Las revelaciones sobre los cuadernos del chofer de Roberto Baratta y sus derivaciones judiciales transitan por una cornisa: el empresario y primo presidencial Ángelo Calcaterra se apresuró este lunes a llegar primero a los tribunales federales de Comodoro Py para contarle una obviedad al juez Claudio Bonadio y al fiscal Carlos Stornelli: que él le daba las órdenes a Héctor Sánchez Caballero, el ex CEO de IECSA, su constructora, para hacer los aportes ilegales a las campañas electorales del Frente para la Victoria. Y que esos aportes eran de mucha menor cuantía que los 8 millones de dólares que el remisero escribió que le entregaron al ex número 2 de Julio de Vido. Poco después, Sánchez Caballero se acogió al régimen de imputado colaborador y repitió la letra de su ex jefe.

Como una catarata, los empresarios detenidos de las otras empresas del cartel de la obra pública se sumaron luego a la estrategia de los abogados de Ángelo, y recitaron ante el juez y el fiscal que hicieron aportes en negro a las campañas pero jamás pagaron una coima para quedarse con un negocio con el Estado.

En suma: que Calcaterra nunca le hizo un aporte ilegal a las campañas del PRO, de su primo Mauricio Macri, o de otras agrupaciones políticas que no fueran la de los Kirchner; y lo mismo aplica a los demás empresarios. Hasta aquí, unas declaraciones muy convenientes. Pero increíbles.

En adelante estará en manos del fiscal (el mismo que trabajó con Macri cuando presidía Boca) y del juez, un enemigo jurado de Cristina Kirchner, la recolección de la prueba que le dé carne a estos testimonios. Los cuadernos sirvieron de guía para conducir esta etapa de la causa, pero aunque toda la información sea plausible y sea un secreto a voces que la política se financió todos estos años de esta manera, ahora deberán probarse las acusaciones.

Si alguien financió mayoritariamente en negro una campaña electoral puede suponerle una condena a tres años de prisión, monto por el cual el delito es excarcelable. No sucede lo mismo si se trata de haber sobornado a un funcionario para quedarse con una determinada obra pública. Aceptar el primer delito indica que los empresarios han llevado una contabilidad paralela que les permitía invertir ingentes recursos en aceitar la maquinaria política. Pero, por poca plata que fuera, según la versión Calcaterra, ¿lo hicieron a cambio de nada? Luce como una notable inconsistencia.

No parece posible que se puedan reducir las actuales revelaciones a un caso de desprolijidad contable. Bonadio y Stornelli ya no tienen vuelta atrás.

Casi todos los partidos políticos se han manejado con financiación ilegal, incluido el actual oficialismo. ¿Estará dispuesta Lilita Carrió, hoy convertida en faro moral de la Nación, a avanzar hasta las últimas consecuencias? ¿Lo estará el propio Presidente?

El “dolor” por la situación que atraviesa su primo no le impidió atenderle un llamado este fin de semana para enterarse (¿o sugerirle?) que se presentara rápido para seguir libre y por un delito menor. Otra desprolijidad.

El operativo jurídico-mediático parecía sin fisuras el viernes pasado, pero no todo está bajo control en Balcerce 50.

El centro del escándalo es la obra pública de la “década ganada”, con fuertes raíces en los decenios anteriores. IECSA, SOCMA y Techint, tanto como Lázaro Báez, Cristóbal López, José López o Ricardo Jaime son siglas y nombres que participaron en todos los negocios que el Estado podía proveer, no sólo de la construcción de rutas, represas o centrales nucleares sino también de la importación de gas oil, la distribución de gas o la generación de energía eléctrica. Todo el establishment local intervino de una u otra manera en esos jugosos negocios. ¿Llegará al fondo, caiga quien caiga, la investigación de este juez federal y su fiscal? Hay muchos ojos mirando, aquí y afuera.

Se afirma que estamos asistiendo a un Lava Jato argentino y que, si durante el kirchnerismo se hicieron obras por más de 200.000 millones de dólares, las coimas circulantes habrían equivalido al 10 por ciento o más.

Se estima que en el sector de la Energía, que De Vido y Baratta manejaban con minucioso rigor, los negocios superaron los 50.000 millones de la divisa estadounidense.

Pretender a esta altura que se lleve adelante una operación gatopardista y a la vez sesgada, con un solo ojo o con una mirada maniquea, puede llegar a tener consecuencias muy peligrosas para todos los involucrados, jueces, políticos y empresarios.

El periodista Carlos Pagni no quería decirlo pero lo dijo. En el video que acompaña a esta columna se lo puede escuchar. En alusión al escándalo de los cuadernos, un ministro le dijo: “Si no hay pan, que haya circo”. ¿Es cierto? ¿Ese es el ánimo del Ejecutivo detrás de este episodio? Más incertidumbre. 

Ya comenzaron a surgir algunas voces que advierten que Brasil atravesó dos largos años de recesión por las investigaciones del juez Sergio Moro, que llevaron a la cárcel a decenas de políticos y empresarios gracias a las delaciones “premiadas”, muy cuestionadas en su momento. Después de la crisis por la “mala praxis” cambiaria de mayo pasado la recesión aquí ya es palpable y el Gobierno solo espera que sea breve, aunque no hay manera de saber cuánto durará.

Se abrió una “Caja de Pandora” y no hay nadie entre los aprendices de brujo presentes que parezca conocer la manera de cerrarla.

* Director de gacetamercantil.com