El descalabro económico estimula las versiones de cambios en el gabinete. Algunas, interesadas, echan a rodar nombres de candidatos que no lo serían o de otros que seguramente no estarían en el radar oficial o dispuestos a asumir en las actuales condiciones y con esta composición del gobierno.
Emergencia sanitaria aparte, desde el principio el gobierno de Alberto Fernández no emitió señales generadoras de confianza en la posibilidad de “encaminar” un proceso de recuperación sustentable de la economía argentina, trabada desde hace diez años. Bien se dice “recuperación”, en tanto la “solución” no es una expectativa lógica si por eso se entiende resolver los problemas rápidamente.
En esos términos no será una señal suficiente –aunque quizá sí necesaria- el cambiar funcionarios que por acción u omisión no han estado a la altura de las circunstancias, que son muchas, incluidas las tensiones internas de una coalición en la que sus miembros no tendrían coincidencias de objetivos, al menos en las prioridades.
La confianza es un activo intangible, una inspiración que se construye en el imaginario colectivo. Es una fuerza que vence resistencias casi milagrosamente, pero asimismo no es perenne. Tiene fecha de vencimiento. En este caso, dadas las angustias, esa fecha estará más cerca que lejos para la eventual fuente inspiradora de confianza. Los primeros resultados, entonces, deberían poder exhibirse antes de esa expiración. Así, podrá ir renovándose.
Como sea, el gobierno necesita generar confianza. Más que eso, los argentinos reclaman ver en la ejecución personas en quienes confiar. Lo hecho hasta el momento, en verdad, no ha sido suficiente en esa materia. Más bien, fue insuficiente y no será con discursos, mucho menos a los gritos, que se logrará esa conquista.
Con el canje de deuda, por caso, se intentó mostrar un éxito rotundo, tanto desde el oficialismo como desde el sistema financiero internacional. El gobierno creyó encontrar en ese capítulo el “mojón 0” desde el cual lanzarse a la carrera al éxito. Los argumentos se afirmaron en que fue despejado el horizonte de vencimientos y, por ende, del default, y en que hubo aceptación plena.
Pero la realdad muestra que el resultado no ha sido para tirar manteca al techo y/o consolidar un liderazgo. En medio de las conversaciones se derrocharon 4.500 millones de dólares, que bien podrían haber sido incluidos en el paquete a negociar.
El acuerdo, además, se demoró ocho meses y el punto de entendimiento estuvo mucho más cerca de lo pretendido por el acreedor que de lo ofrecido por el deudor.
Por último, ya en el mercado, los títulos derraparon rápido hacia zona de precios de default. ¿Victoria Pírrica? Diríase que no tanto; al fin, era mejor un mal acuerdo que un prolongado desacuerdo.
Ahora el gobierno inició otra renegociación, en este caso con el Fondo Monetario Internacional (FMI), organismo del que Argentina es el principal deudor. Este proceso impone no solo términos económicos y ser conducido por un equipo confiable. Incluye también pronunciamientos de política exterior en línea con las posiciones de los países que conducen a la institución. Simpatías con el gobierno de Venezuela como la expresada en la OEA no son bien vistas por esas naciones; en cambo, votaciones como la realizada en el Alto Comisionad en Derechos Humanos de las Naciones Unidas, son más convenientes. En todo caso, la diferencia habla de la falta de un rumbo en materia de política exterior.
Es cierto que cambiar de interlocutores en medio de la negociación con el FMI puede no resultar conveniente pero al mismo tiempo deberá evaluarse si no resulta más inconveniente mantener un esquema que no genera confianza en los operadores económicos. La urgencia indica que los datos de los próximos días darán la respuesta.
Lo que ya no se podrá hacer es seguir dictando medidas parciales, correctivas, que ratifican la impresión de que no hay un plan y afirman la inseguridad para las inversiones.
Cualquiera sean los nombres que salgan y/o que entren al gabinete -si es que se definen cambios- en todo sentido es impostergable un acuerdo dentro de la coalición de gobierno sobre métodos y objetivos, y la unificación de todas las carteras que tratan sobre los temas económicos bajo una conducción unívoca. Mantener la actual dispersión solo se explicaría en la necesidad del gobierno de repartir cuotas de pequeños poderes, resultado de, precisamente, los tironeos internos.