La diputada los acusó de cometer “actos de manifiesta arbitrariedad en el ejercicio de sus funciones” en la causa de la venta de armas a Croacia y Ecuador.

La diputada nacional Elisa “Lilita” Carrió presentó un escrito ante el Consejo de la Magistratura en el que ide la destitución del tribunal que absolvió al senador y ex presidente Carlos Menem y a otros acusados en la causa por la venta de armas a Croacia y Ecuador.

En el escrito, Carrió pidió que se suspenda a los jueces Liliana Catucci, Eduardo Riggi y Carlos Mahiques y que se formule la acusación y enjuiciamiento por la “realización de actos de manifiesta arbitrariedad en el ejercicio de sus funciones”.

El 4 de octubre, Catucci, Riggi y Mahiques -integrantes de la Sala III de la Cámara de Casación Penal- absolvieron al ex presidente y de otros diez acusados por considerar que se había violado la garantía constitucional de ser juzgado en un “plazo razonable” ya que hacía 23 años que había iniciado el juicio.

Para la diputada, quien presentó el escrito junto a sus compañeras de bancada, Paula Oliveto y Marcela Campagnoli, los magistrados desestimaron el hecho de que la defensa del ex presidente presentara múltiples recursos para extender el tiempo procesal.

“En lugar de considerar la capacidad de Menem de intervenir en la causa para su beneficio, los jueces atribuyeron los desvíos procesales inexplicables a meros errores cometidos por parte de operadores judiciales inferiores”, argumentó Carrió.

Carrió y los integrantes de la Coalición Cívica presentaron un informe sobre las causas de corrupción que se iniciaron por las denuncias de la diputada y los integrantes de sus partido durante los últimos años y advirtieron que de las 110 denuncias que realizaron solo cuatro llegaron a juicio oral.

El documento elaborado por Carrió y su partido se llama “lucha contra el crimen organizado y la corrupción. Luces y sombras de la Justicia argentina”.

“Las causas no suelen avanzar en contra de funcionarios que pertenecen al poder de turno, o tienen la cobertura del mismo, y en los pocos casos que proceden suele ser cuando toman estado público y los jueces se sienten muy observados por la opinión pública, o se acerca el final de un gobierno. Esto ha convertido a la Argentina en un país al margen de la ley”, sostiene el escrito de la CC.“

“De las 110 denuncias penales relevadas, dieciséis fueron archivadas inmediatamente y ocho fueron cerradas sin ningún tipo de investigación, hasta cinco años después, por supuesta inexistencia de delito. Se mantuvieron activas sólo en apariencia, pero sin desplegarse ninguna actividad jurisdiccional real. Incluso hay muchísimas causas que recién después de cuatro o cinco años se resolvió qué el juzgado interviniente. Por el contrario, el total de causas elevadas a juicio resultan ser tan sólo cuatro, sin contar ninguna con sentencia firme”, añade el documento.