El Fiscal General trata de frenar una regulación que llama a los ciudadanos a denunciar interrupciones del embarazo con un premio económico.
Texas, el segundo estado más extenso de la Unión detrás de Alaska, es territorio comanche para demócratas, minorías y cualquier ciudadano mínimamente progresista del país. Ahora más que nunca.
El presidente Joe Biden y su gabinete llevaban días pensando qué hacer contra la ley decididamente ultra que la mayoría republicana texana sacó adelante el miércoles de la semana pasada con la anuencia del Tribunal Supremo por cinco votos contra cuatro. Y anoche , después de darle muchas vueltas, el fiscal general y secretario de Justicia, Merrick Garland, anunció el paso que los demócratas y activistas esperaban: el Gobierno federal demandó a Texas por una norma que el Ejecutivo considera “abiertamente inconstitucional”.
El texto legal en cuestión prohíbe el aborto a partir de las seis semanas –cuando en muchos casos la gestante aún no sabe que lo es– e incentiva con hasta 10.000 dólares a los ciudadanos que denuncien con éxito a las mujeres que aborten fuera de ese plazo, así como a cualquiera que les ayude a hacerlo.