Lo hizo un juez de garantías salteño, quien hizo lugar a la medida cautelar solicitada por la fiscal. El legisladores no se presentó a tres citaciones.

El juez de Garantías de Cuarta Nominación de Salta, Diego Rodríguez Pipino, hizo lugar a la medida cautelar de embargo preventivo solicitada por la fiscalía en la causa que se le sigue al senador nacional y ex gobernador Juan Carlos Romero por enriquecimiento ilícito.

Fuentes del Poder Judicial salteño informaron que se trata de la causa “Romero, Juan Carlos por enriquecimiento ilícito de funcionario público”, en cuyo marco serán embargadas dos propiedades de las sociedades anónimas Jucaro y Loma Balcón.

El imputado tiene participación societaria en ambas sociedades, según quedó acreditado en el legajo de investigación con copias de sus mismas declaraciones juradas.

El pedido fue de la Fiscalía de Delitos Económicos Complejos, que oportunamente señaló que se citó a audiencia de imputación en contra de Romero, atribuyéndole provisionalmente el delito de enriquecimiento ilícito.

Esto, “toda vez que de la evidencia recogida surge que el investigado, mediante personas interpuestas para disimularlo, habría obtenido un incremento patrimonial apreciable posterior a la asunción de su cargo como gobernador de la provincia”, señala el auto.

La fiscalía consideró que ese incremento patrimonial “aparecía como considerable e injustificado, en tanto se presentaba como excesivo respecto a los ingresos legítimos que hubiera tenido durante el ejercicio de sus funciones, sean que hubieran provenido de su función o aún de la actividad privada en la que participaba”.

El juez consideró que la medida surge como “adecuada para resguardar preventivamente los bienes que eventualmente pueden ser decomisados y evitar que se realicen actos evasivos tendientes a ocultar y dificultar la detección de los bienes sujetos a decomiso”.

Por esta causa, Rodríguez Pipino hizo lugar al pedido fiscal, solicitó en abril pasado el desafuero del senador nacional y ordenó librar los oficios correspondientes al Senado de la Nación, según el artículo 1 de la Ley 25320, por la “actitud evasiva” de Romero, que no se presentó a declarar en tres citaciones de la fiscalía que entiende en la causa.

La causa por enriquecimiento ilícito, que comenzó en diciembre, se reactivó tras la feria, cuando el juez rechazó la recusación de Romero a la fiscal penal Mónica Poma y un planteo de nulidad de la imputación.