La decisión del máximo tribunal estadounidense de devolver la causa de los \”fondos buitre\” al juzgado de Thomas Griesa le abrió la puerta a una minicrisis que no será neutra para el Gobierno de Cristina Kirchner. Entre el reclamo del fondo Elliot y la posición casi intransigente del Gobierno argentino se adivina un espacio de negociación. Pagar en Argentina y bajo leyes argentinas, la salida del Gobierno.

Según la presidente Cristina Kirchner, Argentina “no puede ser sometida a esta extorsión”, en alusión al reclamo de los “fondos buitre”, que van camino de salirse con la suya a pesar de todos los esfuerzos en contrario del kirchnerismo. Y de muchos de los países y personalidades que apoyaron la posición argentina ante la Corte Suprema de Estados Unidos, que finalmente decidió no entrar a analizar el fondo de la cuestión, este lunes, y devolvió el caso a su juez original, Thomas Griesa, quien ya falló dos veces a favor de los “holdouts”.

Los apoyos a la postura de Argentina fueron muchos y destacados, pero no conmovieron al máximo tribunal estadounidense, que se decidió por marcar su independencia de criterio. Para algunos, sin embargo, la Corte pateó la pelota afuera al no comprometerse con un fallo que acompañara a aquellos que advierten que puede abrirse un abismo en el sistema financiero internacional entre los países que se endeudan y los “fondos buitre”.

El “cachetazo” de la Corte, como lo definieron algunos, lo fue porque existía cierta confianza en que los supremos entenderían las razones de estado que esgrimía la Argentina. El golpe demostró que ni los abogados contratados por el país ni los funcionarios tenían información de primera mano de lo que se estaba gestando en la Corte norteamericana.

Se habla de “tirar la pelota afuera” porque ahora el balón quedó entre el Ejecutivo y el magistrado neoyorquino, famoso por sus posturas independientes (Hace 40 años debutó en la Justicia con un caso difícil, y ni se inmutó: se lo conoció como el Watergate).

Pero el ministro de Economía, Axel Kicillof, salió a explicar en rueda de prensa, este martes, que dio instrucciones para que el próximo vencimiento de la deuda reestructurada, por unos 900 millones de dólares y que debe cancelarse el próximo día 30, se pague en Argentina “bajo las leyes argentinas”.

Se trata de una salida no exenta de contratiempos, pero que busca volver a poner al país en una posición de fuerza. Las emisiones de bonos con las que se reestructuró la deuda en 2005 y 2010 establecen que hace falta el acuerdo del 85 por ciento de los tenedores para cambiar la sede de la emisión, lo que, si no se consigue, provocaría una catarata de reclamos judiciales por un monto cercano a los 120.000 millones de dólares. No hay quien imagine en el equipo económico una salida de este tipo. “Es para psicopatear”, apuntó un habitante de la Casa Rosada que no parece conocer muy bien los vericuetos del sistema financiero internacional.

La verdad kirchnerista. Este miércoles el titular del Palacio de Hacienda acudió al Congreso para debatir los pasos a seguir con la oposición, pero se sabe que no hay muchas variantes. El discurso institucionalista de la Administración K no tiene muchos antecedentes, pero la oposición (la peronista y la no peronista) tiene en claro que, después de 2015 deberán hacerse cargo del escenario que le deje Cristina.

Kicillof aseguró este martes 17 que Argentina “quiere seguir pagando los vencimientos de su deuda reestructurada”, pero que lo hará en Argentina “y bajo leyes argentinas”, con el fin de evitar un embargo de los “fondos buitre”.

No obstante, según el titular del Palacio de Hacienda el Gobierno no está dispuesto a hacer “cualquier cosa, a aceptar cualquier condicionamiento; todo lo contrario: nuestros principios van a seguir aplicándose”. La impresión de Kicillof es que “quieren tirar abajo la reestructuración de la deuda argentina”, una reestructuración “sin precedentes”, con una quita del 70 por ciento, sin intervención de los organismos financieros internacionales.

Para el ministro, “esta reestructuración fue una pieza clave del modelo” económico vigente desde 2003 y ahora “están atentado contra esto”, aseguró. “Si se aplicara el fallo de (Thomas) Griesa, y Argentina se viera obligada a pagar a los ‘fondos buitre’ arrastraría al país a un ‘default’”, en principio por 15.000 millones de dólares y no por los 1.500 millones que exigen los “holdouts”.

No obstante, apuntó Kicillof, “que se queden todos bien tranquilos” porque “vamos a tomar todos los recaudos para pagar los vencimientos de la deuda reestructurada”.

