Según el gobernador Mariano Arcioni, el 70 por ciento de la sede gubernamental en Rawson fue destruido por las llamas. Los grupos antiminería más violentos.
Fuego por doquier. Los incidentes ofrecieron postales que quedarán tristemente en la memoria popular. Un Volkswagen del Área Finanzas de la Policía ardiendo en plena calle Moreno, entre tantos coches y camionetas oficiales y particulares incineradas casi al azar, muchos estacionados detrás de la Jefatura de Policía.
O la responsable de Seguridad de la Municipalidad de Rawson, Laura Mirantes, corriendo matafuegos en mano por la calle para intentar apagar el incendio de los árboles en la Plaza Guillermo Rawson.
La sede de la Fiscalía de Rawson fue destrozada. Se perdieron archivos judiciales claves tanto en papel como de las computadoras, como en cada sede atacada. Muchos no se recuperarán.
También fue destrozada una de las entradas laterales a Legislatura donde los manifestantes ingresaron. Y el interior del Superior Tribunal de Justicia y de la Procuración General con vasta y sensible documentación.
Los Bomberos Voluntarios casi que no dieron abasto para intentar controlar tantos frentes de combate. Los daños, seguramente a contar en millones, no podrán valuarse hasta la otra semana.
Veredas y calles se regaron de piedras, cubiertas quemadas, hollín y cartuchos de escopeta. La música de fondo fueron los disparos sinfín. Nadie estuvo a salvo en el clímax de los enfrentamientos. Se vio a infantes y policías avanzar en formación cuando ya no había marcha atrás, y a encapuchados retroceder a piedrazos.
Cuando las llamas avanzaron en Casa de Gobierno no hubo más salida que evacuar a los policías: sus propios compañeros improvisaron una escalera para sacarlos del lugar de riesgo. A las ambulancias les costó llegar. El humo negro y tóxico hacía todo más complejo y nadie quería ser víctima de un piedrazo o una bala de goma perdida.