El fiscal Carlos Stornelli no lo apeló pero sí lo hicieron la UIF y uno de los acusados.
Pese a los pagos ilegales detectados en la llamada “causa de los cuadernos”, el juez federal Julián Ercolini sobreseyó a los directivos de Techint Paolo Rocca, Luis Betnaza y Héctor Zabaleta con el argumento de que se debieron a un supuesto “estado de necesidad” de la empresa.
La fiscalía de Carlos Stornelli ni siquiera apeló esa decisión, pero los camaristas federales podrán revisarla tras la presentación realizada por la defensa de Roberto Baratta, que fue procesado, y por la Unidad de Información Financiera (UIF).
El el exsubsecretario de Coordinación del ministerio de Planificación, en los hechos el número dos de Julio de Vido, apeló la medida y presentó una adhesión UIF, que conduce Carlos Cruz.
El organismo antilavado sostuvo que el juzgado hizo un recorte de pruebas para idear un “argumento forzado” y “arbitrario” que permitiera exculpar a los empresarios.
Además señaló que es cuestionable que en un ilícito de estas características, donde intervienen necesariamente dos partes, se desvincule a una y se responsabilice penalmente a la otra.
La resolución del juez decía que la dádiva estaba justificada para preservar la seguridad y mantener fuentes de trabajo en una planta de la empresa en Venezuela.