Junto a aliados logró imponer su mayoría para aprobar los cambios al organismo. En Diputados el FdT avisó que no habrá tiempo para cumplir con el plazo de la Corte.
El Senado Nacional aprobó esta noche el proyecto de reforma del Consejo de la Magistratura por 37 votos a favor y 33 en contra gracias a que el oficialista Frente de Todos impuso su dictamen con la ayuda de bloques aliados.
Juntos por el Cambio se inclinó por la negativa al rechazar que se deje afuera de la conformación del cuerpo a la Corte Suprema de Justicia.
Ahora, la iniciativa deberá pasar a la Cámara de Diputados en una carrera contrarreloj para sancionar una nueva ley antes del jueves próximo, cuando vence el plazo dispuesto por la Corte para reemplazar la normativa vigente.
La Cámara de Diputados ahora tiene menos de una semana si pretende convertirlo en ley a tiempo; una misión imposible porque, al menos así como está, la iniciativa no cuenta con los votos suficientes.
Sin embargo, el propio jefe del bloque K, Germán Martínez, admitió que no habrá ley antes de la fecha fijada por el Máximo Tribunal. ​”El Senado aprobó el proyecto que modifica el Consejo de la Magistratura. Hay media sanción. Antes del 15 de abril hay que tener una nueva ley. Quedan 4 días hábiles. El tiempo es muy escaso para darle en Diputados un tratamiento responsable a un tema de este calibre”, avsió a través de Twitter.
El fallo de la Corte, que declaró inconstitucional la reforma de 2006, estableció que ​si antes del 15 de abril no hay una nueva norma, el Consejo debe volver al sistema anterior, cuando regía la ley de 1997, lo que significa una integración de veinte miembros con el titular de la Corte como presidente también del Consejo.
En la sesión especial de este jueves se puso en consideración el proyecto del Ejecutivo que el FdT logró consensuar con senadores aliados al incorporar los cambios propuestos por el rionegrino Alberto Weretilneck y de la misionera Magdalena Solari Quintana.
Al abrir el debate, el senador kirchnerista y presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Guillermo Snopek, cuestionó el fallo de la Corte que dispuso la inconstitucionalidad de la actual Ley del Consejo de la Magistratura. “La Corte, después de 16 años de vigencia, no hizo justicia. Pero sí hizo una ley”, opinó.
El legislador jujeño conminó a sus colegas a “tener ley para no dejar paralizada la Justicia” y agregó: “Tenemos que mejorar la calidad de la Justicia que tenemos, tiene que haber un organismo que nombre a los jueces y controle su conducta. Necesitamos una ley, no dejemos a la Justicia paralizada, tenemos la obligación de reglamentar”.
“Cumplamos con nuestro deber constitucional de legislar. Y que la Justicia se ocupe de emitir fallos, no de legislar. La sociedad hoy dice que la Justicia está peor vista que nosotros. Es el momento de recuperar a esa Justicia volviendo a la institucionalidad y al respeto entre todos”, cerró Snopek.
En el mismo sentido el senador oficialista Oscar Parrilli indicó se debatió un proyecto de ley “que nos vemos obligados a tratarlo por una actitud absolutamente inconstitucional (de la Corte). Hoy estamos sancionando una medida transitoria que nos impone el fallo de la Corte, que está avasallando al Poder Legislativo”, afirmó.
Luego críticó la gestión macrista: “No puedo dejar pasar por alto que estamos tratando un proyecto de ley enviado por el Ejecutivo por una actitud que tomó una Corte Suprema integrada por dos jueces que se eligieron a sí mismos como autoridades de la Corte, que aceptaron ser nominados por decreto y que, además, quien los propuso ahora está prófugo de la justicia de la Argentina. Está fugado en Uruguay”, en alusión al operador judicial del macrismo Fabián “Pepín” Rodríguez Simón.
Parrilli advirtió en su discurso que el hecho de que “una Corte diga ‘si no estoy yo, no hay independencia en la elección del Consejo’ suena muy raro”, y aseguró que “están diciendo por los diarios que va a asumir” el titular del máximo tribunal Horacio Rosatti como presidente del Consejo.
“Este fallo ha legislado, ha hecho cosas que no debía hacer, es como si nosotros sacáramos una sentencia contra alguien, no nos corresponde a nosotros”, añadió.
