Se le imputó un desfalco de nueve millones de dólares durante su gestión al frente de la provincia mesopotámica, entre 2007 y 2015. Renunció al cargo y apelará.
Sergio Urribarri, exgobernador de Entre Ríos y embajador argentino en Israel, fue condenado este jueves a ocho años de prisión en una causa por diversos hechos de corrupción cometidos durante su gestión, entre 2007 y 2015.
Al exmandatario provincial también se le aplicaron una inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos públicos y una multa de 180.000 pesos.
En Twitter, Urribarri consideró que el fallo es “una clara muestra de arbitrariedad, injusticia y atropello al Estado de Derecho”, pero le presentó la renuncia como representante argentino ante el gobierno israelí al presidente Alberto Fernández y anunció que apelará la sentencia.
El fallo de primera instancia de hoy es una clara muestra de arbitrariedad, injusticia y atropello al Estado de Derecho. Voy a apelar con la convicción de que me asiste la razón. No obstante, he puesto a disposición del presidente mi renuncia como embajador.
— Sergio Urribarri (@SergioUrribarri) April 8, 2022
Según se supo anoche, el primer mandatario le aceptó la dimisión.
El Ministerio Público Fiscal había pedido doce años de cárcel para el dirigente del Frente de Todos (FdT) por “negociaciones incompatibles con la función pública, peculado e incumplimiento de los deberes de funcionario público”.
El presidente del Tribunal de Juicios y Apelaciones de Entre Ríos, José María Chémez, convalidó los argumentos de la fiscalía al entender que se organizó un sistema irregular para defraudar al Estado con distintas maniobras dolosas.
En la denominada “causa de las imprentas”, donde se investigó la difusión de la precandidatura presidencial de Urribarri, quedó acreditado para los jueces que todos los acusados (entre ellos Urribarri y otros exfuncionarios) cometieron diversos delitos, a excepción de dos personas: Maximiliano Sena y Alejandro Almada, que “tuvieron que ver con los hechos pero quedarían fuera de la condena por el paso del tiempo”.
La principal hipótesis apuntó al direccionamiento y cartelización de publicidad estática en las calles y rutas, en favor de las empresas cuya propiedad se le adjudica a Juan Pablo Aguilera, otro de los acusados y cuñado de Urribarri.
Asimismo, también se analizó el expediente por la publicación de una solicitada en contra de los “fondos buitres” en medios de comunicación nacionales y provinciales.
Al respecto el tribunal entendió que Urribarri y Pedro Báez, otro de los acusados, “utilizaron fondos públicos para un interés netamente particular, disfrazado de un acto de gobierno”.