Duró poco el entusiasmo por el diálogo social. La combinación de causas judiciales contra sindicalistas con las internas empresarias y con el Gobierno sólo interesado en ganar tiempo, provocó que el tan buscado pacto durara apenas tres semanas desde que la presidente Cristina Fernández lo convocó desde la tribuna que armó la Unión Industrial Argentina.

Fue Hugo Moyano, el jefe de la CGT, el primero que amenazó con bajarse del proyecto, en una advertencia al oficialismo para que ponga fin a lo que consideran una persecución judicial contra los sindicalistas en las causas que se investigan las relaciones de las obras sociales con la denominada “mafia de los remedios”.

Pero tampoco entre los industriales hay un clima festivo, pese a que en la última década fueron los impulsores de un diálogo social a su estilo. La versión oficial es que no quieren “quemar” una herramienta que consideran imprescindible para generar una etapa de crecimiento con inclusión social. Lo cierto es que la interna empresaria amenaza con dejar aislado al que se anime a sentarse al diálogo convocado por el Gobierno.
Los principales actores de la mesa de diálogo social compartieron una cena, el miércoles 8, reunidos por Juan Carlos Smith, titular del gremio de Dragado y Balizamiento, para despedir el año.

Estuvieron los ministros de Planificación, Julio de Vido, y de Trabajo, Carlos Tomada, con Hugo Moyano y José Ignacio de Mendiguren, el secretario de la UIA, que aspira a conducir la central industrial desde el próximo año. Hubo conversaciones informales y mucho análisis político, pero ni se habló de la convocatoria anunciada el viernes pasado por Tomada desde Mar del Plata.

En cambio, la Presidente convocó el jueves 9 a la Casa de Gobierno a las dos cámaras empresarias, gremios y gobernadores del sector minero para firmar un acuerdo de paz, en los mismos términos que el alcanzado para los petroleros en noviembre pasado.

“Estamos construyendo el acuerdo social de abajo hacia arriba”, justificó un funcionario oficial. La idea sería que sigan otros acuerdos sectoriales y se conviertan en la base de una negociación global entre empresarios y sindicalistas que quedaría así postergada para el segundo trimestre de 2011.

En estas mesas sectoriales el compromiso que asumen los empresarios es garantizar las fuentes de trabajo y los sindicalistas, por su parte, prometen acompañar la productividad. Frente a un conflicto, la prioridad debe ser agotar todas las instancias en una negociación antes de cortar caminos o tomar instalaciones.

La primera prueba fue el conflicto desatado por el gremio de los petroleros jerárquicos privados en Santa Cruz por un encuadramiento sindical, y que está en vía de solución después de haber protagonizado hechos de violencia, para evitar desastres en pozos fuera del control operativo.

El juego de las internas. La administración de Cristina Fernández de Kirchner intentó varias veces armar la mesa del diálogo social pero las propias diferencias internas la frustraron; ahora, la Presidente lo hace por primera vez desde que gobierna sola por la muerte de su esposo Néstor Kirchner a fines de octubre pasado.

Falta determinar, además, a qué actores extenderá la invitación el Gobierno: se sabe que estarán la CGT (no sólo los que responden a Moyano sino también los “gordos”) y la UIA, pero también serían de la partida la CTA y las principales cámaras empresarias (el G-6). El industrial De Mendiguren pidió también sumar a la oposición -“sobre todo si vamos a tocar temas de largo plazo”, dijo- y avaló el reclamo en ese sentido del precandidato radical Ricardo Alfonsín.

Desde la óptica oficial, la convocatoria tiene un propósito claro: lograr un tránsito del 2011 electoral en un clima social sin conflictos, con la economía creciendo a su máxima expresión y la inflación controlada (la oficial) a niveles de un dígito.

Por el lado empresario, la conducción de la UIA adelantó que no aceptará una agenda que sólo incluya la discusión de precios y salarios: quieren fijar un temario que incluya poner límites a las leyes que impulsa el abogado cegetista Héctor Recalde en el Congreso y que, según la visión de los empresarios, encarecerían el costo laboral, incentivan la industria del juicio y desalientan las inversiones.

También reclamarán por la actualización de la Ley de Accidentes de Trabajo y la modificación del régimen de tercerizados para limitar la responsabilidad solidaria.

Pero hay otras preocupaciones empresarias, como facilitar la reinversión de utilidades de las pymes, la actualización de los balances por inflación y la legislación medioambiental, que figuran en el segundo escalón de las demandas.

Para la CGT de Moyano el objetivo del diálogo no son ni la paz social ni la inflación (aunque varios dirigentes sindicales expresaron su preocupación por la escalada de precios y el temor a una “espiralización”), y mucho menos ponerle límite a las “leyes Recalde”: en el centro de su agenda está el tema de las obras sociales y la investigación judicial que tiene en jaque a varios dirigentes, empezando por el propio Moyano, que teme seguir él o su esposa Liliana Zulet (a cargo de la gerenciadora de la obra social de Camioneros) la suerte del bancario Juan José Zanola, el primer sindicalista preso por corrupción de la historia argentina.

Moyano había convocado a una sesión especial del consejo directivo de la CGT que luego se frustró por el viaje a Mar del Plata y quedó para esta semana. El temario formal tenía que ver con el diálogo social pero el motivo real era analizar el cuadro judicial después del medio centenar de allanamientos que se concretaron por orden del juez federal Norberto Oyarbide.

