La Cámara Federal de Casación le dio curso a los decretos el Poder Ejecutivo que cesaron a los camaristas Bruglia, Bertuzzi y Castelli y puso fin a las subrogancias.

La Cámara Federal de Casación Penal, a través del Tribunal de Superintendencia de la Casación, avaló los decretos del Poder Ejecutivo que le dieron curso al rechazo de los traslados votado por el Senado para los camaristas Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Germán Castelli, por lo que queda allanado el camino para que vuelvan a sus tribunales de origen.
  
Por mayoría, con los votos de Ángela Ledesma, Ana María Figueroa Leonardi y Mariano Borinsky, el tribunal dispuso el cese de las subrogancias al Tribunal Oral en lo Criminal Federal 4, al Tribunal Oral en lo Criminal Federal 1 de La Plata y al Tribunal Oral en lo Criminal Federal 3 de San Martín de los jueces que habían reemplazado a Bruglia, Bertuzzi y Castelli. “Sin perjuicio de la conclusión de los juicios orales en trámite, asegurando una adecuada administración de justicia”, sostuvo la Superintendencia.

Por unanimidad, el tribunal dispuso “atender” los decretos 750/20, 751/20 y 752/20 publicados hoy en el Boletín Oficial, “en virtud del oficio remitido por el Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la Nación en el día de la fecha y consecuentemente elevar lo informado a conocimiento de la Excma. Corte Suprema de Justicia de la Nación, a sus efectos”.

Más temprano, el Gobierno Nacional había dejado sin efecto, a través de tres decretos, los traslados de los camaristas Bruglia, Bertuzzi y Castelli luego de que ayer se expidiera el Senado de la Nación en ese sentido.

Como parte del trámite, el Consejo de la Magistratura notificó a la Cámara Federal de Casación, autoridad administrativa de los jueces federales, la decisión del Senado de suspender los traslados dispuestos en 2018 por un decreto del entonces presidente Mauricio Macri.

El decreto 750/2020, que deja sin efecto el 278/2018, establece que el traslado de Bruglia del Tribunal Oral Federal 4 de la Capital Federal a la sala I de la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional Federal “no había completado el procedimiento” previsto en la Constitución Nacional, “ni se ajustaba a los parámetros estatuidos por la Corte Suprema en las Acordadas 4/18 y 7/18”.

De la misma forma, el decreto 751/2020 suspende el 902/18, que dispuso el traslado del juez Germán Castelli del Tribunal Oral Federal 3 de San Martín, en la provincia de Buenos Aires, al Tribunal Oral Federal 7 de la Capital Federal.

Finalmente, el decreto 752/2020 deja sin efecto los 438/10 y 835/18 que dispusieron el traslado del juez Pablo Bertuzzi del Tribunal Oral en lo Criminal 1 de La Plata al Tribunal Oral en lo Criminal Federal 4 de la Capital Federal, y de éste a la sala I de la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional Federal.

Entre sus fundamentos, el Ejecutivo señaló que la Constitución establece “un único mecanismo para el nombramiento de los jueces federales” en base a “una propuesta vinculante en terna del Consejo de la Magistratura, con acuerdo del Senado, en sesión pública”.

La medida que inició el Consejo de la Magistratura en julio, con la revisión de los traslados irregulares, a instancia del consejero representante del Poder Ejecutivo, Gerónimo Ustarroz, se completó ayer con la definición del Senado y hoy con la instrumentación del Gobierno mediante los tres decretos que suspenden los traslados de los magistrados.

El mecanismo para designar jueces federales requiere un tratamiento complejo consagrado en el artículo 99, inciso 4, de la Constitución Nacional, que inicia el Consejo de la Magistratura con la convocatoria y evaluación de los antecedentes y condiciones de los postulantes.

Primero la comisión de Selección y luego el pleno del Consejo define ternas para elevar al Poder Ejecutivo, en base a la carrera profesional, antecedentes académicos, exámenes y una entrevista personal, todos estos pasos que se ejecutan de manera pública.

En base a la terna vinculante que le eleva el Consejo, el Poder Ejecutivo elige al candidato cuyo pliego traslada al Senado para que obtenga, o no, el acuerdo de la Cámara alta.

Los tres jueces con sus traslados cuestionados decidieron no presentarse a la convocatoria de la comisión de Acuerdos del Senado ante la convicción de que eran víctimas de un “ataque prepotente y coordinado”, como sostuvo Castelli en una entrevista con un canal de noticias.