Desde hace al menos seis meses venimos advirtiendo que Cristina Kirchner no buscará su reelección. Ríos de tinta y mares de bits se han escrito con todo tipo de especulaciones acerca de una reforma constitucional que habilitaría a la Presidente para un nuevo mandato. Explicamos, también, que las distintas movidas que proponían reformas, con o sin reelección, tenían como fin que la Presidente y el oficialismo conservaran la iniciativa política y mencionamos el síndrome del “pato cojo”, que alude en Estados Unidos al “despoder” que afecta a los mandatarios luego de la elección legislativa intermedia de su segundo mandato.
La declaración de Daniel Scioli de que aspiraba a suceder a Cristina apenas una semana más tarde de su triunfo por el 54 por ciento de los votos, el día que se sacó la famosa foto con Hugo Moyano, disparó las alarmas del cristinismo. “Quieren que me vaya ya”, le escucharon decir a la Presidente, entonces. Y así fue como se disparó la etapa final de la guerra entre el CFK y Héctor Magnetto, el CEO del Grupo Clarín.
Aunque el desenlace genera incertidumbre, doce meses más tarde puede verse un panorama claro de las fuerzas desplegadas para la batalla final, que no tendrá lugar el 8-D sino a partir de entonces.
En parte, como aseguran los “spots” publicitarios del Grupo Clarín, en 40 días no cambiará nada. En el colmo de su paranoia, sus directivos elaboraron planes de seguridad de contingencia para evitar que un interventor designado por el AFSCA ingresara a las instalaciones de Cablevisión en Barracas.
Como Clarín no va adecuarse a la Ley de Medios, el ente que dirige Martín Sabbatella tomará la decisión administrativa que anunciamos: declarará la caducidad de las licencias excedentes de Cablevisión. Se trata, en principio, de 216 licencias, pero comenzará priorizando a aquellas que se superponen en una misma ciudad, como en los casos de Rosario y Córdoba, debido a que cuando Multicananal (la empresa de TV por cable de Clarín) se fusionó por absorción con Cablevisión, en 2006, la nueva empresa se quedó con las dos licencias, lo que –dicho sea de paso– ya era ilegal si se aplicaba la ley de Radiodifusión vigente antes de la sanción de la Ley de Medios.
En segundo término, hará caducar las licencias de radio o televisión que Clarín no pueda conservar porque ya dispone de licencias de TV por cable en esa misma ciudad. Simultáneamente, el AFSCA se presentará ante un juez federal para pedir la intervención judicial de las empresas correspondientes en aplicación de la mentada Ley de Medios por considerar que se han caído todos los plazos previstos para adecuarse a ella. Si el juez llega a ordenar esa medida, Clarín la apelará de inmediato por lo que previsiblemente llegará a la Cámara que está siendo bombardeada por el Ejecutivo, cuya decisión a su vez será rechazada por el Gobierno, que apelará ante la Corte.
En suma, tanto la cuestión de fondo, la inconstitucionalidad del artículo 161 de la Ley de Medios, como la intervención judicial de las empresas dueñas de las licencias excedentes, concluirán en algún momento de 2013 en los despachos de los jueces del máximo Tribunal del país. Los mismos jueces que hacen lo indecible para no caer bajo el fuego cruzado de Cristina y Héctor y que esperan que la solución de este conflicto se caiga como una pera madura, por su propio peso.
Ricardo Lorenzetti, el presidente de la Corte, nada en aguas turbulentas. El kirchnerismo ya tiene los nervios alterados con las fintas del ministro de la Corte, que parece salir todas las mañanas de su casa con un aparato para medir la relación de fuerzas entre el Ejecutivo y la “Corpo”. Con razón, cerca de Cristina sospechan que tal actitud, basada en el paso del tiempo y la contemplación, favorece a Clarín.
La ofensiva sobre el Consejo de la Magistratura, la designación de 16 conjueces del fuero Civil y Comercial y las “caídas” de camaristas por jubilación son parte de la estrategia del kirchnerismo para debilitar la resistencia de un sector del Poder Judicial que, hasta acá, se ha mostrado funcional a los intereses de Clarín.
Como alguna vez señalamos, la “opción judicial” para la salida de esta lucha de poder es claramente favorable a Clarín. El Gobierno lo sabe y desespera, porque el 2013 será un año “corto” para sacar decisiones bajo presión. Al menos con esto especulan en las oficinas de Tacuarí al 1800: “Si no pudieron entrar (a Cablevisión) antes de las elecciones, olvídense”, se esperanza un alto directivo del multimedios que, en los papeles, controla Ernestina Herrera de Noble.
Sin embargo, no muy lejos del barrio de Barracas, frente a la Plaza de Mayo, y sin reelección, Cristina Kirchner puede pensar que no tiene mucho para perder. Que si no encuentra respaldo en la Justicia para avanzar sobre lo que ella considera el mayor flagelo para las instituciones democráticas, siempre le quedará la opción de resolver este nudo gordiano con un decreto, dejando a Magnetto y sus socios fuera de Cablevisión y cabildeando durante años en la Justicia con un reclamo resarcitorio.
Una decisión semejante debería ser tomada antes de que se produzca un fallo definitivo de la Corte, naturalmente. La misma fuente de Clarín, puesta a prueba con esta consulta, no duda: “Sería una decisión producto de la desesperación que jamás podría aplicarse. ¿Se imagina un interventor entrando con la fuerza pública, la Gendarmería o la Prefectura, en la empresa, reprimiendo a los trabajadores?”
Sí, es difícil imaginarlo porque el kirchnerismo ha hecho una bandera de su postura antirepresiva de las manifestaciones de protesta sindical y social. Pero el cristinismo, acorralado, podría actuar distinto. Y ya ha habido algunas evidencias al respecto.
Para la oposición sería un acto de “chavismo explícito”, pero ya han acusado de eso y de cosas peores al oficialismo. ¿Sería una mancha más para el tigre?
No es ocioso recordar que la Ley de Medios fue sancionada con el voto del kirchnerismo y de sus aliados, pero también con el de radicales e incluso peronistas disidentes, legisladores que dieron mayoría para aprobar una norma que todos sabían apuntaba al desmembramiento de Clarín, grupo que en su indetenible y patológico crecimiento ha dejado heridos de todo color y pelaje.
La pelea por la calle, entretanto, acaba de sumar un nuevo hito: el 20-N. Si el 8-N preocupa al Gobierno, el paro nacional convocado por Moyano y la CTA opositora de Pablo Micheli para doce días más tarde anuncia una movilización de importancia y una composición que no puede ser desdeñada, como ya ocurrió con los cacerolazos de septiembre pasado.
En el camino al 7-D, peligrosamente, unos y otros han decidido apostar a la tensión del músculo de la movilización. Para Clarín, las marchas sólo sirven para ser televisadas, el medio por el cual aspiran a asfixiar políticamente al Gobierno. Para el Gobierno, con más gimnasia en avenidas y plazas, las celebraciones buscarán mostrar que el poder de convocatoria de CFK está intacto.