El 22 de agosto de 1972 fusilaron a 19 presos políticos de las organizaciones guerrilleras ERP, FAR y Montoneros en la base aeronaval Almirante Zar.

La Justicia condenó hoy (lunes 15) a prisión perpetua a tres ex oficiales de la Armada por la denominada Masacre de Trelew, pero seguirán libres hasta que la sentencia quede firme.

Los capitanes de fragata Luis Sosa y Emilio Jorge Del Real, y el cabo Carlos Marandino fueron condenados como coautores de 16 homicidios y tres en grado de tentativa por la ejecución a sangre fría de 19 guerrilleros que estaban presos en la base naval Almirante Zar, en la madrugada del 22 de agosto de 1972, durante el gobierno de Alejandro Agustín Lanusse.

En tanto, los capitanes de navío Rubén Paccagnini -entonces jefe de la base naval- y Jorge Enrique Bautista fueron absueltos.

La causa elevada a juicio en abril de 2009 acumuló una extensa plataforma probatoria sobre los hechos de la Masacre de Trelew que, según argumentaron los acusadores, marcó hace 40 años un hito en el plan clandestino de represión de la dictadura del general Alejandro Agustín Lanusse y fue el “ensayo general del terrorismo de Estado” llevado a su máxima expresión entre 1976 y 1983.

Para pedir la prescripción y en algunos casos la amnistía de sus defendidos, las defensas de los acusados, aun con algunas estrategias diferenciadas, convergieron en negar la lesa humanidad de los delitos juzgados y su inscripción en un plan sistemático de terrorismo de Estado.

En sus alegatos finales, aceptaron en parte los hechos y la veracidad de los testimonios aportados por la acusación, pero objetaron la doctrina de la Corte Suprema y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad y su aplicabilidad a hechos ocurridos en 1972.

No obstante, las defensas se apartaron de la desacreditada versión oficial dada en 1972 por la dictadura de Lanusse y la Armada sobre un supuesto nuevo intento de fuga y tiroteo entre prisioneros y marinos.

La secuencia de hechos que derivó en los fusilamientos comenzó el 15 de agosto de 1972, cuando presos políticos pertenecientes a las organizaciones guerrilleras FAR, ERP y Montoneros se fugaron de la cárcel de Rawson.

Sólo seis de los evadidos pudieron llegar a tiempo al viejo aeropuerto de Trelew para completar la huida en avión a Chile, según lo habían planeado. Fueron Mario Roberto Santucho, Marcos Osatinsky, Fernando Vaca Narvaja, Roberto Quieto, Enrique Gorriarán Merlo y Domingo Menna.

Otros 19 presos fugados del penal, cercados en el aeropuerto por militares, en presencia de un juez y periodistas pactaron su rendición con garantías, las que no se cumplieron, y una semana después fueron fusilados en la base aeronaval, en la madrugada del 22 de agosto de 1972.

Según lo constató ya el acta de elevación a juicio, el 22 a la madrugada, “aproximadamente entre las 2.30 y 3.30”, Sosa, Bravo, Del Real y un cuarto oficial ya fallecido, de apellido Herrera, se presentaron en el lugar de detención, el área de calabozos que se hallaba en el edificio de acceso a la base Zar y donde en ese momento hacía guardia Marandino.

Los marinos ordenaron a los detenidos que “doblaran sus mantas y sacaran los colchones para que los dejaran en el extremo del pasillo por donde se ingresaba a dicho sector, luego de lo cual se los hizo formar en fila en el pasillo”, instantes antes de abrir fuego contra los 19 prisioneros.

Como consecuencia de la lluvia de disparos o porque fueron rematados con “tiros de gracia”, fallecieron ese día Rubén Pedro Bonet, Jorge Alejandro Ulla, Humberto Segundo Suárez, José Ricardo Mena, Humberto Adrián Toschi, Miguel Angel Polti, Mario Emilio Delfino, Alberto Carlos Del Rey, Eduardo Campello, Clarisa Rosa Lea Place, Ana María Villarreal de Santucho, Carlos Heriberto Astudillo, Alfredo Elías Kohon, María Angélica Sabelli, Mariano Pujadas y Susana Lesgart.

Alberto Camps, María Antonia Berger y Ricardo Haidar sobrevivieron y relataron la masacre, pero después fueron asesinados o desaparecidos durante la última dictadura, igual que numerosos familiares de los fusilados en Trelew y de la Comisión de de Solidaridad con los presos políticos de la Unidad 6 de Rawson.

La Fiscalía y las querellas de familiares de las víctimas y de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación señalaron que la orden de fusilamiento partió del dictador Lanusse y fue trasmitida por el acusado de autoría mediata de los homicidios, Paccagnini, que era jefe de la base Zar y la Fuerzas aeronaval de Trelew, a los autores materiales, sus subordinados.

El día de la masacre llegó a la base Zar el designado juez militar ad hoc Bautista, instructor del sumario luego “desaparecido”, acusado en el juicio de encubridor.

Desde el día de la fuga, la región había sido declarada Zona de Emergencia, lo que implicó represión, bloqueo informativo, la imposibilidad de actuar para los abogados de los detenidos políticos y el aislamiento total de los 19 prisioneros en la base Zar.

El mismo 22 de agosto, una bomba destruyó la sede de la Asociación Gremial de Abogados en Buenos Aires y el 24, la sede central del Partido Justicialista, donde eran velados los restos de algunos de los fusilados, fue tomada por asalto en un operativo que encabezó el comisario Alberto Villar, después uno de las jefes de la siniestra Triple A.