Esta semana llega la primera misión para evaluar el cumplimiento de los primeros objetivos trimestrales tras lo cual el Ejecutivo espera recibir otro desembolso de 4.100 millones.

Este lunes el Gobierno pagó unos 1.000 millones de dólares de vencimiento de la deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI) a días de que llega la misión que hará la primera evaluación del cumplimiento de las metas macroeconómicas del primer trimestre, según el nuevo acuerdo alcanzado en marzo.

El ministerio de Economía asegura que cumplió con todos los ítems comprometidos, lo cual habilitaría al país a recibir un segundo desembolso por 4.100 millones de dólares.

El calendario de pagos al FMI, además de los giros trimestrales más grandes, los de finales de marzo (ya pagado), junio, septiembre y diciembre, por unos 2.700 millones en cada caso, también incluye una serie de compromisos “intermedios” entre cada una de esas fechas con pagos menores.

Entre el 29 de abril y el 1° de mayo la hoja de ruta preveía cancelaciones con el organismo de crédito internacional por 1.000 millones de dólares. Una parte del pago ya se realizó el viernes, por lo que las reservas cayeron en unos 400 millones. El resto se registró desde hoy en la cuenta del colchón de divisas del Banco Central.

Este pago al Fondo tendrá lugar a pocos días de la primera evaluación del “staff” técnico a las cuentas públicas, misión que estaba prevista para mediados de junio pero que, desde la aprobación del programa económico del directorio del FMI, las partes acordaron anticipar un mes debido a la coyuntura económica global que desvirtuó las proyecciones originales del Extended Fund Facility (EFF), el tipo de crédito aprobado.

La misión revisará el resultado fiscal, el de acumulación de reservas y la emisión monetaria, objetivos que fueron cumplidos, por lo que podrá contar con un nuevo desembolso que servirá para afrontar los próximos pagos de vencimientos de deuda con el propio organismo.

El ente que dirige Kristalina Georgieva ya admitió que deberá revisar la proyección de inflación de 48% como tope que había establecido en el programa económico con el Gobierno argentino ante las perspectivas de una suba de precios anual mucho más alta, que incluso superaría el 60%.

Según anticipó la semana pasada el director del Departamento del Hemisferio Occidental, el brasileño Ilan Goldfajn, no permitirán cambios en las metas del programa como el recorte del déficit primario, la monetización del rojo fiscal y el acopio de divisas en el Banco Central.

“El programa tiene supuestos y tiene objetivos. La inflación es un supuesto y los supuestos pueden cambiar por los nuevos shocks de la economía global”, aclaró el funcionario internacional.

Goldfajn descartó la posibilidad de reconsiderar los objetivos macroeconómicos del programa. “Buscamos priorizar medidas para asegurar que los objetivos del programa sean alcanzados. (Las metas) no van a cambiar, vamos a dar apoyo (al Gobierno) para priorizar y cumplir los objetivos del programa”, insistió.

El Palacio de Hacienda asegura que alcanzó las tres metas centrales exigidas por el Fondo. Los datos fiscales hasta fines de marzo muestran que el sector público sobrecumplió por poco menos de 30.000 millones de pesos el objetivo trimestral de déficit primario, dato que es discutido por analistas privados.

La contabilidad de la secretaría de Hacienda para decir que sobrecumplió la meta incluyó un incremento superior al 1.700% en la partida “rentas de la propiedad”, que son ingresos extra que se anotó el Fisco por la diferencia técnica en el precio nominal y el precio efectivo de los bonos atados a la inflación que emitió Finanzas.

Como método fue cuestionado por consultoras y economistas ya que consideran que ese tipo de ingresos no estarían contemplados en el memorando técnico que acordaron el Gobierno y el Fondo.

Por un lado, ese memo habla de “que los ingresos se registran sobre base caja e incluyen los ingresos tributarios, las rentas de la propiedad, otros ingresos corrientes y los ingresos de capital”, por lo que esas rentas de la propiedad deberían contabilizarse.

Pero por otro, menciona que “los ingresos excluyen todo tipo de transferencia financiera procedente del Banco Central (incluidos utilidades y adelantos transitorios), el ingreso en concepto de intereses generado por la tenencia de valores y obligaciones de deuda dentro del sector público, el producto de la venta de activos financieros, y los derechos especiales de giro (DEG) asignados por el FMI o recibidos bilateralmente de otros miembros del FMI”.

Las otras metas exigibles también habrían sido alcanzadas, según Economía, aunque eran de más fácil cumplimiento, según los analistas. Se reclamaba que las reservas deberían haber aumentado en 1.200 millones en forma neta, mientras que la monetización del déficit tiene como techo 236.800 millones de pesos.

Para ambos casos en el Banco Central aseguran que los objetivos se cumplieron, en el primer caso por el primer desembolso del FMI de 9.700 millones de dólares y, en el otro porque la entidad monetaria acumuló hasta finales del primer trimestre adelantos transitorios al Tesoro por 122.000 millones de pesos.

El acuerdo con el FMI incluye no solo metas exigibles mensurables sino una serie de decisiones de política económica. No configuran un elemento de condicionalidad a la hora de habilitar o no desembolsos, pero forman parte de la hoja de ruta negociada y consensuada entre Buenos Aires y Washington.

El cumplimiento de esos objetivos es menos riguroso. De hecho, al 15 de abril se preveía que el Gobierno “adapte” el presupuesto vigente -el de 2021 ya que el Congreso no aprobó el proyecto para 2022- a los objetivos del programa económico, algo que todavía no sucedió.

Para mayo el Gobierno aseguró que buscará “modificar, de acuerdo al estándar internacional, y tomando en cuenta la opinión de expertos, académicos, instituciones de la sociedad civil, y el personal técnico del FMI, las leyes de encubrimiento de lavado de activos de origen delictivo (Ley 25.246), entre otras cosas para fortalecer el régimen de sanciones, la lista de entidades declarantes sujetas a obligaciones de ALD/LFT, las medidas preventivas aplicables a las entidades declarantes, y los requisitos de las entidades jurídicas y los acuerdos jurídicos de obtener, mantener y actualizar la información sobre la identidad de los usufructuarios finales en los registros de las empresas”, se explicó en el memo de entendimiento.

“Elevaremos la reforma de la legislación al Congreso para fines de mayo de 2022, a fin de que pueda examinarla en el curso del año. Paralelamente, la UIF avanzará en la preparación de las resoluciones necesarias de aplicación, incluido en lo relacionado con las instituciones sin fines de lucro declarantes, para facilitar la implementación plena y sin tardanza del nuevo proyecto de legislación”, prometió el Ejecutivo.