El ex titular de la Cámara de la Construcción aportó datos clave sobre el circuito de las coimas. ¿La primera fisura en el cartel de la obra pública?
El testimonio como imputado colaborador de Carlos Wagner, ex presidente de la Cámara Argentina de la Construcción (CAC), podría ser el comienzo de una fisura en el bloque del cartel de la obra pública en el caso de los llamados “cuadernos de la corrupción”. Para quedar en libertad hasta una sentencia moderada, Wagner le explicó a la Justicia que su empresa, Esuco, le pagó coimas al ex ministro de Planificación, Julio de Vido, y a sus más estrechos colaboradores para quedarse con licitaciones estatales.
Cada circunstancia es particular, y las que viven los empresarios sindicados por el juez federal Claudio Bonadio y el fiscal Carlos Stornelli de pagar sobornos a funcionarios K son distintas, sin duda. Todos disponen de los mejores abogados del país pero no todos acudieron de la misma manera al juzgado. Y, tampoco, todos salieron igual. Ya volveremos sobre este punto.
Lo que importa ahora es que, en una extensa declaración, Wagner cantó que pagaba “un retorno del 10 al 20 por ciento a la política”, la que entre 2003 y 2015 administraba el Estado, que les “otorgaba obras de ingeniería civil”. Apuntado como partícipe necesario de la asociación ilícita que movió, según la Justicia, cerca de 200 millones de dólares en sobornos durante diez años, el de Esuco fue el primer empresario del sector en admitir el pago de coimas. Todos los demás, sin distinciones, asumieron solo que hicieron aportes de campaña.
Naturalmente, ahora está en la capacidad -y la voluntad- del juez y el fiscal, que hasta aquí todos insisten se han manejado con notoria homogeneidad, el lograr que cierre el círculo demostrando que hubo una asociación ilícita entre funcionarios y empresarios, las responsabilidades de cada uno y las consecuencias económicas para el Estado y para ellos mismos. Además de si se cometieron otros delitos como el de lavado.
El dueño de Esuco se sumó a la extensa lista de los “arrepentidos” en este expediente, después de un “relevante aporte de información” ante Stornelli, quien lo aceptó como imputado colaborador, lo que fue homologado por Bonadio. Fue el primero en revelar cómo funcionaba la “cartelización de la obra pública”, algo relevante y que le asegura que podrá pasar en libertad el juicio y, seguramente, recibirá una condena atenuada.
Los demás, hasta aquí no han aportado nada sustancial. Admitiendo que pagaron -incluso en negro- aportes de campaña, no ayudarán a fortalecer la tesis de la cartelización. Hasta aquí, ganaron tiempo.
No obstante, los empresarios de la construcción y del sector energético viven en conmoción por esta causa, que investiga un entramado de coimas y retornos millonarios. La declaración de Wagner fue calificada como de “gran relevancia para la causa”, según fuentes judiciales, que como nunca alternan una gran actividad procesal con otra similar de provisión de información a los medios.
En la última semana 23 empresas quedaron investigadas en el expediente por asociación ilícita y la AFIP, según fuentes judiciales, inició una investigación por presunta evasión fiscal y lavado de activos.
Wagner dejó expuesto “un sistema que implementó Julio De Vido” y del que eran parte “José López y Roberto Baratta”, según declaró.
En la mira de la Justicia están las principales compañías que recibieron contratos con el gobierno kirchnerista y muy pocas con la actual gestión.
Ahora comenzó un “operativo desmarque”. Es el caso, por ejemplo, de Eduardo Hugo Antranik Eurnekian, más conocido como Hugo Eurnekian, sobrino del dueño de Corporación América, el longevo Eduardo, quien se presentó espontáneamente para señalar que había dado dinero en negro a Baratta como un aporte para las campañas electorales del kirchnerismo. Como nos preguntáramos de los otros empresarios que solo admitieron este delito menor, el juez buscará saber a cambio de qué lo hizo. ¿De menores controles a la gestión de los aeropuertos? ¿De mejores condiciones en licitaciones de obra pública? ¿Las dos cosas?
Ocurre lo mismo con Ángelo Calcaterra, el primo que le causó tanto dolor al presidente Mauricio Macri. También de manera voluntaria, y anticipándose a su mano derecha en Iecsa, Javier Sánches Caballero, el lunes pasado acudio a ver a Bonadio y a Stornelli para decirles que había hecho aportes a las campañas K porque lo “apretaban”. La explicación que debía cometer un delito para poder seguir jugando en las grandes ligas de la obra pública es, cuanto menos, cuestionable. Pero teniendo en cuenta los montos de los negocios que ganó Iecsa durante el kirchnerismo, es poco creíble. ¿Algunos cientos de miles de dólares por cientos de millones en licitaciones?
