La nariz de Cleopatra, el hermano de Lenin colgado por el zar Alejandro III, la altura de Napoleón Bonaparte, el narcisismo de Donald Trump.

Circunstancias, detalles o genética son muchas veces fuerzas tan poderosas como las sociales, políticas y económicas para determinar el curso de la Historia.

Este miércoles 6, cuando el Congreso de Estados Unidos, el más antiguo cuerpo legislativo republicano del mundo, se reúna para consagrar el triunfo del demócrata Joe Biden como 46° presidente, más de un centenar de legisladores pondrán en escena un show que será una ofrenda, destructiva y potencialmente violenta, en el altar del narcisismo presidencial.

El ominoso clima que se vive en estas horas en Washington (ya las casas del jefe de la mayoría republicana del Senado, Mitch McConnell, y de la presidente de la Cámara de Representantes y primera en la sucesión presidencial, la demócrata Nancy Pelosi fueron vandalizadas este fin de semana) muy probablemente hará eclosión en 72 horas cuando una docena de senadores y más de 140 representantes republicanos se nieguen a aceptar la derrota del ocupante de la Casa Blanca.

(Prácticamente en la totalidad de los casos, salvo algún antecedente del siglo XIX, la reunión del Congreso del 6 de enero era una sesión ritual; no obstante, si un miembro de la Cámara de Representantes y un senador objetan el resultado de algún estado en la sesión conjunta, cada cámara deberá sesionar por separado para estudiar y resolver las objeciones. Esas objeciones solo proceden cuando ambas cámaras coinciden en apoyarlas, en caso contrario prevalece el resultado enviado por el estado en cuestión. NdR).

Trump, que cada vez que ha enfrentado una elección ha dicho “a priori” que aceptaría los resultados solo si ganaba, y que previo a los comicios del 3 de noviembre venía afirmando que su derrota sería prueba del fraude, ha presentado mas de 50 demandas judiciales para invalidar los resultados en los estados de Georgia, Arizona, Nevada, Wisconsin, Michigan y Pensilvania. Todas las demandas fueron desechadas por los jueces en diferentes instancias, incluso en la Corte Suprema, en dónde él cifraba alguna esperanza.

William Barr, su Fiscal General que dejó el gobierno en vísperas de Navidad, dijo en su momento que no había razones para sospechar de la limpieza de los comicios.

Pero más fuerte fue una declaración conjunta emitida el 12 de noviembre por el Consejo de Coordinación del Gobierno de Infraestructura Electoral, que está compuesto por altos funcionarios del departamento de Seguridad Nacional y la Comisión de Asistencia Electoral, así como por funcionarios que supervisan las elecciones. “La elección del 3 de noviembre fue la más segura en la historia de Estados Unidos. En este momento, en todo el país, los funcionarios electorales están revisando y comprobando todo el proceso electoral antes de finalizar el resultado”, le indica a Barr.

“Si bien sabemos que hay muchas afirmaciones infundadas y oportunidades de desinformación sobre el proceso eleccionario, podemos asegurarle que tenemos la mayor confianza en la seguridad e integridad de nuestras elecciones, y usted también debería (tenerla)”, agregaron, sin nombrar a Trump directamente.

La declaración se publicó en el sitio web de la Agencia de Seguridad de Infraestructura y Ciberseguridad (Cisa), que depende del departamento de Seguridad Nacional.

¿Qué hizo Trump?  Despidió por Twitter al director de Cisa, Christopher Krebs, por no seguir la línea bajada desde la Casa Blanca de que perdió como consecuencia del fraude y no porque obtuvo millones de votos menos que Biden.

Durante noviembre y diciembre, Trump no ha hecho otra cosa cosa que envenenar la discusión política y enfervorizar a las bases de su partido con teorías conspirativas, mentiras, falsas acusaciones y afirmaciones de que jamás concederá la derrota.

El resultado de esta guerra sucia ha hecho que el 40 por ciento de los estadounidenses esté convencido de que Trump perdió a causa de un fraude, en algunos casos perpetrado por una coalición de comunistas, líderes de empresas tecnológicas de Silicon Valley, demócratas y hasta republicanos pagados por el dinero de China.

Desde las elecciones Trump ha desparecido casi de los lugares públicos, ha dejado en manos de los pocos funcionarios que quedan en la Casa Blanca el manejo del gobierno en medio de una rampante ola de infecciones por el coronavirus que ya ha dejado más de 350.000 muertos, mientras se vanagloria, siempre por Twitter, del desarrollo de la vacuna que, debido a un descalabro logístico, no ha podido aplicarse ni a la mitad de los estadounidenses que se tenía planeado hacerlo para esta fecha.