La reunión del consejo directivo finalmente no se concretó y en la carta enviada a los integrantes, Moyano anunció que se mantiene el cuarto intermedio “hasta nuevo aviso” a la espera de “recopilar datos e información fidedigna sobre el acuerdo social pergeñado por el Gobierno”.
Cuando esta postergación se hizo pública, Moyano negó que esté poniendo trabas a la mesa de diálogo por no recibir apoyo para frenar las causas judiciales. “De ninguna manera, es un absurdo, no tiene sentido. ¿Qué acoso de la justicia?”, se preguntó Moyano. “Dicen cosas que no tienen nada que ver con la realidad, como siempre, con respecto a lo del PJ de la provincia, sobre el diálogo social, con respecto a todo”, agregó el camionero, ofuscado.

El líder de la CGT vivió otro fracaso judicial la semana pasada -lo anticipó Gaceta Mercantil- cuando la Cámara Federal rechazó el pedido de nulidad de la pericia que determinó que eran falsos los troqueles de remedios de alta complejidad que utilizó la obra social camionera para cobrar reintegros del Estado.

Y el complicado frente judicial no se reduce a esta causa: en el fuero Penal Económico recayó una denuncia que busca establecer cuál es la vinculación del llamado “grupo Moyano” con negocios privados como la recolección y el reciclado de residuos.

El líder cegetista parece haber comprendido que son varios los decididos en el poder político a ponerle freno a sus ambiciones, en especial desde que forzó su acceso a la presidencia del Partido Justicialista bonaerense.
Desde entonces, le han hecho saber -a través de la aceleración de causas judiciales o de declaraciones públicas y advertencias privadas- que no están dadas las condiciones para que avance todavía más en su ofensiva política y económica sin que pague precios por eso. La oposición lo denuncia y desde el oficialismo no siente que lo defiendan con entusiasmo.

“No puede ser que el Gobierno no pueda frenar una causa por ocho troqueles truchos”, se quejó en cambio uno de los pocos sindicalistas sin alineamiento claro y con llegada a la Presidente.

Otro expresó más claramente el pensamiento de Moyano: “Mientras yo estoy en la mesa sentado arreglando los destinos de la Patria, mi mujer va presa por unos troqueles”, dice que dijo. Frente a ese razonamiento, el pacto tiene poco atractivo.

No sólo la causa judicial preocupa a Moyano. Cristina lo respeta pero le abre la puerta de la Casa de Gobierno a “gordos” como Gerardo Martínez y Andrés Rodríguez, terminando con el monopolio de representación que ejerció el camionero cuando su aliado era Néstor Kirchner.

Para los “gordos” es imposible desconocer ese liderazgo, porque Moyano mantiene el control del reparto de fondos a las obras sociales. Aunque son liberados con cuentagotas -se estima que el Gobierno mantiene congelados entre 4.000 y 6.000 millones de pesos- todos los meses hay un goteo que se distribuye a discreción. Enfrentar al camionero es quedarse fuera del reparto.

Los industriales también pelean. “Logramos cortar la escalada de agresiones que estaba complicando la actividad económica pero somos cautos”, expresó un industrial activo en las reuniones preparatorias del diálogo social. El hombre es de los que creen que no es prudente avanzar mientras no se resuelva la situación judicial de Moyano, porque implicaría someter al pacto social “a una montaña rusa emocional” donde avanzaría o se desactivaría según las preocupaciones del camionero.

Sin embargo, en la UIA existe gran preocupación por la interna abierta para suceder al presidente de la entidad, Héctor Méndez, que concluye en abril próximo su mandato.

Méndez pertenece a la lista Celeste y Blanca y por una acuerdo de alternancia su sucesor debe surgir del Grupo Industriales. El candidato natural parecía ser De Mendiguren, el principal constructor del diálogo con la CGT de Moyano y con llegada a la Casa de Gobierno.

Pero precisamente esa virtud política está atentando contra sus chances por la posición de los dos grandes grupos económicos, Techint y Clarín, con una posición confrontativa con el kirchnerismo, y que buscan aislar a cualquier empresario que acepte sentarse a la mesa oficial. Hubo varios intentos por alinear a la UIA sin disidencias con la Asociación Empresaria Argentina (AEA), que soportó una fuga de socios a instancias del secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno.

“Techint” y “Clarín” intentaron armar una mesa empresaria con la participación de la Sociedad Rural y un fuerte tono antikirchnerista, pero la UIA se opuso a participar y frustró la idea.

Ambos grupos tienen su historia de enfrentamiento con la administración Kirchner. Es más sabida la historia del grupo Clarín, pero Techint, que fue uno de los grandes impulsores del modelo productivo que llegó con Eduardo Duhalde en 2002 y fue sostén en los primeros años de Kirchner, perdió todos los negocios de construcción de obras en el país y tuvo que mudar sus operaciones de comercio exterior a Montevideo.

La ruptura tuvo su origen en el caso Skanska, cuando Kirchner intentó instalar la idea de corrupción entre privados pero la investigación judicial descubrió cartas del titular del grupo, Paolo Rocca, en las que advertía al Estado que estaba pagando sobreprecios. Desde entonces, la relación se enfrió pese a los intentos de acercamiento a través de De Vido.

Por ahora, las movidas empresarias no logran mellar a la gestión de Cristina, que sigue ganando tiempo y, fundamentalmente, no pierde terreno político por el “efecto Néstor” y la anomia de la oposición.