Stornelli, en su acusación, y basándose en los incinerados cuadernos del chofer de Baratta, sostuvo que los recaudadores de la asociación ilícita contaron con la participación de empresarios que pagaron 35,6 millones de dólares “en un sinnúmero de oportunidades entre 2008 y 2015”. Para él, esto “permite acreditar la permanencia en el tiempo de la organización ilícita”.
Según Wagner, “no era importante quién ganaba, el sistema funcionaba con las empresas que eran parte de él”. ¿Cómo se gestó ese “sistema” de “cartelización de la obra pública”. Fue en una reunión con De Vido, quien “dijo que debía funcionar de esa manera y que quien quisiera participar debía ajustarse a las reglas”, según Wagner.
¿Quiénes decidían quiénes ganaban? Las propias empresas. Conocían el “sistema” y después cada contratista arreglaba con José López o con Baratta la modalidad de pago. Como en cualquier parte del mundo, pero “a la argentina”, con porcentajes exorbitantes y hasta obras que jamás se hicieron o quedaron por la mitad.
Ante la fiscalía, el empresario reconoció que esa “devolución” que se realizaba de las licitaciones adjudicadas por el Estado desde el ministerio de Planificación, eran las “coimas” que se pagaron, incluso desde su firma Esuco. ¿De cuánto eran las coimas? Podían variar según la envergadura de la obra “pero rondaban del 10 al 20 por ciento”.
En este contexto, y contando a Wagner, ya son ocho los empresarios que se convirtieron en “arrepentidos”: Ángelo Calcaterra (ex dueño de Iecsa), Javier Sánchez Caballero (ex CEO de Iecsa), Armando Loson (Albanesi), Juan Carlos De Goycochea (ex Isolux) y Héctor Zabaleta (ex director de Techint), además de Aldo Roggio, Jorge Neyra (Electroingeniería).
Según exige la ley, todos ellos deben aportar “información relevante y de mayor envergadura para la causa”, explicaron fuentes judiciales, dirigiendo hacia arriba de la “pirámide” de responsabilidades. Wagner lo hizo al imputar a De Vido y a sus colaboradores.
Hasta aquí, más allá de una fiebre voluntarista que atribuye responsabilidad también a Cristina Kirchner -la memoria de su esposo, Néstor, no ha quedado inmune-, ninguno de los imputados relató que hubiera negociado coimas con la ex presidenta. El chofer-escritor aseguró que CFK participaba de algunas reuniones “en jogging” en la quinta de Olivos. Cuidadamente, no fue preciso en señalar si la ex mandataria estaba al tanto de lo que en ellas se trataba.
En el caso de ella, Stornelli la considera la cabeza de la asociación ilícita. Deberá probarlo. Mientras, como en el caso de la muerte del fiscal Alberto Nisman, la acusación sirve para limar aún más las posibilidades de la senadora nacional de volver al poder, que es el objetivo máximo de todos los que se le enfrentan, que hasta aquí han logrado que la fundadora de Unidad Ciudadana sea un fenómeno político bonaerense con pocas posibilidades de imponerse en una segunda vuelta casi contra cualquier candidato, sea Macri o alguno surgido del peronismo “blanco”.
De esto se trata todo. Ni “Mani pulite” ni “Lava Jato”. Mientras no haya un “arrepentido” kirchnerista (¿López?), parece difícil que se llegue al tope de la estructura de poder de la “década ganada”, pródiga en escándalos asociados a la administración del Estado como los “Sueños compartidos” de Hebe y los Schoklender, las casas sociales sin terminar de Milagro Sala, la desiversión en los ferrocarriles y tantas otras, todas en los estrados judiciales.
Si los cuadernos son estos ocho o eran más, y los fotocopiados son una “reedición” dirigida para “salvar” a algunos, quizás un mito urbano que circula por estas horas por algunas diferencias poco entendibles en el trato a los imputados, lo cierto es que ya cumplieron su cometido. Fueron la mecha de la bomba. Con el tiempo se verá si se trataba de una deflagración controlada o no. Y si Bonadio y Stornelli van por el bronce o “llegaron hasta acá”, como diría Peter Capusotto. O un poco y un poco.