Con dos decretos firmados por el gobernador Urtubey, se suman más de un millón y medio de hectáreas, de las cuales el 64% son bosques nativos.

El gobernador salteño Juan Manuel Urtubey firmó hoy dos decretos con los que se avanza en la protección de áreas protegidas, duplicando esta superficie con la incorporación de 1.502.959 hectáreas, de las que el 64% son bosques nativos.

Además, creó la Agencia de Protección Ambiental de Salta (APAS) para la prevención, control y castigo a quienes produzcan daños ambientales.

“Si a esto le sumamos la reserva de biósfera de las Yungas y de Parques Nacionales, estamos hablando de 3.976.450 hectáreas, con lo cual Salta se convierte en la provincia que tiene la mayor superficie de áreas protegidas en la Argentina”, especificó el gobernador.

Así, el 23,65% del territorio salteño está destinado al régimen de protección ambiental, superando con creces las metas previstas en el Convenio Internacional sobre Diversidad Biológica y de organismos como la ONU, que establecen que al año 2020 se conserve al menos el 17% de las zonas terrestres por medio de áreas protegidas.

Con una mayor cantidad de hectáreas protegidas se demuestra el compromiso de la Provincia con la preservación del ambiente para las generaciones actuales y futuras.

Por el otro instrumento legal, la Provincia crea la APAS para la prevención, control y castigo a quienes produzcan daños ambientales.

La nueva agencia subsumirá todas las funciones para garantizar el estricto cumplimiento de las normas en el mantenimiento de un ambiente sustentable para los salteños.

“Creamos la Agencia de Protección Ambiental, con la participación de organizaciones de la sociedad civil, para controlar y fiscalizar el cuidado del bosque nativo, sancionando la tala y el desmonte ilegal, con sanciones que van desde multas, reparación del daño ambiental, hasta clausura de establecimientos”, destacó Urtubey.

Además, el mandatario provincial adelantó que la agencia invitará a organismos privados, organizaciones locales e internacionales a sumarse a las tareas de control y fiscalización. “En conjunto buscamos no sólo preservar los estándares ambientales que desde este momento tenemos, sino también garantizar en los casos que se hayan producido daños, la enmendación, mitigación y sanción correspondientes”.