En los 30 años que tiene la recuperada democracia argentina, muy pocos estados provinciales –si es que alguno se animó a hacer algo, como la provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, La Rioja o Mendoza- se animó a tocar el entretejido de poder en manos de “la familia policial”. Mezcla de términos mafiosos y de pura realidad, con “comisariatos” hereditarios de padres a hijos y de éstos a los nietos de aquellos, las policías han permanecido casi intactas en sus nombres y estructuras.
Miedo, desconocimiento, desinterés son tres de las muchas palabras que podrían ponerse como complemento de una oración en donde la dirigencia política constituiría el sujeto. El verbo imperante ha sido la inacción: basta con que un jefe se mande “una macana” (que hasta puede ser encubrir un homicidio de uno de sus hombres o mujeres de la tropa) para que se “descabece” a la Policía y se pretenda, con eso, dar una señal a la sociedad de “asunto terminado” y “a otra cosa”, sin juicios, sin reformas, sin revisión de prácticas perversas o corruptas, ineficaces a los fines de la fuerza y contrarias al orden democrático, heredadas o naturalizadas.
La reciente ola de rebeldía policial aparece como resultado de este olvido de la democracia. No surge de una serie de fuerzas marginales, sino, precisamente, desde su poder creciente e intocable. No busca mejorar la seguridad, sino extorsionar con más inseguridad para demostrar, acaso, que hacen falta y que quienes debieran gobernarlos, los civiles elegidos por el pueblo, hasta se hacen pis encima cuando no los tienen a mano.
Lo demostraron, por cierto. A tal punto que lograron mover matrices discursivo-ideológicas: aquello a lo que antes se le llamaba “criminalizar la protesta social”, cuando se hablaba de los saqueadores en 2001, ahora es señalado lisa y llanamente como crímenes, dejando de lado, apresuradamente, cualquier posibilidad de que en el país haya motivos para protestar. A un nivel –insistimos- que se llega a escuchar el absurdo de parte de Estela de Carlotto -una mujer admirable por su lucha aunque demasiado extasiada con el presente político- de que los muertos en los saqueos “algo habrán hecho”. Decepcionante.
Una ola de imprevisible federalismo surgió desde la misma Casa Rosada que retiene las riquezas de las provincias y las redistribuye según el grado de lealtad, en un ejercicio práctico de unitarismo y subordinación inédito: ahora resulta que el problema “es jurisdicción de las policías provinciales”. Así, el gobierno nacional resuelve de un solo “discursazo” el problema de 30 años de amañamiento de las policías: nada de tramar un plan nacional, de ayudar a las provincias a salvarse de la extorsión a mano armada de sus uniformados y, mucho menos, dar un ejemplo reformista a nivel de las fuerzas federales. Para ellos, para los que tienen contacto directo con lo que pueda ocurrir en Plaza de Mayo y alrededores, se decreta un aumento antes de que saquen a relucir sus armas.
Solas, con el mismo miedo, desconocimiento y desinterés del que hablábamos antes, las provincias son empujadas a “democratizar” sus fuerzas. Algo que suena más o menos así: “Luchemos pero andá vos al frente”.
Un rápido relevamiento por las reacciones provinciales muestra que además de esos tres “contraatributos” para hacerse cargo del gobierno de la seguridad, ahora nadan en un mar de ocurrencias:
– El peronismo oficial en Jujuy y el peronismo disidente en Mendoza, al igual que el socialismo santafecino, proponen en sus localidades la instauración de una figura: “el Defensor del Policía”. Algo que hizo muy bien Perú, pero en medio de una reforma integral de su sistema de seguridad. Como evento, salida a la crisis o solución de fondo representa menos que nada: tal vez entorpezca el estado de cosas e infunda más poder a los mismos.
– También ha resurgido la idea de darle entidad a algo a lo que ya no se le dio en su oportunidad: la posibilidad de que los policías se puedan agremiar y reclamar en una mesa paritaria, sin armas sobre la mesa, sus salarios, una idea que abonan tanto Víctor de Gennaro como Marcelo Saín a nivel nacional, pero que sectores de sus propios partidos no terminan de digerir.
– En la provincia de Buenos Aires, con el visto bueno de los peronistas de Sergio Massa y el guiño del juez de la Corte Raul Eugenio Zaffaroni, se habla de “municipalización total” de la Policía. Sería algo así como otorgarles todo el poder a los municipios. En un sentido crítico, sin que exista un paso medio ni recursos, eso implicaría algo similar a darles armas a los empleados municipales. Tal solo una delegación de responsabilidades para que, en el futuro, el gobernador pueda hacer lo mismo que hoy hace la Presidenta o su delegado, el Jefe de Gabinete: pasar las culpas hacia abajo.
– El colmo de las medidas sugeridas tras la crisis policial es Salta: se propone que los comercios les hagan cupones de descuento a los policías…
En definitiva, lo que está en crisis es el gobierno y las formas clásicas de gobernar delegando, sin hacerse cargo. Eso pasó durante 30 años con las policías que siguen contando con el privilegio de que sus mañas no sean tocadas ya que, en muchos casos, les sirven a los gobernantes o bien, los hacen tiritar de miedo.
Es verdad que la adolescencia ya no termina a los 18. Pero si comparamos al sistema democrático de nuestro país con un pibe en desarrollo, no podemos decir que a los 30 no se tiene lo que hay que tener para manejarse solos en la vida.
Eso es lo que está haciendo falta: gobierno civil de la seguridad y democratización, sin tirarse las culpas por la cabeza ni competir con salidas a las crisis a las apuradas. Mucho menos, solo con discursos. Los policías ya los han escuchado a todos. Es hora de actuar, sencillamente, en favor de una policía que cumpla con el requerimiento de la mayor parte de los argentinos: participar de un sistema que luche contra la inseguridad y no que sea parte de lo que la genera.
* Periodista