El Presidente ofreció depositar la mitad de su sueldo durante cuatro meses para conciliar. Fue presentado en el expediente y se formalizó la causa en su contra.

El fiscal federal Ramiro González formalizó esta noche la imputación y la apertura de una investigación penal contra el presidente Alberto Fernández por participar del cumpleaños de su pareja, Fabiola Yáñez, el 14 de julio de 2020 violando su propio decreto, que prohibía la reuniones sociales de más de diez personas.

El funcionario judicial escribió en el expediente que, “teniendo en cuenta las características de la denuncia relacionada con el evento del 14/7/21 (…) y a los fines de garantizar debidamente sus derechos de defensa, es que considero que en este estadio del proceso corresponde: formalizar la investigación descripta en los dictámenes aludidos contra el Sr. Presidente de la Nación, Dr. Alberto Ángel Fernández”.

El texto continúa con la lista de todos los investigados que participaron del festejo: Fabiola Yáñez, Carolina Marafioti, Severina Sofía Elizabeth Pacchi, Florencia Fernández Peruilh, Santiago Basavilbaso, Emanuel Esteban López, Fernando Daniel Consagra, Rocío Fernández Peruilh, Federico Abraham y Stefanía Domínguez.

“En consecuencia, notifíqueselos en los términos de los art. 72, 73, 279 y concordantes del Código Procesal Penal de la Nación”, señala el fiscal, lo que en la práctica implica notificarlos que quedan imputados, además de informarles sus derechos en esa calidad y la posibilidad que tienen de declarar.

Previamente, la Casa Rosada había informado oficialmente que el primer mandatario se había presentado en el expediente y ofrecido pagar la mitad de su sueldo durante cuatro meses para reparar el daño y conciliar, lo que sumaría unos 650.000 pesos.

El escrito del Presidente está firmado por él mismo como abogado y la presentación la efectuó “por derecho propio”, prescindiendo de la representación de Gregorio Dalbón, quien se había presentado ante la prensa como el letrado del mandatario en esta causa.

Ante la presentación del jefe de Estado el fiscal González solo dijo “téngase presente”, pero en el expediente ya se presentaron todos los invitados a la fiesta con sus abogados.

Se sumaron a la lista de letrados Fernando Burlando y Fabián Amendola, Mariano Lizardo; Juan Pablo Fioribello y Pablo Slonimsqui; Jorge Luis Ballestero, Alejandro Rúa, Mauricio D’Alessandro y Marcos D’Alessandro.

Exabruptos. Dalbón quedó afuera del caso luego de que este jueves tomaran dimensión sus declaraciones del 17 de agosto, antes de reunirse con Alberto F. para analizar su situación legal.

Durante un reportaje radial, Dalbón afirmó que González “puede hacer lo que quiera, pero es un coimero, y sabe que yo lo sé”. Luego agregó: “Si quiere venir a buscar plata, acá no la va a encontrar porque nosotros no lo vamos a coimear, ¿está claro?”.

Dalbón también cargó contra el juez federal a cargo de la causa, Sebastián Casanello. “Me importa un huevo que el juez sea Casanello. A mí los jueces me importan un huevo. Ni me va ni me viene. No le conozco la cara. Para mí Comodoro Py está recontra podrido y dentro de la pudrición está Casanello (…). Que venga Casanello, que lo vamos a atender”, completó el exabrupto..

Casanello delegó la causa en el fiscal González pero es, en definitiva, quien debe homologar un eventual acuerdo entre la fiscalía y el Presidente, si se avanza con la intención de la conciliación presentada por Fernández.

Ahora el fiscal debe analizar si admite esta propuesta del Presidente para acogerse a lo establecido en el artículo 59, inciso 6, del Código penal, que permite que se extinga la acción penal a cambio de reparar el daño.

Hay antecedentes de que otros casos en los que se violó la cuarentena se resolvieron de este modo, con los acusados pagando una suma de dinero y reparando el daño. 

La conciliación no implica admitir responsabilidad ni el hecho delictivo: solo acordar la extinción de la acción penal en un acuerdo entre partes como si se tratara de una “probation”.

Ahora bien, en el caso de los funcionarios públicos esto puede ser problemático y la “probation” no está permitida para ellos. Incluso hay antecedentes de conciliación intentados por funcionarios públicos en casos de fraude al Estado que no prosperaron.

En paralelo, la jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, analiza dos denuncias sobre los mismos hechos y estudia si le pide la causa a su colega porteño, pero el fiscal de que está a cargo de esas causas ya anticipó que el caso debe continuar en Comodoro Py 2002.

Si la magistrada plantea un conflicto de competencia, puede complicarse la estrategia de Alberto Fernández de conciliar lo antes posible y cerrar la causa en menos de quince días -antes de las PASO- y sin pisar los tribunales de Comodoro Py.