En efecto, si el 3 por ciento de los acreedores “voltea” un canje acordado con el 93 por ciento, la situación de un país puede amenazar con convertirse en sistémica. Al menos ese fue el argumento-eje que manejó el gobierno de Cristina Kirchner previo al fallo de la Corte estadounidense.

A futuro. Los abogados de Argentina le pedirán una audiencia a Griesa para consultarlo sobre lo que consideran una “incongruencia” en su fallo de primera instancia, en el que el juez aclaró que no quería llevar al país a un “default”.

Al cambiar la sede de pago para evitar que cobren primero los “holdouts” gracias al fallo de la Corte de este lunes, Argentina presionaría con un”default técnico” que, sin duda, pondría los pelos de punta a los acreedores que entraron al canje. Sería a la vez una luz naranja en el escenario financiero internacional, además de amenazar con incidir en la economía real de todos los argentinos.

La movida, se especula en Economía, estaría destinada a sentarse a una mesa de negociaciones, Griesa mediante, en mejores condiciones. Mientras tanto, el país ganaría tiempo. En diciembre se cae la cláusula que obliga resarcir a los acreedores con los que se arregló igual que a los “fondos buitre”. A partir de entonces, podría encaminarse un acuerdo con los quedaron afuera de los dos canjes y solo con ellos, evitando un sofocón financiero cuando el Gobierno argentino precisa más que nunca un desahogo.

Un conocedor de las negociaciones con los “fondos buitre” advirtió a Gaceta Mercantil que, con el fallo de la Suprema Corte en la mano, “van a ir por todo”, pero también admite que después de litigar durante más de una década, en la que se gastaron millones de dólares en abogados, los próximos meses abrirían un camino más amigable, aunque se sigan mostrando con los dientes apretados.

El cambio del discurso del kirchnerismo, expresado en los últimos meses con la frase “estamos dispuestos a negociar”, pone de manifiesto que ya hay conversaciones.

El “fallo adverso” de la Corte estadounidense, según admitió Kicillof, congela como en una foto dos posiciones antagónicas, la de los “buitres” y la del Gobierno. Los primeros reclamando todo y el segundo, negándose a pagar nada. “Un arreglo no tiene que darse partiendo la diferencia, en un justo medio, explicó otra fuente acostumbrada a comprar deuda de países fallidos. Después de una década de cumplimiento religioso de los compromisos (claro está, gracias a una quita sin precedentes), Argentina no es un Estado fallido.

Y, como remarcó el ministro que Cristina admira, desde el “default” y, principalmente en el último año, se han venido despejando todos y cada uno de los “flecos sueltos” que quedaban, como es el caso del acuerdo con el Club de París.

En la intimidad, y a veces hasta deslizándolo en público, Kicillof ve detrás de Griesa una conspiración dirigida a hacer quebrar al país. Pero, en especial, a prepararle el terreno a quien se haga cargo del período 2015-2019 para que deba endeudarse de manera masiva. Lo planteó el martes cuando dijo que la disputa era entre un “pagador serial” como la Argentina y los sectores más duros del sistema financiero internacional, esos que compran deudas caídas o incluso litigios megamillonarios, como en el caso del juicio de Ecuador contra Chevron.

Paul Singer (ver nota relacionada), cara visible del fondo Elliot, ha dado señales en los últimos tiempos de que está dispuesto a sentarse a negociar. Jay Newman, uno de sus estrategas, le dijo a la revista alemana “Der Spiegel”, en mayo pasado, que estarían dispuestos a recibir efectivo y bonos.

Hace un mes, afirmó que su “disposición a negociar” sólo había encontrado “silencio de radio” en las autoridades argentinas, a las que, de paso, criticó por “improvisadas”. Y sugirió que todo eso lo llevaba a pensar que sería mejor “esperar a que haya un nuevo gobierno” en el país.

Todo indica que el arreglo llegará antes del traspaso del poder. Sería el último capítulo de la debacle financiera de comienzos de los 2000.
Para Kicillof, en la oposición algunos se refriegan las manos con la sola idea de volver a los mercados de deuda. Cuando lo dijo, parecía dirigirse este martes a uno de ellos en especial, Sergio Massa, quien paseó recientemente por Estados Unidos su chapa de presunto presidenciable.

No cabe duda de que, con una ratio del 40 por ciento de endeudamiento sobre el PIB, Argentina luce como un paraíso para la inversión extranjera. La pregunta será a qué costo. Y en qué volúmen. En este punto está claro que Kicillof se muestra en las antípodas de Domingo Cavallo, que, como ocurre siempre que hay amenaza de incendio, reaparece subido a su autobomba.