La vice Aráoz renunció, el presidente Vizcarra convocó a elecciones parlamentarias para el 26 de enero pero el Congreso disuelto por el Ejecutivo desconoce su autoridad.

El presidente de Perú, Martín Vizcarra, ordenó este lunes la disolución del Congreso y convocó a elecciones parlamentarias para el próximo 26 de enero, pero el legislativo unicameral, de mayoría opositora, votó suspender al mandatario de sus funciones por 1docemeses y la vicepresidenta, Mercedes Aráoz, juró en su lugar de manera interina.

Sin embargo, al día siguiente las fuerzas de seguridad bloquearon el acceso del Parlamento luego de expresar su apoyo incondicional a la investidura presidencial de Vizcarra y poco después, Aráoz presentó su renuncia, tanto a la vicepresidencia como a la posición de jefa interina del Gobierno.

De este modo, el país andino afronta una de las mayores crisis institucionales en toda su historia y la sociedad permanece desde hace horas atravesada por la incertidumbre: ¿quién gobierna? ¿Hay o no hay Parlamento? ¿Cómo se forma el Tribunal Constitucional? ¿En qué se relaciona el terremoto político con las causas de corrupción que salpican a la clase dirigente? ¿Debería intervenir algún organismo internacional en los asuntos de Lima?

He decidido renunciar irrevocablemente al cargo de Vicepresidenta Constitucional de la República. Las razones las explico en la carta adjunta. Espero que mi renuncia conduzca a la convocatoria de elecciones generales en el más breve plazo por el bien del país. pic.twitter.com/c4tz4tnzMw

— Mercedes Aráoz (@MecheAF) October 2, 2019

Ejecutivo vs. Parlamento. Según el decreto publicado el 30 de septiembre, que lleva la firma del propio Vizcarra, se tomó la decisión de disolver el Congreso peruano porque este habría vuelto a rechazar la “cuestión de confianza”, tal como sucedió en 2017.

En efecto, el artículo 134 de la Constitución establece que si la negativa parlamentaria ocurre contra dos Gabinetes del mismo Gobierno, el Ejecutivo tiene la potestad de suspender las funciones de aquel establecimiento y sus legisladores. 

Pero, ¿qué es la cuestión de confianza? Se trata de un mecanismo presente en varios países democráticos donde la Presidencia solicita el respaldo del Congreso para implementar alguna medida puntual, ante el eventual riesgo de que peligre la calidad institucional de una nación. En el caso peruano, el oficialismo considera que el sistema para la elección de jueces en el Tribunal Constitucional (TC) es poco transparente, o ilegítimo, entonces pidió la “confianza” de los legisladores para impulsar una reforma en el proceso de selección. 

Dicho en términos políticos, Vizcarra percibía que la mayoría opositora del Parlamento buscaba poner magistrados afines a ella en el TC: “La oposición, liderada por Fuerza Popular (FP) y el Partido Aprista Peruano (PAP), llevaba días maniobrando para hacerse con el control de la Corte”, dicen desde el equipo comunicacional del presidente. Así, a sabiendas de que el Congreso no podía rechazar su planteo de confianza dos veces, el Ejecutivo ingresó el pedido “de modo urgente”. 

No obstante, según el relato oficialista, el planteo fue rechazado: “Al premier y a su Gabinete les cerraron las puertas y por varios minutos permanecieron sin acceso a la Oficialía Mayor del Parlamento”, relataron a RT. En contrapartida, mientras el Gobierno proponía suspender la elección de seis jueces, el Congreso continuó con la votación para nombrar a nuevos funcionarios en el TC, crispando más las aguas.

Por eso, el Ejecutivo interpretó que su pedido de confianza había sido desoído y vio que tenía luz verde para anular al Congreso y convocar a elecciones parlamentarias en enero con el fin de reemplazar las bancas hasta julio del 2021, cuando finaliza el actual mandato. La medida fue celebrada en las calles por miles de peruanos.

Sin embargo, mientras Vizcarra anunciaba la disolución del Congreso, los legisladores atendieron el pedido de confianza y lo aprobaron, para intentar seguir en funciones. Luego, votaron para suspender al mandatario de su cargo por un año y en su lugar juró la vice Aráoz como “interina”.

No obstante, apenas transcurridas unas horas, Aráoz renunció a la vicepresidencia, que ocupaba desde julio de 2016, y rechazó al mismo tiempo reemplazar a Vizcarra. En Perú, el cargo de “usurpación de función pública” puede castigarse con la prisión. 

La importancia del Tribunal Constitucional. La Justicia suele ser parte del equilibrio entre los poderes del Estado, o así debería ser en cualquier sistema republicano. Sin embargo, cooptar al máximo órgano judicial de un país puede ser la obsesión de la clase política o empresaria, y Perú no es la excepción.

Actualmente, el TC está compuesto por siete jueces, y seis de ellos deben ser reemplazados por el fin de sus períodos, que duran cinco años. En gran medida, el futuro político del país depende de la actuación de la Corte en diversos casos de corrupción.

Por un lado, la líder opositora de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, tiene prisión preventiva desde octubre del 2018. Su partido domina el Parlamento y si se mantiene el sistema actual de elección de jueces, será esta fuerza  —junto a algunos votos aliados— la que determine quiénes impartirán justicia sobre el caso de su referente, investigada por haber recibido aportes irregulares de la constructora brasileña Odebrecht para su campaña electoral. 

Entre tanto, la Fiscalía avanza y se espera que tome nuevas declaraciones a importantes empresarios de esa firma, que revelarían más nombres de congresistas involucrados en la aparente trama de irregularidades. 

A su vez, el TC actual ya rechazó el indulto al expresidente Alberto Fujimori, otorgado por el entonces mandatario Pedro Pablo Kuczynski en 2017.   

Antecedente destituyente. Para comprender la medida extrema del Poder Ejecutivo vale repasar que el Congreso peruano protagonizó en marzo de 2018 el segundo pedido de vacancia contra el entonces mandatario,  Kuczynski, con la intención de destituirlo.

A los pocos días, un congresista presentó videos donde se veía que intentaban sobornarlo para votar en contra de la destitución de Kuczynski a cambio de obras públicas. Por el escándalo, el mandatario se vio obligado a renunciar el 21 de marzo y Vizcarra lo reemplazó dos días después.