Los 27 han logrado pactar una posición común sobre el azote de la pandemia y cerrar filas frente a las amenazas de Vladímir Putin contra Ucrania.
La última cumbre europea de 2021, celebrada este jueves en Bruselas, ha estado dominada por los tres grandes temas de la agenda comunitaria durante este año: el interminable combate con el virus de la covid-19, la vertiginosa escalada de los precios de la electricidad y la explosiva partida geoestratégica con un presidente ruso dispuesto a retocar las fronteras nacionales del Viejo Continente.
Los 27 han logrado pactar una posición común sobre el azote de la pandemia y cerrar filas frente a las amenazas de Vladímir Putin contra Ucrania. Pero la crisis energética, con su tremendo impacto sobre la opinión pública de varios países, provoca profundas fisuras en el seno del club, con España entre las voces más airadas contra la aparente pasividad de Bruselas. Finalmente, tras horas de discusión, los Veintisiete no han logrado acordar unas conclusiones sobre energía.
“No hemos podido llegar a un acuerdo”, ha lamentado al término de la cumbre Pedro Sánchez, que ha acudido a la capital comunitaria con la intención de dejar claro que no ve suficiente el paquete energético adoptado por la Comisión Europea esta semana, que entre otras cosas propone la creación de reservas estratégicas de gas y la posibilidad de que los Estados miembros puedan acogerse a un esquema voluntario de compra conjunta de combustible dirigido a estas reservas, una medida que nació de una propuesta española en septiembre.
España, según fuentes de La Moncloa, ha querido centrar la discusión energética en si la UE está haciendo lo necesario y de forma suficientemente rápida. Y ha presionado para arrancar, en el texto de conclusiones del Consejo, compromisos concretos, como la capacidad de reacción temprana para frenar las altas volatilidades en los precios de la energía o abrir la puerta a una futura remodelación del modelo de fijación de precios que tenga en cuenta la mayor presencia de energías renovables.
El Gobierno español ha llegado a la cumbre con el aval de un documento de posición, preparado hace unas semanas, que apoyan también Francia, Italia, Grecia y Rumania, países que suman el 45% de la población europea.