La semana pasada el FdT llegó a un acuerdo con los legisladores aliados Weretilneck y Solari Quintana para hacer lugar a sus reclamos y sumarlos detrás el proyecto oficialista para así garantizarse los votos en el recinto.
Por su parte, la senadora de JxC Beatriz Ávila defendió el dictamen en minoría de su interbloque. “Las funciones de la Corte Suprema y del Consejo de la Magistratura son complementarias, no pueden estar separadas en estamentos estancos”.
En el mismo sentido se expresó la senadora jujeña opositora y actual miembro de esa institución Silvia Giacoppo. “No hay equilibrio, ni independencia, violamos el espíritu del constituyente, este proyecto es para volver a ese espíritu. El eje inalterable de una democracia está en la limitación de cada uno de los poderes”, señaló..
Esta postura fue respondida por el senador tucumano del FdT Pablo Yedlin, quien explicó que la Constitución “en ningún momento prevé que sea el presidente de la Corte quien presida el Consejo de la Magistratura”.
Al momento de los cierres, el titular del bloque de la UCR, Luis Naidenoff, argumentó que el debate sobre la Magistratura “no tiene que ver con la Corte sí o la Corte no, eso es secundario, porque el problema central que estamos discutiendo en la Argentina es cómo se planta la política ante el Poder Judicial”.
El formoseño les habló da los senadores del oficialismo. “Ustedes consideran que la política tiene que tener el control del poder. No conciben a la política sin el control de todo” y agregó: “Si estamos votando para que el disciplinamiento pase por la política no entendieron nada”.
Y concluyó: “Nosotros discrepamos de esa mirada. Así como desde 2006 nos separan visiones distintas, en este tema de la justicia, como se trata del poder, nos separa un abismo”.
Al tomar la palabra como última oradora, ya que José Mayans finalmente le cedió la palabra, la vicepresidente del bloque del oficialismo, Anabel Fernández Sagasti, cuestionó la postura de la oposición.
“¿Cuál fue el vicio de origen que profundizó la crisis del Poder Judicial?”, se preguntó. “Fue cuando el gobierno macrista asumió y designó a dos jueces de la Corte Suprema de Justicia por decreto. Todos podemos hacer discursos muy bonitos, republicanos, pero uno cuando gobierna demuestra realmente quién es. Juntos por el Cambio debería pensar sus prácticas antes de intentar aleccionar al peronismo”, explicó.
En este sentido, hizo un relevamiento histórico de todos los proyectos de la oposición que durante los últimos años propusieron cambios al Consejo de la Magistratura, dejando afuera a la Corte. Ahí, listó iniciativas de Elisa Carrió, Mario Negri, Patricia Bullrich y el propio Luis Naidenoff.
“En conclusión, o nacieron de nuevo o en realidad lo que hacen en cada momento en que les toca decidir es hacerlo en base a la coyuntura y no las instituciones”, siguió Fernández Sagasti y justificó el voto por la positiva de su bloque: “Este Congreso está respondiendo a ese fallo político y judicial de una manera democrática y con responsabilidad institucional”.
El proyecto aprobado plantea que de los cuatro consejeros abogados, tres sean del interior, y que la misma proporción se respete con los consejeros jueces: que tres de los cuatro pertenezcan a cámaras ubicadas fuera del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).
Además, se establecen cuatro regiones: AMBA (Ciudad de Buenos Aires, La Plata y San Martín), Norte (Salta, Tucumán, Resistencia, Posadas, Paraná y Corrientes), Centro (Mar del Plata, Córdoba, Rosario y Mendoza) y Sur (Bahía Blanca, Comodoro Rivadavia, General Roca y Comandante Luis Piedrabuena).
El Consejo deberá estar integrado por un abogado y un juez por cada una de estas cuatro regiones, y además deberá cumplirse la regla de la paridad de género, con representación igualitaria.
Por otra parte, el Consejo deberá sesionar una vez por trimestre en el ámbito de las distintas cámaras federales del interior del país. En tanto, se creará una quinta comisión denominada de “Asuntos Federales”, la cual estará integrada por cuatro senadores, uno por cada una de las cuatro regiones mencionadas.
La fuerza política con mayor representación parlamentaria tendrá dos senadores en la comisión, mientras que la primera minoría y la segunda minoría tendrán un representante cada una.
Por último, a solicitud de Solari Quintana, se estableció que el representante designado por el Poder Ejecutivo no podrá ser reemplazado una vez finalizado su mandato por un integrante del mismo género, sino que deberán alternarse mujer y hombre.