Lo determinaron los investigadores de la Justicia Federal en ese distrito, a partir del análisis de la información recabada hasta ahora.
Cooperativas de trabajo vinculadas a las mismas personas que funcionaban como “empresas de un mismo holding”, contratadas por el municipio de Quilmes sin que esas contrataciones estuvieran “debidamente justificadas”, ni por las necesidades del trabajo ni por los montos. Esta conclusión preliminar se desprende del entrecruzamiento de datos recabados, hasta ahora, por los investigadores judiciales en el expediente que tramita en la Justicia Federal de Quilmes, a cargo del juez Luis Armella y la fiscal Silvia Cavallo.
La causa investiga desde hace dos meses las posibles irregularidades en los pagos por $671 millones a cooperativas y empresas vinculadas a funcionarios y ex funcionarios de ese Municipio, a partir de una publicación del sitio El Disenso. En el expediente aumenta semana a semana la información recabada. “Hay un abanico de personas, sociedades, cooperativas, movimientos de dinero y bienes bajo análisis”, sostuvo una fuente judicial a Infobae.
Están imputados la intendenta de ese municipio del sur del Conurbano bonaerense, la neocamporista Mayra Mendoza, ya que fue quien firmó los decretos de las contrataciones directas con las cooperativas; el exsubsecretario de Hábitat de su gestión, Sebastián Raspa; el también exfuncionario del municipio quilmeño Martín Bordalejo; y el empresario local José Alejandro Scozzari. La carátula de la investigación lleva los posibles delitos de malversación de caudales públicos, negociaciones incompatibles con la función pública, lavado de dinero y administración fraudulenta.