El Gobierno porteño planteó la inconstitucionalidad del decreto del presidente Alberto Fernández que oficializó la poda de 35.000 millones de pesos anuales.

El gobierno de la Ciudad que encabeza Horacio Rodríguez Larreta planteó hoy ante la Corte Suprema la inconstitucionalidad del decreto del presidente Alberto Fernández que decidió, la semana pasada, la quita de fondos de coparticipación por 35.000 millones de pesos anuales para cubrir el aumento de sueldos de la Policía bonaerense.

Lo hará, a través del Procurador de la Ciudad, Gabriel Astraloa, horas antes de que, por la tarde, Nación, Provincia y Ciudad comiencen a definir cómo continuará la cuarentena en el Área Metropolitana (AMBA) en un encuentro entre los jefes de Gabinete de las tres jurisdicciones.

Que no se reúnan Fernández, Larreta y Axel Kicillof, como en todas las ocasiones anteriores previas a la renovación de la cuarentena, indica el grado de deterioro en el que se encuentra la relación luego de la intempestiva decisión del primer mandatario de hace una semana.

Larreta fue avisado de la quita minutos antes de que el Presidente la anunciara secundado por intendentes peronistas y de Juntos por el Cambio, que luego aseguraron que no habían sido informados del contenido de la medida.

Aquel miércoles por la noche el jefe de Gobierno porteño comenzó a diagramar su estrategia jurídica para intentar contrarrestar la decisión presidencial, que benefició a Kicillof, apadrinado por la vicepresidenta Cristina Kirchner.

El equipo legal de Larreta ya lleva escritas más de 100 páginas para argumentar su posición en la presentación ante el máximo tribunal de Justicia.

Astarloa junto al secretario de Justicia, Marcelo D’Alessandro, y el subsecretario, Jorge Djivaris, son los tres funcionarios a cargo de la presentación ante la Corte.

“Tenemos un caso sólido”, aseguran en el Ejecutivo porteño. Saben que las posibilidades de que la Corte se haga eco de la medida cautelar con la que la Ciudad intentará frenar el descuento diario de los fondos que recibe por coparticipación del Estado nacional son bajas. Pero aún así tienen esperanzas: “Había un presupuesto armado y la decisión del Gobierno se dio de manera intempestiva, de un día para el otro, y en medio de una pandemia”, insisten.

Larreta apunta a plantear la supuesta inconstitucionalidad del decreto presidencial a través del cual se recortó 1,18 puntos de la coparticipación  para crear un fondo financiero para la provincia de Buenos Aires, y que Kicillof utilizó para concluir el conflicto salarial con la Bonaerense.

La Ciudad busca fortalecer su posición y debilitar el decreto que la Casa Rosada utilizó para recortar el presupuesto, y que a principios de 2016 Mauricio Macri aumentó, también por decreto, por el traspaso de la Policía Federal. Pasó en su momento de 1,4% a 3,75%, pero un año más tarde, con la firma del pacto fiscal, quedó en 3,5%.