La Corte Suprema dejó sin funciones a la jueza de Casación Ana María Figueroa

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La Corte Suprema de Justicia de la Nación cesó en sus funciones a la jueza de la Cámara Federal de Casación Penal Ana María Figueroa, quien en agosto pasado cumplió 75 años y aún no había conseguido acuerdo del Senado para permanecer en su cargo por cinco años más, tal como lo exige la Constitución Nacional.

La decisión fue adoptada por unanimidad y notificada al Consejo de la Magistratura de la Nación “a fin de que adopte las medidas que estime necesarias” y a la Cámara Federal de Casación Penal, según surge de la resolución a la que accedió Télam.

La resolución fue firmada en forma digital por el presidente de la Corte, Horacio Rosatti; el vice, Carlos Rosenkrantz, y los ministros Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti.

Los jueces de Casación se enteraron de la decisión del máximo tribunal durante el cuarto intermedio de la reunión plenaria que estaban desarrollando justamente para definir la situación de la hasta ese entonces presidenta del tribunal.

Figueroa cumplió los 75 años el 9 de agosto pasado y desde entonces se encontraba a la espera de que el Senado diera tratamiento a su pliego que ya había tenido dictamen positivo de la Comisión de Acuerdos de esa Cámara.

Para evitar realizar actos que pudieran ser nulificados en el futuro, desde entonces la magistrada había decidido delegar la firma de la presidencia del tribunal en el vicepresidente primero, Mariano Borinsky, y había dejado firmados todos los votos que le quedaban pendientes en causas en las que estaba llamada a intervenir.

Entre esos votos, en la caja fuerte de la vocalía 10 de la Cámara de Casación había dejado aquellos vinculados a las causas Hotesur-Los Sauces y Memorándum con Irán: se trata de expedientes en los que los tribunales orales respectivos sobreseyeron a todos los imputados sin necesidad de realizar el juicio, pero esas decisiones fueron apeladas.

Serán ahora los jueces de la sala primera de Casación, Daniel Petrone y Diego Barroetaveña quienes tendrán en sus manos el fututo de esos expedientes en los que estaba imputada la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Si logran compatibilidad en sus posiciones y en sus argumentos, no necesitarán de un tercer juez.

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