Con media sanción de Diputados, según el oficialismo un proyecto de la corporación judicial trata de vengarse de la Presidente, que es autora de la ley vigente. 

La corporación judicial impulsa una nueva reforma al Consejo de la Magistratura, la que ya logró media sanción en la Cámara baja. En el Senado, ayer martes se vivió una situación extraña a raíz de esta movida: para exponer su posición frente a los cambios que se promueven asistieron a la comisión de Justicia el ministro del ramo, Julio Alak; una dirigente del gremio judicial que conduce Julio Piumato; y en representación del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) la rectora de la Universidad Nacional de Lanús, la reputada socióloga Ana Jaramillo, una histórica intelectual del peronismo.

“La oposición habla tanto de transparencia institucional, del control que debe ejercerse, y cuando se trata de discutir hacia dónde debe ir el Consejo de la Magistratura, a la reunión de comisión vienen tres senadores de quince, y encima era una reunión anunciada con un ministro del Gabinete nacional, que siempre se quejan que nunca vienen”.

La parrafada le pertenece al presidente de la comisión, el kirchnerista Nicolás Fernández, que mostraba una mezcla de sorpresa y bronca por el masivo faltazo de sus colegas.

Para Fernández, nada es casualidad. “Sucede que se trata de reformar una ley para dar vuelta el sentido de la reforma anterior, cuya autora fue  la entonces senadora Cristina Fernández de Kirchner”, acusó el senador, para quien la corporación judicial está buscando vengarse de la actual Presidente.

Pero lo que los senadores se perdieron de escuchar, fue la exposición de Jaramillo, que puso el dedo en la llaga sobre algunas cuestiones que la reforma actual plantea y que suponen una flagrante discriminación contra las universidades más jóvenes, como es el caso de Lanús.

Jaramillo apuntó que, en primera instancia, “las modificaciones propuestas discriminan a todas aquellas Universidades, fundamentalmente las de reciente creación, que no están organizadas por Facultades sino que se han organizado a través de Institutos y/o Departamentos, por lo cual no tienen Facultades de Derecho aunque tienen abogados concursados que son profesores de Derecho en carreras diversas. Dichas Universidades no podrán avalar a sus candidatos”.

Por otra parte, añadió, “se plantean dos miembros de Facultades de Derecho y un miembro de Ciencias Sociales y Humanísticas. Ello implica que por alguna razón para los autores de dicha modificación, es más idóneo o pertinente para el control de los jueces que haya un Licenciado en música, o en antropología, o en bibliotecología o en arte dramático que un médico o un físico o químico o arquitecto, etc” (Ver presentación completa …). 

También expuso Alak, quien hizo un relato pormenorizado de todos los expedientes que se resolvieron con la vigencia de la actual ley, que en más del 90 por ciento de los casos fueron por unanimidad. Hizo énfasis en el retroceso que implican los cambios y advirtió que, de sancionarse, se convertiría “en el éxito de una corporación que representa a una minoría en desmedro de la mayorías parlamentarias que tienen legitimidad por el voto popular”. Para Alak, el pueblo, a través de sus representantes, tiene todo el derecho de controlar el funcionamiento de la Justicia “teniendo en cuenta que es el único Poder de la estructura del Estado” que el pueblo no elige.  

Fernández cerró la reunión con los reclamos del principio y pidiéndole disculpas al ministro, a la representante gremial y a la del CIN por la ausencia generalizada de senadores, muchos de cuales eligieron hablar ante las cámaras de televisión fuera del lugar donde se exponía. Para no dejar dudas, Fernández expresó: “Tal como acaban de exponer, la ley es muy mala, es horrible. Todo esto, sólo para derogar una ley de la Presidente. Es una falta de respeto a todo”, se lamentó.

Desde el fondo del salón “Arturo H. Illia” del Senado, el busto del ex presidente radical parecía querer ponerse de espaldas.