Un juez de la Corte Suprema de Brasil apartó de su cargo al gobernador del Distrito Federal de Brasilia, Ibaneis Rocha, por 90 días, tras el asalto de este domingo de miles de ultra bolsonaristas a las sedes de los tres poderes con el fin de generar una conmoción social e intentar derrocar al flamante presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
La decisión fue tomada por el magistrado Alexandre de Moraes, que también ordenó a las fuerzas de seguridad federales para liberar cualquier edificio público ocupado por partidarios del expresidente Jair Bolsonaro en todo el país.
De Moraes, que atendió un pedido de aliados de Lula, indicó que “la escalada violenta” contra la sede de los tres poderes del Estado “solo podía ocurrir con la anuencia, y hasta la participación efectiva”, de las autoridades competentes para la seguridad pública y de inteligencia.
Asimismo, subrayó que la organización de esos actos golpistas era un “hecho notorio y sabido, que fue divulgado por la prensa brasileña”.
De esta forma, señaló directamente a Rocha, quien horas antes había pedido disculpas al presidente Lula y a la cúpula de los poderes Legislativo y Judicial por los graves incidentes ocurridos en la tarde del domingo en la Explanada de los Ministerios, en la capital federal.
Rocha también había destituido a su secretario de Seguridad, Anderson Torres, quien fue ministro de Justicia en los dos últimos años del Gobierno de Bolsonaro (2019-2022) y es una figura muy cercana del ahora exgobernante.
Ante el caos generado, el presidente Lula decretó la intervención federal del área de seguridad de Brasilia hasta el próximo 31 de enero, con lo que la policía estadual estará bajo control del Gobierno central durante ese período.
El asalto al Congreso, la Presidencia y el Tribunal Supremo solo se resolvió después de cuatro horas y media de desconcierto cuando agentes antidisturbios cargaron y lanzaron gases lacrimógenos contra los exaltados, que estaban dentro y fuera de los emblemáticos edificios.
Esos grupos de radicales no reconocen el resultado de las elecciones presidenciales del pasado 30 de octubre, que Lula le ganó a Bolsonaro por estrecha margen, y han venido exigiendo una “intervención” militar que devuelva al poder al capitán retirado del Ejército, que viajó a Florida (EEUU) el 30 de diciembre pasado para no entregarle los atributos del poder a Lula pero además enfrenta decenas de causas judicial.
El saldo de los incidentes fue de 300 detenidos y que fueron ampliamente condenados por todas las instituciones de Brasil y por la comunidad internacional.