Por Julio Villalonga (@villalongaj) *
La segunda reapertura del canje de deuda, luego del ocurrido en 2010, comienza a aparecer en el horizonte del Gobierno argentino como una salida al embrollo en el que se ha metido, aunque todavía es prematuro anticipar si los tenedores de bonos aún en “default” estarían dispuestos a aceptarlo. Todo indica que no porque inversores y abogados se han envalentonado con el resultado del embargo a la fragata “Libertad” y con la sentencia del juez Thomas Griesa, dos situaciones que, en distinta medida, tomaron al Gobierno argentino por sorpresa.
Lo que ha dado pie a la idea de que sería posible un nuevo canje, del lado de las autoridades argentinas, ha sido una explicación del ministerio de Economía sobre la apelación a la medida de Griesa. \”El escrito –apuntó en un comunicado el Palacio de Hacienda– manifiesta que si Griesa hubiera dispuesto una fórmula de pago ‘pro rata’ que tratara a los actores (Los “holds out”. NdR) y a aquellos que estuvieran en la misma posición en los mismos términos que la Argentina ofreció en 2010, este hubiera sido un remedio consistente con los antecedentes amparados por la ley argentina y podría ser una propuesta que el Congreso argentino podría debatir\”.
Como queda claro, esta alternativa requiere de una aprobación del Congreso, en donde el Gobierno podría contar con los votos necesarios, pero paralelamente de la aceptación de los representantes de los “fondos buitre”, que ahora se sienten en una posición de fuerza.
A esta situación se llegó por la impericia de los asesores jurídicos del Gobierno nacional, que dejaron a la Argentina en un callejón sin salida. Estos consejeros fueron contratados por Amado Boudou cuando oficiaba de ministro de Economía y Hernán Lorenzino, su sucesor, lo secundaba. La debilidad de la posición argentina radica en el hecho de que en los canjes se cedió soberanía y hay bonos que reconocen a los tribunales neoyorquinos como sede ante cualquier disputa. Por eso interviene Griesa, un juez de origen republicano que, en 1973 y recién designado por la Administración Nixon, no dudó en tomar una denuncia del Partido Socialista estadounidense contra ese Presidente que, al profundizarse, descorrió el velo sobre el escándalo de Watergate.
Los sectores financieros locales que el Gobierno, ahora en bloque, acusa de trabajar para los “fondos buitre”, le dan la razón al Ejecutivo con su hiperactividad mediática. Hay que decir que es cierto que resulta inimaginable una actitud semejante de consultores y periodistas brasileños o chilenos si sus países, aún por la torpeza de sus gobernantes, se enfrentaran a una situación semejante. Reflejo de esta postura “cipaya” (se nos disculpará la antigüalla) son las patéticas críticas contra la presidente Cristina Kirchner que pueden leerse en las redes sociales por estos días. El racismo, el machismo y la intolerancia más extremos tienen lugar allí, y aunque no sea científico, la experiencia nos indica que refleja lo que, más o menos, podría arrojar cualquier sondeo de opinión: son la voz de los sectores concentrados de la clase media que repelen lo que de popular pueda tener un Gobierno de corte peronista, aunque en los hechos sus intereses no se hayan visto alterados radicalmente en casi una década de kirchnerismo. El quiebre cultural que atraviesa a la sociedad argentina es transversal, como transversal era la apuesta política de Néstor Kirchner cuando accedió al poder huérfano de apoyos.
A la Presidente se la puede hostigar por izquierda o por derecha, pero cualquiera sea el caso habría que hacerlo por sus errores. Los sectores más recalcitrantes de la sociedad argentina la castigan por razones formales y no de fondo, por cuestiones estéticas y no éticas. En realidad, miran con envidia su manejo del poder, subida como está al 54 por ciento de los votos de hace apenas un año. Podría decirse incluso que estos sectores tan críticos son los mismos, si esto históricamente fuera posible, o derivan de aquellos que disfrutaban del tono monárquico de las dos presidencias de Carlos Menem mientras que la libertad de mercado a ultranza destruía cientos de miles de puestos de trabajo pero era posible que dos millones de argentinos compraran en el exterior millones de dólares en productos electrónicos en una segunda fase del “deme dos” de mediados de los años setenta.
Este sector social que se conoce como “sectores medios” (en realidad nos referimos a una parte de él) se siente desvinculado de la suerte de sus compatriotas. El argumento básico es que pagan sus impuestos para que los dirigentes políticos corruptos dilapiden esos recursos en un obsceno clientelismo. Este planteo desoye el hecho cierto de que los argentinos no somos buenos pagadores de impuestos, lo que provoca que la inversión en servicios públicos esenciales (salud, educación, justicia y seguridad) sea mayor y recaiga en menos aportantes, además de que es ineficiente, esto sí por la paupérrima gestión de los administradores públicos. Pero no basta con ser buenos contribuyentes, hay que ser mejores ciudadanos. Que es la única manera de controlar y presionar a los dirigentes.
Claro que este planteo choca con una realidad desesperante, desde el punto de vista institucional. La Suprema Corte de Justicia de la Nación registró una renovación en la alborada del kirchnerismo que fue saludada entonces porque el mecanismo de selección y de designación de sus integrantes no reconocía antecedentes, incluso en la región, donde aún hoy ningún país lo ha igualado. Ahora bien, el torbellino político amenaza con arrastrar a los ministros cortesanos. Algunos fallos inconsistentes, en el pasado reciente, pero mucho más la Ley de Medios, han mostrado en un espejo que deforma y ha dejado en evidencia a algunos miembros del Supremo Tribunal. Es el caso de Ricardo Lorenzetti, quien se imagina con un futuro fuera de la Corte en el terreno de la ecología y se niega a arriesgar un prestigio que está por encima de cualquier valor; o de Eugenio Zaffaroni, quien terminó cayendo en el vicio de suponer que está por encima del bien y del mal, y a quien tienen sin cuidado las consecuencias de sus actitudes públicas y privadas, afecten o no a la cabeza del Poder Judicial. Juan Carlos Maqueda es considerado planamente “delasotista” por el Gobierno porque fue ministro de Educación de Córdoba entre 1999 y 2001, antes de ser electo senador nacional por esa provincia. Como Lorenzetti o Zaffaroni, Maqueda es un sólido jurista en su especialidad, pero escucha con atención los comentarios que le llegan desde la clase política, donde tiene pocos pero influyentes amigos. El octogenario Carlos Fayt se aferra a su sillón como a un pasado que no vuelve, lo mismo que Enrique Petracchi, último sobreviviente de la Corte menemista. Las dos mujeres del Tribunal, Helena Highton de Nolasco y Carmen Argibay, tienen la virtud de ser las más herméticas, en cuanto a sus intenciones, de la Corte.
Una de las veinte verdades peronistas dice que “la única verdad es la realidad”. Estos jueces serán los que determinen el futuro de la Ley de Medios y según ellos mismos reclamaron este martes, quieren que el juez de la causa se expida con urgencia sobre la constitucionalidad de esa norma, en particular de los artículos 45 y 161, que limitan la cantidad de licencias en poder de un mismo grupo y establecen cómo deben desinvertir. Y que la Cámara en lo Civil y Comercial designe, también urgentemente, a los jueces subrogantes para entender en la apelación. Lo que para algunos es una demostración de carácter de la Suprema Corte podría ser todo lo contrario, una manera de ganar tiempo. Sin embargo, no parece que puedan sobrevolar todo el año próximo con un fallo pendiente sobre este tema. No es lo que quiere el Gobierno, que a esta altura juega todo a suerte y verdad.
* Director de gacetamercantil.com