El teléfono de la ministra de Defensa, Margarita Robles, también fue “hackeado”. Desconocen que información fue robada.

El Gobierno español denunció hoy que los teléfonos celulares del presidente, Pedro Sánchez, y su ministra de Defensa, Margarita Robles, fueron objeto de escuchas “ilegales” y “externas” a través del programa informático israelí Pegasus, intromisión que permitió el robo de “gran cantidad de información”.

Según la denuncia presentada ante la Audiencia Nacional -un tribunal español que tiene jurisdicción en todo el territorio nacional- , las invasiones se produjeron en mayo y junio de 2021, en el teléfono móvil de Sánchez, y en esta última fecha en el de Robles.

Los “hackers” extrajeron del teléfono del jefe del Gobierno una enorme cantidad de información: 2,6 gigas en la primera intrusión y 130 megabites en la segunda, mientras en el aparto de la titular de Defensa el robo fue menor: 9 megas.

El Gobierno desconoce cuál fue la información robada y su grado de sensibilidad, pero se trata, en ambos casos, de las líneas institucionales, no privadas.

“Estamos informando de hechos que están contrastados y que son fehacientes. No son suposiciones”, declaró, durante una conferencia de prensa, el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, que habló de “hechos de enorme gravedad” ocurridos en 2021.

“Tenemos la absoluta seguridad de que se trata de un ataque externo (…) porque en España, en una democracia como la nuestra, todas las intervenciones se producen por organismos oficiales y con autorización judicial”, indicó Bolaños.

“En este caso, no se ha producido ninguna de las dos circunstancias”, agregó. “Por eso tenemos la seguridad, no tenemos ninguna duda de que es una infección, es una intervención que es externa”, subrayó el ministro que no precisó si las autoridades españolas manejan algún indicio sobre quién puede estar detrás de esta intervención ni de si piensan en algún país extranjero.

“Cuando hablamos de que es una intrusión externa, lo que queremos decir es que es ajena a los organismos estatales y que no cuenta con autorización judicial”, precisó.

Sánchez anunció que el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) abriría una investigación interna y se comprometió a “rendir cuentas”.