El cuestionado juez Javier Anzoátegui habilitó la feria judicial para el desarrollo del proceso.

Comenzó esta mañana el juicio por la muerte de la periodista y legisladora porteña Débora Pérez Volpin, con un endoscopista y una anestesista como principales acusados y la cuestionada -por la querella- habilitación de la feria judicial por parte del juez del caso, Javier Anzoátegui.

El debate se llevará a cabo en los tribunales de Talcahuano desde las 9.30 y en el banquillo estarán el endoscopista Diego Bialolenkier y la anestesista Nélida Puente, quienes están acusados del delito de “homicidio culposo”.

El juicio se desarrollará durante las dos semanas de feria judicial, para la cual se habilitó la causa, lo que fue duramente criticado por el abogado querellante, Diego Pirota, quien destacó que se acumulan los pedidos de juicio político contra el magistrado.

El debate iba a comenzar el 10 de junio pasado pero se suspendió a raíz de unos recursos pendientes que finalmente fueron rechazados.

Para el inicio está prevista la lectura de la acusación contra los médicos y darles la posibilidad de decir sus últimas palabras, aunque será una jornada larga hasta última hora de la tarde ya que también se espera el testimonio de Enrique Saco, pareja de Pérez Volpin al momento de su muerte.

Luego, durante todos los días de la semana próxima está previsto escuchar desde las 9.30 hasta la tarde, una serie de testimonios, en su mayoría de médicos que actuaron junto con los acusados, pero también de peritos oficiales que lo hicieron en la investigación.

La acusación en el debate estará a cargo del abogado de la familia de la periodista, Pirota, y la fiscal del juicio María Luz Castagni, y se desarrollará en la sala más grande del Palacio, donde se juzgó a las juntas militares por delitos de lesa humanidad durante la última dictadura cívico-militar y a los responsables de la tragedia de República Cromañón, entre otros.

Pérez Volpin murió el 6 de febrero del año pasado mientras le realizaban una endoscopía en el Sanatorio de la Trinidad, en el barrio porteño de Palermo.

Los especialistas que participaban del estudio médico fueron Bialolenkier y Puente, quienes enfrentan una condena máxima de cinco años de prisión y de hasta diez de inhabilitación profesional.