Lo hizo en su declaración en el juzgado de Bonadio en la causa por los llamados “cuadernos de la corrupción”.

La viuda de Daniel Muñoz, Carolina Pochetti, aseguró que el exsecretario privado de Néstor Kirchner le pagó un millonario soborno al juez federal Luis Rodríguez a cambio de que lo beneficiara en una causa, según pudo reconstruir La Nación con testimonios de cinco fuentes judiciales.

Pochetti detalló en su confesión ante el fiscal Carlos Stornelli que su marido desembolsó una cifra millonaria en dólares para que el juez Rodríguez lo favoreciera en un expediente, indicaron las fuentes.

El juez Claudio Bonadio, que ya aceptó ese testimonio dentro del expediente, tomaría distintas medidas en las próximas horas a raíz de la declaración de la viuda de Muñoz, el hombre que recibía los bolsos cargados de dinero por orden de los Kirchner.

Pochetti brindó más detalles de la operación en su confesión que, en las últimas horas, se convirtió en un secreto a voces entre jueces, fiscales y abogados que caminan los pasillos de Comodoro Py.

La viuda de Muñoz señaló que los pagos se concretaron mediante un intermediario que aparece entre los imputados por los cuadernos de las coimas, también del entorno de Daniel Muñoz, confió una fuente con acceso a esa confesión.

Ante la consulta de LA NACION, desde el entorno de Rodríguez negaron la acusación de Pochetti y consideraron que se trata de una denuncia “informal”.

Dijeron además que el juez no fue notificado por ninguna vía sobre posibles medidas que lo involucren, pero remarcaron que el magistrado todavía se lamenta por no haber detenido a Muñoz y a Pochetti.

En rigor, Rodríguez benefició al matrimonio Muñoz en dos expedientes: en primer lugar, en julio de 2015, los sobreseyó en la causa que investigaba los dichos de la exsecretaria privada de Kirchner, Miriam Quiroga, que aseguró haber visto que Muñoz trasladaba bolsos con dinero para su jefe.

Pero Rodríguez volvió a intervenir en otra causa después de que el diario La Nación revelara que el exsecretario privado aparecía en los “Panama Papers”, y también favoreció a los imputados con decisiones clave.

A pesar de los reiterados pedidos del fiscal Carlos Stornelli para detenerla, el juez aceptó un pedido de eximición de prisión presentado por la defensa de Pochetti.

Mientras el magistrado les aseguraba la libertad, el entorno de Muñoz movió los 70 millones de dólares que tenían en el exterior vendiendo las propiedades a través de un grupo de testaferros, todos ahora investigados por la Justicia.

La Cámara Federal desplazó en octubre al juez Rodríguez de esa causa al considerar que había beneficiado a los Muñoz en reiteradas ocasiones.

Los camaristas Martín Irurzun y Leopoldo Bruglia recordaron, además, que Rodríguez se había opuesto a los pedidos de Stornelli de congelar las cuentas bancarias en Estados Unidos, aún cuando había evidencias de que se estaban moviendo los fondos y con el riesgo de que desaparecieran.

Al revocar esa decisión, la Cámara Federal despejó el camino para que Pochetti y otros miembros del entorno de Muñoz fueran detenidos por el juez Bonadio en el marco de la causa de los cuadernos de las coimas.

Varios de ellos se transformaron en arrepentidos y confesaron las maniobras realizadas para ocultar los fondos mientras permanecían en libertad.

Los fallos que beneficiaron a Muñoz y su familia le costaron a Rodríguez dos pedidos de juicio político en el Consejo de la Magistratura por denuncias de Elisa Carrió y Ricardo Monner Sans, ambos todavía activos en el organismo, que cuenta con mayoría del oficialismo.

Aquellas acusaciones podrían tomar un nuevo impulso después de conocida la confesión de Pochetti.

Rodríguez fue designado juez federal de primera instancia en 2012 y su desembarco en Comodoro Py fue accidentada: fue acusado de haber hecho trampa en el examen cuando concursaba para el cargo.

La prueba que le tomó el Consejo de la Magistratura fue similar a un fallo cuyo expediente había solicitado unas semanas antes desde el juzgado que él subrogaba.

Su designación, además, había sido impugnada por organismos de derechos humanos como las Madres de Plaza de Mayo por las supuestas irregularidades en el concurso y por una supuesta afición a coleccionar objetos nazis.

Rodríguez sostuvo que, en realidad, era coleccionista de piezas de la Segunda Guerra Mundial.

Para su nombramiento contó con el apoyo de Javier Fernández, el operador judicial del kirchnerismo que manejó los hilos de la Justicia durante años.

Fernández es padrino de la hija de Rodríguez e impulsó su designación como juez, pero además Rodríguez está vinculado a Jaime Stiuso, que apadrina a su otro hijo, y durante el kirchnerismo fue el “factótum” de la exSide.

Stiuso fue desplazado de esa repartición por Cristina Kirchner en diciembre de 2014, un mes antes de que su protegido, el fiscal de la causa AMIA, Alberto Nisman, apareciera muerto de un disparo en la cabeza en su departamento de Puerto Madero.