Según su sobrina Mary Trump, una psicóloga clínica de vasta experiencia y que publicó en 2019 un libro sobre cómo la familia y en particular, su padre, modelaron los trazos más perniciosos de la personalidad del presidente, éste es “la única persona que he conocido que puede creerse su propio cuento. No creo que haya aceptado la verdad de la derrota. No creo que sea psicológica o emocionalmente capaz de eso”.

“Donald es una persona profundamente dañada. Probablemente la parte más central de la psicopatología de mi tío es la necesidad de negar cualquier realidad que lo muestre como un perdedor o como alguien que es débil”, agrego Mary en una entrevista concedida a la televisión a mediados de diciembre.

Esta patología es la que tiene a los Estados Unidos literalmente en un puño.

Basados en las mentiras del mandatario, los senadores que este miércoles levantarán la mano para rechazar los votos electorales de los seis estados que finalmente le dieron la victoria a Biden, lo harán en nombre de “un pueblo que no cree en la legalidad de la votación” precisamente después de que Trump y miembros de su partido se encargaran de machacar eso mismo durante dos meses.

Así, el senador texano Ted Cruz (a quien Trump le dijo en 2016 que su padre estaba involucrado en el asesinato de John F. Kennedy y que además su esposa era fea) se ha despojado de toda dignidad y liderará a la docena de senadores dispuestos a rechazar la voluntad popular, que sólo podrá ser sostenida por la mayoría demócrata en la Cámara de Representantes.

Sí, en los Estados Unidos existe un mecanismo para torcer las elecciones y es el que intentarán poner en práctica los republicanos. Según la ley, si al menos un representante y un senador objetan los resultados electorales en cualquier estado, las respectivas cámaras tienen dos horas para debatir y decidir si aprueban o no esos resultados. Debate que no ha ocurrido desde comienzos del siglo XIX.

La medida, que fue recibida con aplausos por el vicepresidente Mike Pence, que presidirá la sesión de la Asamblea Legislativa el miércoles, es obviamente simbólica pero se trata de un gesto hacia el electorado para advertir que el “trumpismo” está vivo y que quienes voten “por Trump” no deberán enfrentar un desafío en las internas para la próxima renovación de cargos electivos en 2022.

El pánico a que un tuit de Trump les genere un candidato interno por derecha ha hecho que muchos senadores y representantes no duden en poner a la democracia al borde del abismo si eso les garantiza que no enfrentarán la ira del culto a Trump.

La sesión del miércoles también será el marco de una manifestación de grupos derechistas convocados por el propio presidente a Washington. El sábado por la noche, Trump instó a sus seguidores en Twitter a “ser parte de la historia” y unirse a una marcha de protesta contra el resultado de las elecciones, este 6 de enero.

Este fin de semana los grupos en redes sociales, donde se convocan milicias, grupos supremacistas blancos y otros extremistas neofascistas, discutían la posibilidad de irrumpir por la fuerza en el Congreso para fusilar “in-situ” a los legisladores que no acepten la victoria de Trump.

Mas de 3.500 policías cercarán al Congreso e impedirán que los manifestantes se acerquen al edificio, pero es una incógnita qué sucederá cuando policías y manifestantes estén frente a frente.

La locura de la derecha republicana es tal que el viernes un juez federal desestimó una demanda presentada por un republicano de la Cámara baja que intentaba otorgar al vicepresidente Pence, quien presidirá la sesión de certificación del resultado del Colegio Electoral el miércoles, la facultad unilateral de revocarlo. Una apelación fue rechazada el sábado por la noche.

Marc Short, jefe de gabinete de Pence, dijo en un comunicado el sábado que el vicepresidente acogió con satisfacción el esfuerzo “para plantear objeciones y presentar pruebas ante el Congreso y el pueblo estadounidense el 6 de enero”.

Obviamente Pence, que pasó cuatro años haciendo genuflexiones hacia “el líder”, no quiere quedar fuera de la foto en este momento crucial en el que se acomodarán los caballos para la carrera de 2022 y, más importante, la de 2024.

Este sábado, el senador republicano por Utah Mitt Romney describió como “una estupidez” la idea de que una auditoría del Congreso restauraría la confianza en las elecciones, y dijo que el pueblo estadounidense confía más en los jueces federales que en el Congreso.

En un comunicado avanzó aún más: “La atroz estratagema para rechazar a los electores puede aumentar la ambición política de algunos, pero amenaza peligrosamente a nuestra República Democrática (…) Los abogados del presidente Trump presentaron su caso ante decenas de tribunales; en todos los casos, fallaron”.

Romney fue candidato presidencial en 2012 y estuvo cerca de ganarle a Barack Obama.

Es uno de los pocos republicanos que no ha perdido la razón pero, hoy por hoy, es un paria en el Great Old Party (GOP).