El Gobierno nacional ordenó este miércoles “relevos e incorporaciones” en la custodia de la vicepresidenta Cristina Kirchner a raíz de las notorias fallas exhibidas por el intento de atentado que sufrió el jueves pasada mientras saludaba a manifestantes en la puerta de su departamento en Recoleta.
Entre las justificaciones, el Ejecutivo esgrimió que algunos de los efectivos de la Policía Federal no contaban con “el nivel” de preparación que “se esperaba” que tuvieran para ese tipo de casos, pero las incorporaciones fueron de esa misma fuerza “para mantener la cohesión” en la cobertura de la alta dignataria, se informó en la Casa Rosada.
Asimismo, aclararon que “no se aumentó la cantidad” de personal involucrado y que se está “ordenando y fortaleciendo el protocolo” de seguridad, lo que supone un aval al cuestionado ministro de Seguridad, Aníbal Fernández.
Nuevo allanamiento al agresor
La Justicia realizó este miércoles otro allanamiento en el PH en el que vivían Fernando Sabag Montiel y su novia, Brenda Uliarte, para verificar si existen otros elementos de interés para la investigación.
Sabag Montiel está detenido desde la misma noche del jueves, en que intentó dos veces dispararle a la vicepresidenta, mientras que Uliarte quedó privada de su libertad el domingo ante las sospechas de que habría sido su cómplice en el intento de magnicidio.
El allanamiento en la calle Uriburu a 700, de la zona de Villa Zagala, fue ordenado por la federal jueza María Eugenia Capuchetti en un inmueble que es alquilado por el principal involucrado en el ataque desde hace ocho meses.
En un procedimiento previo, las fuerzas de seguridad encontraron un centenar de balas de nueve milímetros aptas para usar en la pistola Bersa 32 que incautaron frente al departamento de CFK, en la que hallaron restos de ADN de Sabag.
En paralelo, Carlos Telleldín, quien fuese durante años acusado de entregar el coche bomba que se habría utilizado para el atentado a la AMIA, en 1994, se convirtió en el abogado defensor de Uliarte.