El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, decretó este miércoles la disolución de la Asamblea Nacional, un día después de que ese Parlamento le iniciara un proceso de juicio político por presunto peculado.
El derechista Lasso afirmó que hizo uso de una atribución que le concede la Constitución y firmó un decreto que disuelve la Asamblea Nacional y le da poderes para gobernar seis meses por decreto.
Lasso acusó al Parlamento de querer “desestabilizar al Gobierno, la democracia y el Estado” y dijo que tomó la decisión “por grave crisis política y conmoción interna”, una de las causales contemplada para invocar el artículo 148 de la Constitución.
Por su parte, el líder de la oposición -el expresidente Rafael Correa, que vive en Europa y que en Ecuador fue condenado a ocho años de cárcel por corrupción en 2020- consideró que la medida de Lasso era ilegal y un “golpe de Estado”.
El dirigente de centroizquierda sostuvo que no existe ningún estado de conmoción interna para disolver al Congreso, pero deslizó que su decisión abría una “gran oportunidad” para deshacerse de su Gobierno y “recuperar la Patria”, ya que afirmó que el fallo judicial en su contra fue políticamente motivado para impedirle participar de elecciones.
Otro importante actor de la política ecuatoriana, la poderosa confederación indígena Conaie, cuyas protestas han puesto en apuros al propio Lasso y a varios otros presidentes ecuatorianos, expresó que la decisión dibujaba “un escenario de dictadura” y que pronto analizará y adoptará “decisiones colectivas”.
Juicio Político
Lasso se presentó el martes ante la Asamblea Nacional para defenderse de las acusaciones por supuesto peculado, en el inicio de un juicio político en su contra, el segundo desde que llegó al poder, en mayo de 2021.
Según denuncias, Lasso decidió continuar con un contrato que fue firmado antes de que asumiera la presidencia, pese a que había informes de que era lesivo para el Estado.
El contrato para el transporte de crudo con el grupo internacional Amazonas Tanker habría ocasionado pérdidas por más de 6 millones de dólares.
El mandatario no ha sido procesado por delito alguno en la justicia ordinaria y aseguró que presentó en 2022 una denuncia ante la Fiscalía para que investigue el caso.
Hasta la instalación de la nueva Asamblea Nacional, Lasso podrá gobernar expidiendo decretos-leyes de urgencia económica, pero previo dictamen favorable de la Corte Constitucional.