifiesto la enorme estafa perpetrada por los genocidas a la población y al mismo tiempo el desconocimiento que vició indefectiblemente la voluntad y por tanto el consentimiento prestado por mi madre para aquel sacramento”, dice la intimación cursada a nombre del presidente del Espiscopado Argentino, cardenal Jorge Bergoglio.
La Iglesia siempre se negó a cambiar el acta bautismal de Castillo alegando distintas imposibilidades canónicas para ello, pese a que, según la presentación, es insostenible el rol de Videla como conductor de la fe de Gastón, tanto por su condición de probado genocida, como por su responsabilidad penal en el asesinato del padre del ahijado.
Entre otras cosas, la intimación cursada sostiene que la permanencia formal de Videla como padrino de bautismo, “infama irremediablemente” el sacramento, con una enorme carga de mortificación para la víctima.
La negativa de la Iglesia a cumplir con lo requerido, privaría a Castillo de poder ejercitar sus derechos de culto en la religión oficial del Estado Argentino, al no quedar otra opción que soportar la mácula del siniestro padrinazgo o renunciar a su fe de bautismo, con la implicancia de no poder ejercitar el resto de los sacramentos de la Iglesia Católica.
Pese al largo calvario de Gastón para obtener una decisión canónica que lo ponga a cubierto de tan infamante situación, la Iglesia Católica Argentina ninguna respuesta brindó, lo cual motivó la intimación formal del día de la fecha.
Por otro lado, el escrito presentado ante el Cardenal Bergoglio, con citas bibliográficas del periodista y titular del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Horacio Verbitski, y una serie de normas del Código Canónico, señala que el silencio y negativa episcopal pone una vez mas en el tapete el tema referido a las “complicidades de la jerarquía eclesiástica con la pasada dictadura argentina”.
El episodio cuestiona la permanencia en el seno de la iglesia de genocidas y demás delincuentes y abusadores tales como el cura Von Wernick, el cura Grassi y hasta el propio Videla, que durante su permanencia en libertad gracias al indulto, siguió comulgando en parroquias de la Ciudad de Buenos Aires, con el beneplácito eclesiástico.
La intimación cursada culmina señalando que una decisión contraria a lo solicitado por Gastón, impide el ejercicio de derechos de culto consagrados por la Constitución Nacional y tratándose de la religión oficial del Estado Argentino, profundiza el debate sobre la cuestión de la religión de Estado.
Por estos días, las declaraciones de la jueza de la Corte Suprema de Justicia Carmen Argibay también reabrieron el debate sobre la cuestión de la Iglesia y el Estado al afirmar la jueza su intención de remover las imágenes religiosas de los estrados judiciales.
Otras fuentes revelaron que similares pedidos de anulación de sacramentos podrían plantearse por parte de víctimas de los abusos de sacerdotes a menores, cuando estos hubieran sido tutelados en la fe por los propios abusadores.