La Justicia tomó como válida su declaración, a la que suma la de otro ex barra que también fue beneficiado. Le pondrán una tobillera electrónica.

La jueza de Avellaneda Brenda Madrid aprobó el pedido de prisión domiciliaria de Pablo “Bebote” Alvarez, el ex líder de la barra brava de Independiente que está procesado como jefe de una asociación ilícita que realizó maniobras defraudatorias contra el club.

Pablo Moyano, el hijo de Hugo, está acusado de haber dirigido la asociación ilícita junto a Álvarez, pero como fue indagado posteriormente  no está incorporado en este primer tramo de la causa.

La decisión de la magistrada se debe a que creyó en la versión de Alvarez y de otro exbarra, que complicaron a los Moyano.

La semana pasada, el fiscal Sebastián Scalera pidió la elevación a juicio oral del acusado junto a otros involucrados en la causa. Asimismo, como la jueza aceptó su confesión como válida en el expediente, la fiscalía pidió una morigeración de su situación procesal. 

Esta primera parte del expediente incluye a Damián Lagaronne y Roberto “Polaco” Petrov, y a los dirigentes Noray Nakis y Hector “Yoyo” Maldonado, entre otros.

En su extensa confesión el ex líder de la barra brava señaló que Pablo Moyano era quién le daba el dinero de las entradas y que fue con él con quién cerró un acuerdo económico para financiar a la barra brava, con 400.000 pesos por campeonato, 30.000 por partido y otros 30.000 por cada encuentro de la Conmebol.

En este contexto se tomó como válida la confesión del exlíder de la barra brava, lo que le servirá para reducir su pena ante una eventual condena en el juicio oral.

En su testimonio, Alvarez se refirió al rol de Pablo y Hugo Moyano, quienes “manejaban todo en el club y realizaban diferentes defraudaciones”, dijo, y mencionó a un grupo de empresas de la familia Moyano y casos de sobreprecios.

“Ellos (por los Moyano) eran quienes manejaban todo”, afirmó, y recordó que él “cumplía órdenes de Pablo Moyano, él me daba la plata, las entradas, todo”.

La acusación contra “Bebote” Álvarez sostiene que “desde fecha indeterminada y al menos hasta el mes de noviembre de 2017, operaba en el club una asociación ilícita integrada por un grupo variable y no determinado de personas del sexo masculino y femenino, todos mayores de edad, siendo parte de la misma una facción de la hinchada del club Independiente”, señala el requerimiento de elevación a juicio.

La Fiscalía también determinó que este grupo de personas lideradas por Álvarez -quien según su confesión como arrepentido a su vez respondía órdenes de Moyano (h)- “se reunían habitualmente con motivos de encuentros futbolísticos en donde interviene el equipo en las inmediaciones de su estadio, además de sus sedes sociales y lugares en donde se disputan los encuentros, como así también en los sitios en los que el equipo de primera división de Independiente concentra previo a los partidos y en los lugares de entrenamiento”.

La acusación incluye maniobras defraudatorias contra Independiente  “mediante la gestión, obtención, impresión oculta y reventa de entradas, “protocolos” de acceso a los espectáculos deportivos de dicha institución, bonos y cuotas sociales por fuera del ámbito societario y sin ingresar el producido económico al patrimonio del club”.

El fiscal sostuvo que existía en el marco de la organización un sistema de concesiones recíprocas entre parte de la dirigencia (Moyano, Nakis, Maldonado) y la barrabrava.

Es decir que la dirigencia del club funcionaba como fuente de financiamiento de la barra, a través de la venta irregular de entradas, cuotas, bonos, protocolos, viajes, dinero en efectivo, explotación de puestos en espacios públicos y otros mecanismos. A cambio, los dirigentes contaban eventualmente con los “servicios de la barra”.

Todos los involucrados en la maniobra fueron acusados por el fiscal Scalera como partícipes de “una organización criminal” que incluía a “directivos, empleados, socios y algunos simpatizantes del Club”. El pedido de elevación a juicio que incluye a Pablo Moyano será realizado en los próximos meses.

En el expediente, el fiscal Scalera realizó un desdoblamiento de la causa en relación a Moyano (a quien los otros acusados llamaban “Salvaje”), Ayelén Petrov (hija del Polaco) y Carlos Zambrana (“Carlín” del barrio Pepsi). Todos ellos fueron indagados con posterioridad a los primeros procesamientos, lo que explica el retraso de su definición en el expediente.